Después de casi de dos años, el gobierno colombiano y Estados Unidos
cerraron la negociación del TLC. Para la administración de Uribe Vélez,
el cierre significa la aceptación de todas las exigencias
norteamericanas.
La famosa estrategia negociadora colombiana que buscaba un
tratamiento especial, que pretendía hacer valer su carácter de aliado
estratégico de Washington y que había anunciado que defendería el agro
y las sensibilidades productivas del país, fue un estruendoso fracaso.
Los anuncios hechos durante todo el proceso de que no le servía a
Colombia un acuerdo como el firmado con Centroamérica o Chile, pues el
gobierno tenía el objetivo de que Colombia fuera ganadora neta, fueron
desmentidos por los hechos.
La verdad es que el gobierno firmó todo lo que Estados Unidos le
propuso. El TLC en su parte normativa es idéntico a los demás tratados
impuestos por esa potencia y en los cronogramas de desgravación va a
exponer a la producción nacional a la competencia desleal con los
monopolios estadounidenses.
El gobierno de Uribe fue víctima de su debilidad y obsecuencia, al
necesitar del apoyo de Bush a sus planes de seguridad democrática y al
estar bajo la mirada crítica de importantes sectores de ese gobierno
que, con escándalos como la presencia de paramilitares y las torturas
sobre jóvenes soldados, ven difícil venderle al Congreso estadounidense
la necesidad de aprobar este Tratado. La afirmación de que vamos a
conquistar el mercado de Estados Unidos es una mentira. Todos los
estudios realizados previamente, mostraban que aumentaran más las
importaciones que las exportaciones, que Colombia quedará sujeta a los
vaivenes de las finanzas internacionales sin mayor capacidad de control
de su propia economía, que habrá una reducción en los ingresos del
Estado y que el aumento en las exportaciones no tendría mayores
repercusiones, pues ni existe la oferta exportable ni los Estados
Unidos eliminarán la protección de su economía ni sus subsidios a la
producción agrícola.
A pesar de eso y basado en argumentos puramente ideológicos que
simplemente reflejan la obstinada fe en los dogmas neoliberales, el
gobierno está embarcando al país en la peor subyugación foránea desde
los tiempos de la Colonia. Estados Unidos es el ganador del TLC y podrá
exportar sus excedentes, controlar la economía colombiana, explotar la
mano de obra barata de la población y apoderarse de sus recursos
naturales, incluyendo la biodiversidad, el agua y los conocimientos
ancestrales. A pesar de la retórica gubernamental sobre la preservación
de la unidad latinoamericana, la Comunidad Andina de Naciones quedó
gravemente fracturada e incluso para cerrar la negociación, Colombia
tuvo que pasar por encima de la normatividad andina y desacatar un
fallo reciente del Tribunal Andino de Justicia sobre propiedad
intelectual.
Para completar el escenario de arbitrariedad, también desacató el
fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le prohibía
suscribir el Tratado. Ahora, el análisis del texto, permitirá
desentrañar todas las entregas que hizo el gobierno y profundizar sobre
los reales y graves costos del TLC. La resistencia no ha concluido;
simplemente entra a una nueva etapa. Al lado de la imprescindible y
obligatoria movilización popular, debemos exigir a los candidatos al
Congreso y a la presidencia que expresen en forma clara su oposición al
Tratado, presionar al Parlamento para que no lo apruebe y llevar a la
Corte Constitucional la explicación de sus efectos perversos sobre el
país. Contamos con la ventaja de que la opinión está mayoritariamente
en contra del mismo y hay una decisión unánime del movimiento popular
que se acrecentará con el aporte de los hoy claramente damnificados en
todos los rincones del país.
El Cuchipe
Comitê de Solidariedade ao Povo Colombiano
elcuchipe@bol.com.br
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