Bogotá, 21 feb (PL) El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, designó hoy al general Mario Montoya, como nuevo comandante del Ejército Nacional, en medio del escándalo que vive ese cuerpo armado por las torturas a 21 soldados del Batallón Patriotas.
El breve comunicado de la Casa de Nariño (Presidencia) indica además que Uribe tomó esa decisión ante la renuncia del general Reynaldo Castellanos, quien ocupaba ese cargo.
Con la revelación el fin de semana anterior de las torturas infligidas a 21 soldados del Batallón Patriotas, acantonado en Piedritas, en el central departamento de Tolima, estalló el mayor escándalo dentro de las fuerzas militares de los últimos años.
De acuerdo con los propios afectados, suboficiales de ese Batallón los "castigaron" por no aprobar el ejercicio militar denominado "pista de evasión y escape".
Los supuestos castigos consistieron en quemarlos con tizones y hierros de marcar ganado, golpearlos con palos y hasta abusarlos sexualmente con ramas de árboles.
Mientras el hoy retirado comandante del Ejército afirmó que conoció del hecho el 27 de enero pasado (dos días después de ocurrir), el presidente colombiano se enteró el sábado pasado en el avión que lo traía de regreso de Washington.
Asimismo, el ministro de Defensa, Camilo Ospina, conoció el suceso por la revista Semana, el viernes pasado, lo cual corrobora que los altos mandos militares trataron de ocultar el incidente.
En declaraciones a la prensa, Ospina apuntó que parte de la gravedad del asunto radica precisamente en ocultárselo a él y al país en general, lo cual añadió- impidió tomar los correctivos necesarios e informar a la opinión pública por los canales oficiales.
De su lado, el presidente colombiano deploró la tardanza en informarlo públicamente.
Ese hecho tiene conmocionada a la opinión pública nacional y ha servido para denunciar que ese tipo de abusos y torturas no son nuevos en las fuerzas militares.
Por ello, representantes de todos los estamentos de la sociedad colombiana abogaron por un castigo ejemplarizante a los autores de los atropellos contra los 21 soldados.
Hasta ahora, se conoce además la separación del coronel Rubén Darío Hernández, comandante de la Unidad Militar Batallón Patriotas, las medidas de aseguramiento dictadas contra dos suboficiales y la investigación de la presunta participación de un subteniente.
Por otra parte, el gobierno colombiano decidió trasladar el caso de la Justicia Penal Militar a los tribunales ordinarios.
De ahí que el Procurador General, Edgardo Maya, ordenó abrir una investigación disciplinaria contra los miembros del Ejército colombiano involucrados en esas torturas.
Maya le pidió al Comando del Ejército que remita de inmediato todos los documentos que sirvan dentro de la investigación disciplinaria, y se abstenga de iniciar nuevas actuaciones alrededor de estos hechos.
Según el Código Disciplinario Unico, la tortura puede generar destitución e inhabilidad para desempeñar cargos públicos de 10 a 20 años.
Para realizar las indagaciones del caso, Maya creó una comisión especial integrada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.
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