San Juan- El Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó ayer sendas demandas en el Tribunal Federal contra el secretario de Justicia de Estados Unidos, Alberto R. Gonzales y otros altos funcionarios federales, solicitando que se les ordene a éstos entregar la evidencia que se les ha requerido para esclarecer la muerte violenta del líder independentista Filiberto Ojeda Ríos y el ataque con gas pimienta a un grupo de periodistas.
La demanda busca “vindicar la autoridad soberana del Estado Libre Asociado para poner en vigor sus leyes penales a la luz de la negativa injustificada, arbitraria, ilegal e inconstitucional de los demandados a revelar información que es materialmente necesaria para completar la investigación criminal local sobre la muerte violenta del señor Filiberto Ojeda Ríos”, reza su párrafo introductorio.
Los demandados, además de Gonzales, son el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Robert E. Mueller, el fiscal federal para Puerto Rico Humbert García y el jefe local del FBI, Luis S. Fraticelli.
Las demandas fueron radicadas ayer por la tarde -justo a seis meses de la muerte de Ojeda Ríos durante un operativo del FBI en Hormigueros- y fueron asignadas al juez federal Jay García Gregory.
En una conferencia de prensa en la que hizo el anuncio, Sánchez Ramos dijo, además, que escribió a todos los congresistas que habían recibido cartas del fiscal federal García sobre el mismo asunto, para explicarles la acción tomada y para dejarles claro que las aseveraciones de este funcionario federal son “en unos casos irrelevantes y en otros casos equivocadas”.
“Ante la reiterada e inexplicable negativa del FBI a cooperar fue necesario radicar estas demandas en búsqueda de que el Tribunal federal obligue al FBI a cumplir con su deber legal de cooperar con el Departamento de Justicia del ELA”, dijo Sánchez Ramos. “Los demandados no pueden ocultar a los agentes federales involucrados bajo un manto inexistente de inmunidad absoluta”, añadió.
El Secretario sostuvo que el FBI no ha provisto más información después de que en diciembre pasado entregaron un vehículo y varias armas utilizadas en el operativo contra Ojeda Ríos ocurrido el 23 de septiembre pasado.
El Departamento de Justicia sostiene que es imprescindible que se le entregue los nombres de los agentes que participaron en el operativo y que se le permita entrevistarlos. Asimismo, en octubre pasado solicitaron formalmente toda la documentación relacionada con el operativo, pero también se le ha negado. El FBI también ha rehusado divulgar la identidad de los agentes que rociaron a varios periodistas con gas pimienta y les agredieron físicamente durante un allanamiento en Río Piedras el 10 de febrero.
Sánchez Ramos sostuvo que hace unas dos semanas estuvo en Washington y pudo hablar personalmente sobre el asunto con el secretario de Justicia federal, Gonzales, y les llevaron el mensaje de que tendrían que proceder por la vía judicial si ellos no reconsideraban en un tiempo breve su oposición de no cooperar con las investigaciones locales.
El Secretario dijo que radicó la demanda porque el diálogo con los federales rindió frutos parciales al comienzo, pero ya en las últimas semanas era obvio que no iba a producir más nada. Dijo que la demanda siempre fue considerada como un último recurso debido a lo prolongado que suelen ser estos procedimientos, pero que no tenía otra opción para poder seguir adelante con las pesquisas.
Sánchez Ramos dijo que la decisión de radicar la demanda -una solicitud de interdicto y sentencia declaratoria- en el Tribunal Federal en lugar de proceder con citaciones judiciales bajo apercibimiento de desacato a través del tribunal local fue tomada a base del estudio legal que hizo el departamento y por “razones de estrategia”.
En el caso de la agresión a los periodistas, el Departamento de Justicia le había notificado a García y a Fraticelli que de no cumplir con lo requerido se les citaría bajo apercibimiento de desacato, lo que provocó que los funcionarios federales solicitaran al tribunal federal que invalidara las citaciones y el caso quedó pendiente. Ahora, el requerimiento de evidencia en ambos casos, el de Ojeda Ríos y el de los periodistas, toma un nuevo giro.
Sánchez Ramos dijo que los argumentos planteados en las demandas son los mismos que haría un estado de Estados Unidos si tuviera una disputa similar con el gobierno federal sobre hechos similares.
Los argumentos -dijo el Secretario- “son básicamente que el ELA tiene autoridad para poner en vigor unas leyes penales y que ello implica la autoridad para investigar, que esta autoridad está protegida por la Constitución y las leyes de Estados Unidos y las de Puerto Rico y que el tribunal federal tiene jurisdicción para hacer cumplir esas obligaciones del gobierno federal”.
Sánchez Ramos sostuvo que si bien no hay un caso federal que establezca directamente el derecho de los estados (o del ELA) a interrogar a agentes federales que puedan haber estado involucrados en un acto ilegal mientras se desempeñaban en su capacidad oficial, sí hay casos que establecen el derecho de los estados a procesar a los funcionarios federales en esas circunstancias. Añadió que la “autoridad para procesar definitivamente implica la autoridad de investigar” y ese es uno de los varios argumentos planteados en la demanda.
Finalmente, Sánchez Ramos dijo que si no tiene éxito en el tribunal federal de distrito, donde espera prevalecer, recurrirá al Tribunal de Apelaciones y agotarán todos los remedios.
Por su parte, el fiscal federal García indicó, a través de su portavoz Nelly Carrillo, que “no tenemos tiempo para escuchar la conferencia de prensa (en la que Sánchez Ramos hizo el anuncio) porque estamos trabajando activamente en combatir el crimen en Puerto Rico”.
En tanto, Fraticelli dijo a través de un portavoz que no haría comentarios.
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