Por 9 millardos: El Gobierno compró finca El Charcote

La unidad en Venezuela de Vestey Group (Gran Bretaña) acordó entregar al Ejecutivo dos fincas de su propiedad (El Charcote y San Pablo Paeño) como parte de un plan estatal para la redistribución de tierras.

El titular del MAT, Elías Jaua, expresó que las propiedades serán entregadas a grupos de campesinos y cooperativas. Prevén instalar un centro de investigación agrícola y un centro universitario.

Texto: Reuters / Juan Pablo Crespo
La unidad en Venezuela de la británica Vestey Group acordó entregar al Gobierno dos fincas de su propiedad valoradas en unos 11,6 millones de dólares, como parte de un plan estatal para la redistribución de tierras.

Agloflora, representante de la llamada “compañía inglesa”, cederá las tierras a pesar de haber demostrado la legítima titularidad en los hatos El Charcote y San Pablo Paeño, que el estatal Instituto Nacional de Tierras (Inti) había calificado el año pasado como latifundios.

“Nos donan el fundo San Pablo Paeño y nosotros pagamos mejoras y tierras del hato El Charcote y vamos a seguir haciendo los estudios de las cadenas titulativas de los otros fundos que tiene Agroflora en Venezuela”, dijo el presidente del Inti, Richard Vivas.

Por la cesión de El Charcote —de 12.950 hectáreas— Agroflora recibirá 9.000 millones de bolívares (4,2 millones de dólares), luego de discusiones entre ambas partes por más de siete meses.

Un abogado de la “compañía inglesa” dijo que el hato recibió dos valoraciones, uno por 6,9 millones de dólares y otro por 21 millones de dólares.

La firma había denunciado que más de la mitad de la finca había sido invadida ilegalmente desde hace unos cuatro años. Vivas admitió que al menos el 60% de El Charcote estaba tomado por campesinos.

El Charcote, ubicada en el centroccidental estado Cojedes, fue uno de los primeros casos de propiedades señaladas en el 2005 de tener tierras ociosas o de dudosa titularidad, en una reforma agraria emprendida por el Gobierno.

San Pablo Paeño, la finca donada y que está situada en el estado Apure, está valorada en unos 4,7 millones de dólares y abarca unas 47.000 hectáreas.

Arbitraje internacional

Un representante de Vestey Group en Londres dijo a Reuters que con el acuerdo, el Gobierno pagará además 2,5 millones de dólares por el ganado en la finca y se compromete a entregar certificados de producción y titularidad a las otras 12 fincas de la compañía en el país.

Adicionalmente, el Estado desalojaría a los ocupantes ilegales de las otras propiedades, mientras que la empresa se compromete a suspender los procesos de arbitraje internacional sobre las tierras en los próximos 15 días y retirarlos definitivamente en un lapso de seis meses.

Agroflora sostiene que produce alrededor del 4,0% de la carne producida en el país sudamericano.

Repartición

El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, explicó que las propiedades serán entregadas a campesinos y cooperativas apoyadas por el Gobierno, además de la instalación de un centro de investigación agrícola y centro univesitario.

El Gobierno se encuentra en negociaciones con los presuntos propietarios de grandes extensiones de tierras a lo largo del país, en las que el Inti afirma que ya se han recuperado más de 169.000 hectáreas en acuerdos similares a los de Vestey, para entregarlas a pequeños productores.

Confagan

La representante de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (Confagan), en Zulia, Miriam Meleán, dijo que el acuerdo es un reflejo de que el Gobierno nacional tiene planteamientos serios y que sí funcionan.

“También es una muestra del espíritu de colaboración de los empresarios, quienes quieren unirse a los programas del Gobierno contra el latifundio”, expresó.

Para Meleán la redistribución de las tierras es vital para garantizar la seguridad agroalimentaria del venezolano.

“La tierra le llegará a los cooperativistas y todo aquel campesino que quiera trabajarla”.

Agregó que la redistribución de la tierra debe ir acompañada de un proceso productivo eficiente y organizado.