Denuncia el SUNTRACS APP el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

Emulando al francés Bunau Varilla que, en función de los intereses de la Compañía francesa del Canal y de los suyos propios, logró el oprobioso tratado que cedió a perpetuidad parte del territorio panameño a Estados Unidos (Tratado Hay-Bunau Varilla también conocido como “Panamá Cede”), los representantes del Gobierno y del sector privado presentes en Washington continuaron con sus humillantes concesiones en el marco de la novena ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

Cuando alguien como el Ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y cercano colaborador de Martín Torrijos, Laurentino Cortizo (muy lejos de reconocérsele como antiimperialista o defensor de los intereses nacionales) se ha atrevido a denunciar la posición sumisa y humillante del Gobierno Nacional a las exigencias de Estados Unidos, esto nos presenta una visión aterradora de la inmensa gravedad de la problemática que se le plantea al futuro de nuestra nación.

La divulgación de una carta elaborada por funcionarios gringos para que fuera firmada por las autoridades panameñas aceptando que los productos agropecuarios de Estados Unidos ingresen a nuestro país sin ningún control sanitario de las instancias nacionales, es uno de los tantos serios problemas que se generan de unas negociaciones que han venido desarrollándose bajo un completo hermetismo, totalmente a espaldas del pueblo.

Podemos afirmar que, al develarse esta carta, nos encontramos ante unas negociaciones peores a las que dieron origen al NAFTA y al CAFTA (TLC para Norte y Centroamérica respectivamente, según sus siglas en inglés), acuerdos tan repudiados por los pueblos de México y Centroamérica.

Y es que en la mesa de negociaciones están presentes elementos sin ningún sentido de dignidad nacional o de lealtad a la patria, que se venden a cualquier postor (incluido, entre otros representantes del Gobierno, el nuevo Ministro del MIDA, Guillermo Salazar, que ha servido indistintamente a los últimos gobiernos, al igual que Alejandro Ferrer, Ministro de Comercio e Industria) o que en su afán de acrecentar sus riquezas particulares son capaces de hasta lo inimaginable (como es el caso de los directivos de los principales gremios empresariales: CONEP, APEDE, Cámara de Comercio, etc.).

No podían faltar los representantes de la seudo dirigencia de CONATO, cuyo vergonzoso sometimiento a los sectores de poder es repudiado por el pueblo y las bases de los trabajadores. Allá estuvieron también en Washington, haciéndose cómplices de esta nueva traición al pueblo y haciendo turismo con el resto de la delegación gracias a los fondos del Estado.

La denunciada del ganadero Cortizo de la carta elaborada por los funcionarios gringos para que fuera firmada por las autoridades panameñas y su renuncia como Ministro del MIDA, sorprendió al Gobierno y a los negociadores, creando con ello una crisis en las negociaciones sobre el TLC y ha permitido poner al descubierto ante el pueblo, una vez más, el sometimiento del gobierno de Martín Torrijos a los dictados de Washington.

Con ello, este Gobierno y los empresarios han vuelto a demostrar que quienes siempre han tenido agendas ocultas son ellos, como se demuestra con esta carta secreta y como se puso en evidencia con el Pacto de Gamboa a propósito de la recién aprobada Ley de la Muerte Empeorada sobre la Caja de Seguro Social (CSS), como acontece con el hermetismo que rodea las negociaciones del TLC o como sucede en relación con los llamados estudios de ampliación del Canal.

Ahora, en virtud de la crisis planteada, el gobierno, a solicitud de los mercaderes de la Cámara de Comercio, APEDE y CONEP, entre otros representantes de la oligarquía; se apresta a crear una “institución autónoma de administración alimentaria”, que sustituirá a la Dirección de Cuarentena Agropecuaria del MIDA para suavizar los controles sanitarios, ceder así a las presiones gringas y sellar la nueva traición al pueblo en una décima y definitiva ronda de negociaciones.

Implicaciones del TLC con Estados Unidos:

Los aspectos relacionados con los controles fito y zoo sanitarios son apenas uno de los tantos temas que han sido abordados en las negociaciones del TLC. En los últimos días el Gobierno, los empresarios y algunos seudo dirigentes de CONATO han querido reducir el problema sólo a este punto. No obstante, el TLC abarca otros temas iguales o más peligrosos que tienen que ver con aspectos relacionados con el régimen laboral, medio ambiente, privatizaciones, normas jurídicas, salud, educación, cultura seguridad alimentaria, o sea temas que van más allá de lo comercial y que vulneran la soberanía y el derecho de autodeterminación de nuestro pueblos. Incluso, aún cuando el TLC sea aprobado por Panamá, el Congreso de Estados Unidos podría unilateralmente imponer enmiendas.

Entre las implicaciones que este TLC encierra y que exigimos sea traducido y divulgado ampliamente a la brevedad, podemos mencionar:

Reducción de los salarios, pérdida de los derechos laborales, deterioro de las condiciones de trabajo.
Mayor desempleo e informalidad.
Más pobreza y mayor concentración de la riqueza en manos del gran capital transnacional y local.
La industria nacional será barrida.
Pérdida de soberanía. Las leyes nacionales, incluso la Constitución, estarán supeditadas a las leyes de Estados Unidos para proteger las llamadas inversiones e intereses de las grandes corporaciones transnacionales.
Deterioro del medio ambiente.
Desaparición de la pequeña y mediana empresa.
Gracias a las subvenciones multimillonarias que gozan los productores del Norte, nuestros productores agropecuarios desaparecerán al tener que competir en condiciones tan desventajosas.
Se atenta contra la soberanía y seguridad alimentaria.
Se vulnera la salud del pueblo con la entrada de los transgénicos.
Se elevará el costo de las medicinas y los servicios médicos.
Mayor privatización de los servicios públicos, incluido lo concerniente a la seguridad social, educación, transporte, etc. La reciente imposición de la nueva versión de la ley de la muerte (Ley 51) se inserta en estos planes.
Se entrega a las empresas norteamericanas los grandes negocios que se derivarán de la ampliación del Canal.
Se les permitirá a estas empresas competir en licitaciones públicas. Su personal pasará a reemplazar a los profesionales y trabajadores nacionales.
Desaparecen las barreras fito y zoo sanitarias.
No es un tratado de libre comercio, sino un tratado que pretenden asegurarle los negocios e inversiones a las empresas gringas y abarca otros aspectos como el derecho de autor, el supuesto combate a la corrupción y asuntos relacionados al involucramiento de Panamá en los proyectos guerreristas de Estados Unidos como su mal llamada lucha contra el terrorismo, el Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Programa de fuerzas de despliegue rápido en la región, etc.

Al igual que lo evidenció en Mar del Plata al apoyar abiertamente el proyecto del Area de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), en contra del sentir de los pueblos latinoamericanos, el Gobierno de Martín Torrijos vuelve a poner al desnudo su esencia proimperialista y vendepatria.

Represión contra el pueblo

Intentando acallar las valientes y dignas voces que se alzan contra el TLC, en reciente protesta escenificada en la altiva provincia de Chiriquí fueron brutalmente reprimidos, detenidos y torturados varios manifestantes, entre ellos los compañeros Jaime Caballero y Ariel Rodríguez del SUNTRACS.

Esta acción represiva de las huestes de la Policía Nacional, se suma a los numerosos abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos por el Gobierno de Martín Torrijos desde su ascensión al poder, entre los que mencionamos: la represión contra el pueblo bocatoreño en el 2004, la represión contra los manifestantes y huelguistas en las jornadas de lucha contra la Ley de la Muerte, el arresto arbitrario de los dirigentes de FRENADESO, Andrés Rodríguez y Genaro López; la represión y tortura que fueron víctimas los manifestantes contra la presencia de George Bush; la represión sistemática contra el movimiento estudiantil, contra los campesinos y comunidades; y la expulsión del dirigente de la AFIN/FER-29, Isaac Mclean.

El SUNTRACS, APP, FRENADESO y otras organizaciones populares hemos emprendido las acciones legales, ante los organismos nacionales e internacionales, contra los responsables de estas violaciones a los derechos humanos, particularmente, Martín Torrijos, Héctor Alemán (Ministro de Gobierno y Justicia), Rolando Mirones (Jefe de la Policía Nacional) y Virgilio Vergara (Gobernador de Chiriquí).

¡Referéndum si! ¡Imposición no!

Desde la lucha contra la Ley de la Muerte hemos insistido en que los temas que afectan el futuro de todo el pueblo sean sometidos a consulta popular. No hemos abandonado de ninguna manera la lucha contra la nueva versión de la Ley de la Muerte (Ley 51) e insistimos que la decisión final debe descansar en el pueblo en un referéndum realmente democrático.

Como es para el caso de la ampliación del Canal, exigimos un referéndum, presidido de un amplio debate, donde el pueblo, en igualdad de condiciones, es decir de recursos económicos y materiales y de acceso a los medios de comunicación entre los distintos sectores de opinión, decida de manera libre y democrática.

Contrario al sentir democrático del pueblo, el Gobierno ha decidido legislar por decreto acerca de temas de suma trascendencia nacional. Para ello impuso a la Asamblea de Diputados la aprobación de poderes especiales para tal fin. Insistimos que es al pueblo soberano al que le corresponde la última palabra en temas tan estratégicos como el TLC. Al igual que lo concerniente a la seguridad social, retamos al gobierno y a los empresarios a este gran debate y a dirimir las discrepancias en un referéndum en igualdad de condiciones.

En el 2006 la lucha sigue

Aglutinados en torno al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), llamamos al pueblo panameño a redoblar la lucha contra el TLC, la Ley de la Muerte Empeorada, el alza de la luz, del combustible, del pasaje, de la canasta básica, el negociado del Mega puerto, contra el leonino proyecto de ampliación del Canal y otros planes gubernamentales y empresariales que atentan contra nuestra soberanía y los intereses populares.

A las calles retornaremos para derrotar las políticas antipopulares y antinacionales del Gobierno del PRD y a impulsar un verdadero Plan de Desarrollo Nacional como alternativa al modelo neoliberal, antidemocrático y entreguista.