Ante la cacería llevada adelante por los servicios de inteligencia, la policía santacruceña y la gendarmería nacional en la localidad de Las Heras el día 24 de febrero, repudiamos este nuevo paso que han dado los gobiernos provincial y nacional en la persecución contra el pueblo y sus sectores en lucha. El mega operativo por el que se han desplegado centenares de fuerzas represivas, se han allanado casas, golpeado y torturado a gente del pueblo y se ha detenido a siete personas acusadas de haber participado en la pueblada de la noche del 6 de febrero, es una muestra más de que Kirchner se propone responder con represión a los levantamientos populares que son resultado de este sistema de hambre y opresión.
Apoyado en la campaña cómplice de los medios de comunicación, cuyo estandarte ha sido el periodista Van Der Koy del grupo Clarín clamando por escarmiento, el gobierno kirchnerista, que sigue defendiendo los intereses empresarios, impulsa ahora una parodia de “investigación judicial” que se ha cobrado ya sus primeras siete detenciones y cuyo único fin es condenar la lucha obrera y popular. Paradójicamente, esto ocurre a días de la escandalosa reforma del consejo de la magistratura que pone en evidencia ante toda la sociedad el sometimiento del poder judicial al poder político de turno. Las medidas dispuestas por la jueza Graciela Ruata de Leone carecen de toda credibilidad y responden a la orden feudal del gobierno de Kirchner que requiere culpables para disciplinar a los trabajadores y al pueblo. La justicia santacruceña, que en nada se diferencia de las tan cuestionadas santiagueña, riojana o salteña, supervisó personalmente a través de la mencionada jueza los operativos, dirigidos por el jefe de la policía provincial, a la vez representante de la SIDE en la provincia presidencial. Es la misma jueza que, fiel al mandato del aparato de gobierno peronista, ordenó la represión en noviembre de 2004, y toleró las torturas a las que fueron sometidos los detenidos en la comisaría de Las Heras, cuyo saldo más dramático fue la pérdida del embarazo de la trabajadora Karina Sauco.
El gobierno nacional, además de responder a las demandas populares con el envío de las tropas de Gendarmería, destacó a operadores politicos que reportan directamente a Aníbal Fernández y Néstor Kirchner como Héctor Masquelet (responsable del Consejo de Seguridad Interior), al secretario de Seguridad Luis Tibiletti y a su segundo, Ricardo Colombo.
Frente a ello se hace imprescindible desarrollar la más amplia movilización popular contra la represión y la militarización de Las Heras y en apoyo a la lucha de los trabajadores petroleros y el pueblo de esa localidad. Y al mismo tiempo se vuelve impostergable rechazar todo intento de profundizar la represión mediante cualquier tipo de investigación, sea esta llevada a cabo en forma exclusiva por el estado represor o por una hipócrota “comisión investigadora”.
Es por eso que desde CORREPI convocamos a participar de la movilización que se realizará el próximo lunes 27 de febrero a las 17:00 a la Plaza de Mayo por la libertad de los presos políticos, en repudio a la militarización y por el triunfo de los reclamos de los trabajadores de Las Heras. Decimos junto al conjunto de organizaciones que participan del comité de apoyo que en el marco de “esta campaña de persecución, la militarización con 300 gendarmes, brigada de investigaciones y policía de distinto tipo, que actúan bajo la supervisión política del gobierno de Acevedo y Kirchner, han dado un salto en la represión, encarcelando a gente del pueblo. Exigimos su inmediata libertad, el cese de las persecuciones, y el retiro de las fuerzas represivas de la localidad”.
Buenos Aires, 25 de febrero de 2006.-
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