En Misión Salud y las instituciones de la Alianza por la Defensa de la Salud, a quienes el autor de este artículo representó, desde el ‘cuarto de al lado’, durante los 22 meses de negociaciones de la mesa de propiedad intelectual, no somos enemigos del TLC, siempre que se construya sobre los principios de justicia y equidad. Lo que rechazamos es que se haya negociado la salud de los colombianos a cambio de ventajas comerciales.
La noche en que se anunció el cierre registramos los logros alcanzados por el presidente Uribe en su visita a Washington. El convino con la USTR que Colombia dejará "constancia unilateral" de que E.U. y Colombia interpretan que la mención que se hace en el tratado de "patentes de métodos de usos" no implica que Colombia tenga que otorgar "patentes de métodos de uso" (?) ni patentes de segundos usos ni patentes de métodos médicos. También una "constancia unilateral" de que la figura del agotamiento del derecho de protección de datos, que impide la protección de sustancias ‘viejas’, regirá en Colombia aunque el tratado no lo diga expresamente. Igualmente convino que Colombia y E.U. dejarán una constancia, esta sí "conjunta", de que se respeta la potestad del Estado colombiano de tomar las medidas que estime necesarias para proteger la salud pública, tanto bajo el régimen de patentes como bajo el sistema de protección de datos. No obstante lo anterior, y otras pocas interpretaciones de textos ambiguos, estimamos que la decisión del Gobierno de cerrar propiedad intelectual sobre la base del formato peruano, es equivocada, desde luego que éste contiene numerosos estándares de propiedad intelectual superiores a los de la OMC, como el alargamiento de las patentes para compensar demoras de la oficina de patentes y la oficina sanitaria, la protección exclusiva de los datos de prueba y el linkage, los cuales fueron concebidos por las multinacionales farmacéuticas para restringir el acceso a medicamentos genéricos económicos, que en Colombia cuestan, en promedio, 4 veces menos que los productos de marcas internacionales y abastecen cerca del 70 por ciento del mercado nacional.
Un estudio reciente de la OMSOPS concluye que un capítulo de propiedad intelectual con estándares equivalentes a los que acaba de conceder Colombia a las grandes farmacéuticas de E.U., ocasionará un incremento del gasto en salud que en poco tiempo llegará a 940 millones de dólares anuales, lo que podrá dejar sin acceso a medicamentos a varios millones de colombianos. En SIDA, por ejemplo, el TLC podría privar de antirretrovirales a 4.400 pacientes anuales, los cuales quedarían condenados a morir en un lapso promedio de 5 años. Estudios de la Universidad Nacional sobre Bogotá y del Ministerio de Salud del Perú sobre dicho país coinciden, guardadas proporciones, con las conclusiones de la OMS-OPS.
No pretendimos nunca que se negociara un tratado sin capítulo de propiedad intelectual, pues siempre fuimos conscientes de que éste es un tema prioritario para los E.U. Nuestra sugerencia hasta el último día fue que se defendieran las contrapropuestas de los tres países andinos sobre los temas sensibles, las cuales fueron diseñadas por el equipo colombiano con la asesoría de los tres expertos internacionales y funcionarios especializados del Ministerio de Protección Social. Un acuerdo fundamentado en tales postulados habría logrado un sano equilibrio entre los intereses de la industria y el bien general.
Nuestra presencia en Washington y en la reunión realizada allá, bajo la conducción del presidente Uribe, entre la USTR y el Gobierno colombiano, no puede interpretarse como un respaldo nuestro a la decisión de adherir al capítulo de propiedad intelectual del TLC peruano, sino al deseo de acompañar al señor Presidente, por reiterada invitación suya, en su propósito de lograr algunas interpretaciones de los estadounidenses en temas puntuales, como en efecto ocurrió. Infortunadamente estos logros, a pesar de ser necesarios, no eliminan el riesgo de privar del acceso a los medicamentos y los servicios de salud a millones de compatriotas.
Advertimos a la ciudadanía que al adherir Colombia a los textos peruanos, que E.U. no permitió tocar ni siquiera para aclarar las expresiones que serán objeto de constancias, compartiremos con Perú la vergüenza de ser los dos países que más concesiones han hecho en el continente americano a las grandes farmacéuticas estadounidenses. En este panorama, el TLC será un instrumento de drama y sufrimiento.
No es válido el argumento del Ministro de Protección Social de que no importa haber cedido a las pretensiones de E.U. porque el riesgo de pérdida de acceso a medicamentos se compensará a través de la universalización del sistema de salud en los próximos dos años, pues ello no corresponde a la realidad fiscal del país. Planeación Nacional ha advertido que la reducción o eliminación de los aranceles que pagaba E.U. generará una disminución de los recaudos cercana a 600 millones de dólares anuales, al menos en el corto plazo. Por esto el Ministro de Hacienda ha declarado que él "no tiene la menor idea de dónde van a salir los 500 millones de dólares necesarios para subsidiar a los perdedores del sector agropecuario" (Portafolio, 23.02.06 p. 6). ¿Sabe alguien de dónde van a salir los 940 millones de dólares del aumento del gasto en salud? Sería injusto imponer esta carga a todos los colombianos para tapar el error del Gobierno de haber negociado mal el delicado tema de los medicamentos.
Tampoco es válido el argumento de que el impacto sobre la salud se amortiguará mediante reglamentaciones internas del tratado, pues la cláusula de anulación y menoscabo y la figura de la expropiación indirecta lo impedirán, al menos que se trate de disposiciones y se cuente con la aquiescencia de E.U. En caso contrario el Estado colombiano quedaría expuesto a demandas multimillonarias del imperio y sus multinacionales.
No es cierto, pues, que el cierre del capítulo de propiedad intelectual haya sido beneficioso para el país, como lo ha venido repitiendo el Gobierno desde el 17 de febrero. A la ciudadanía hay que decirle la verdad. En el capítulo de propiedad intelectual no hubo negociación sino adhesión. Con su cierre el sector salud se convirtió en el gran perdedor del TLC. El Gobierno pasó por alto, deliberadamente, que el acceso a medicamentos con capacidad para aliviar el dolor y salvar vidas no es legítimamente cambiable por ventajas comerciales. ¡La salud y la vida son prioridades no negociables!
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