Ministerio Público solicitó privación de libertad de dos militares

A solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 10 en funciones de Control del estado Lara, con sede en Carora, acordó medida de privación de libertad de dos oficiales del Ejército, presuntamente vinculados con el decomiso de 2.262 kilos de cocaína, hecho ocurrido el 19 de noviembre de 2005, en el punto de control La Pastora, ubicado en el municipio Torres del estado Lara, en la vía que conduce a Trujillo.

El fiscal 22 de Lara, William Guerrero, imputará al teniente coronel, Pedro José Maggino Belicchi, Jefe del Departamento de Personal Civil de la Academia Militar de Venezuela; y al subteniente Ismael Andrés Barrios Conde, adscrito al 253 Batallón de Cazadores Genaro Vásquez, por la presunta comisión del delito de transporte ilícito agravado de estupefacientes, en calidad de cooperadores inmediatos, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Por este caso ya han sido detenidos e imputados el mayor del Ejército, Héctor López Velásquez, el sargento técnico de segunda, Ricardo Antonio Lacre, y Edgar Alfonzo Rincón, quien se desempeñaba como empleado de una base militar ubicada en La Fría, estado Táchira. Por decisión del Juzgado 10 permanecen recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente, en Uribana, estado Lara, mientras transcurre el lapso para la presentación del respectivo acto conclusivo.

Cabe destacar que en el caso de los militares, se aplica el agravante contemplado en el artículo 46 ordinal 4 de la ley referida, por cuanto se trata de miembros de la Fuerza Armada Nacional.

Rincón y Lacre fueron aprehendidos el 19 de noviembre de 2005 por efectivos de la Guardia Nacional, cuando transitaban a bordo de un camión con una placa que lo identificaba como propiedad de la Fuerza Armada. Al revisar su interior, los efectivos encontraron la droga. El vehículo procedía del estado Táchira

Los fiscales 7° nacional, 22 de Lara y 11 de Táchira, Kerina Guerrero, William Guerrero y Nancy Bolívar, respectivamente, continúan la investigación a fin de determinar todas las responsabilidades a que haya lugar. En este sentido ya se han practicado allanamientos en fincas e inmuebles ubicados en Táchira, Zulia, Cojedes, Aragua y Caracas.