Omar Mora apadrinó compras de la DEM

Caracas- La intervención de Omar Mora Díaz, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, fue decisiva para que los restantes magistrados reunidos en Sala Plena el 10 de agosto de 2005, aprobaran la adquisición de terrenos para construir ciudades judiciales en Mérida, Táchira, Monagas, Nueva Esparta, Yaracuy y Caracas, según consta en acta.

Parte de esa minuta fue incluida en el folleto “Luis Velásquez Alvaray le responde a Venezuela.

El ministro Jesse Chacón fue engañado” que ayer el magistrado nos hizo llegar con su asistente. De este material, Velásquez mandó a reproducir tres mil ejemplares, según dijo en un programa del canal Rctv.

En las 44 páginas del folleto impreso en papel periódico, Velásquez Alvaray reproduce los documentos de compra-venta de Ciudad Lebrún y un extracto mínimo del acta de Sala Plena donde quedó registrada la autorización a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para comprar ese inmueble.

Lo que no publicó Velásquez Alvaray en el folleto fue el resto del acta de la sesión de ese día donde se dio un intenso debate para aprobar su propuesta de adquirir lotes de terrenos.

Tuvimos acceso al acta completade esta reunión de Sala Plena.

Leimos sus 37 páginas.Aesa sesión asistieron 30 magistrados, estando ausentes Yris Peña y Carmen Elvigia Porras.

Perdomo prendió la mecha.

El cuarto punto de la agenda de ese día estaba reservada para Velásquez Alvaray, quien presentó a consideración la compra de los seis terrenos que juntos suman 29,9 hectáreas a un costo total de 93,6 millardos de bolívares.

La magistrada Luisa Estela Morales le preguntó a Velásquez si habían revisado la permisología, a lo cual el éste respondió afirmativamente.

Omar Mora justificó la compra de los terrenos por “estar los precios de las ofertas por debajo de los precios del mercado”.

Prosigue el acta relatando que “lamentó el magistrado Carlos Oberto Vélez no compartir la opinión del presidente, pues en su criterio ha debido ser abierto un proceso licitatorio en el cual participaran todos los propietarios de la zona”.

Velásquez Alvaray le replicó que conforme a la Ley de Licitaciones, la materia de inmuebles está excluida de estos procedimientos. El magistrado Emiro García Rosas expresó su preocupación por Ciudad Lebrún. Juan Rafael Perdomo solicitó información “acerca de la existencia de disponibilidad presupuestaria, además de recomendar que fuese solicitada a la Contraloría General de la República la revisión de estas contrataciones”.

Mora Díaz le salió al paso y les recordó que “todo esto formaparte del proyecto aprobado por la Sala Plena; insistió que todas estas aprobaciones las efectúa este máximo tribunal sobre la base de que todos los estudios han sido debidamente efectuados, que los técnicos están actuando conforme a derecho y que todos los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico aplicable han sido cumplidos”.

De nuevo habló Juan Rafael Perdomo para replicarle a Mora Díaz que “la confrontación va en beneficio de todos” ; insistió en la revisión por parte de la Contraloría; resaltó que “todos somos responsables por lo que la Sala Plena apruebe en esta sesión” ; destacó la importancia de la “reafirmación de los valores éticos”.

Para terminar con esa pequeña polémica, el magistrado Mora señaló que Velásquez Alvaray “está presentando a la Sala Plena la solución más conveniente al interés público la cual merece un voto de confianza”.

Dicho esto, Mora Díaz sometió a votación la compra de los terrenos resultando aprobada con 25 votos y 5 en contra.