Nueva York, 28 de diciembre. El año concluye con el viejo cuento de la ropa
del emperador, o sea, de repente se nota que no tiene.
El año empezó con el retorno triunfante de George W. Bush a la Casa Blanca
para comenzar otro periodo de cuatro años después de su relección gozando de una
mayoría suficiente en la única encuesta que cuenta -la de las urnas- y con su
Partido Republicano que aumentaba su control en las tres ramas del gobierno, y
con la aparente garantía de que su proyecto de nación podría implementarse por
completo.
No sólo eso, además de seguir ampliando su "guerra contra el terror", el
presidente había anunciado iniciativas ambiciosas para reformar el sistema del
Seguro Social, una reforma migratoria, promover sus recortes de impuestos para
los más ricos, desmantelar más programas sociales e impulsar el mercado y el
comercio "libre" -la libertad pues- por todo el mundo.
Al año concluyó con la presidencia y el Partido Republicano en crisis. Bush
ahora goza de algunos de los niveles más bajos de aprobación desde que llegó a
la Casa Blanca, con la mayoría de su pueblo opuesto a la guerra en Irak, con su
iniciativa para reformar el Seguro Social casi anulada y su respuesta inepta
ante Katrina, lo que ha generado un huracán de críticas.
La Casa Blanca sigue bajo investigación criminal por filtrar el nombre de una
agente de la CIA en un acto de venganza contra opositores a sus políticas
(incluyendo cargos formales contra uno de sus más altos funcionarios y con otros
más pendientes) y su política nacional e internacional está bajo intensa presión
debido a las prácticas de secuestro y tortura, en momentos en que se añaden
revelaciones de que Bush posiblemente violó la ley al ordenar el espionaje
doméstico, sin autorización judicial, a ciudadanos estadunidenses.
Mientras tanto, sus aliados en el Congreso están bajo investigación, con el
líder de la mayoría republicana en la Cámara, Tom DeLay, que espera un juicio
por violar leyes electorales, el líder del Senado, Bill Frist, bajo
investigación por posibles delitos en el manejo de su fortuna personal, y con la
posibilidad de que en estos próximos días estalle la crisis de corrupción más
grande en décadas que podría acabar con las carreras de por lo menos una docena
de legisladores, incluyendo el propio DeLay.
Cuando el diario New York Times reveló la semana pasada que Bush había
ordenado a la Agencia de Seguridad Nacional intervenir las llamadas
internacionales de ciudadanos estadunidenses sin solicitar autorización
judicial, estalló el escándalo más reciente que ha azotado a esta presidencia.
Legisladores prominentes de su propio partido están por lanzar una
investigación sobre si esta orden ejecutiva violó la ley, abogados y jueces han
cuestionado su validez legal y algunos analistas han señalado que la revelación
podría ser motivo para proceder con la destitución del mandatario.
La primera reacción de Bush y su equipo fue apoyar la decisión como necesaria
para defender a la nación ante la amenaza del "terrorismo" -hasta afirmó que
había refrendado la orden más de 30 veces-, y afirmó que el acto criminal, en
este caso, fue la filtración de la orden ejecutiva a los medios de comunicación,
ya que eso ayudaba al enemigo y que los responsables habían cometido "un acto
vergonzoso".
Insistió en que cuando el Congreso aprobó la respuesta armada ante los
atentados del 11 de septiembre de 2001, le había otorgado el derecho para
suspender la ley relacionada con esto, y que también el presidente tiene dentro
de sus poderes la autoridad de hacerlo durante tiempos de guerra.
Más aún, Bush advirtió que "un debate abierto sobre esa ley le informaría al
enemigo 'aquí está lo que vamos hacer'", o sea que los que continúan insistiendo
en investigar lo sucedido sólo están ofreciendo asistencia al "terrorismo".
Pero esa ley, llamada Vigilancia de Inteligencia Extranjera, no se puede
suspender, señalan expertos como el profesor en leyes David Cole. La legislación
tendría que primero ser enmendada, ya tal como ésta prohíbe intervenciones
telefónicas de ciudadanos estadunidenses sin previa autorización judicial o
legislativa.
Esa legislación, promulgada en 1978, precisamente en respuesta a los abusos
de agencias de inteligencia al "vigilar" a ciudadanos estadunidenses
-particularmente a dirigentes opositores y críticos del gobierno-, ahora está
provocando controversia no sólo por las denuncias de los contrincantes del
presidente republicano, sino por integrantes de su propio partido.
El senador Lindsey Graham, fiel defensor del presidente, declaró que "aun en
tiempos de guerra uno tiene que seguir el proceso" legal. Y el senador Arlen
Specter, presidente del Comité Judicial, declaró que el espionaje doméstico es
"injustificable" y que es "clara y categóricamente erróneo".
Vale señalar que el New York Times informó que aunque ya contaba con
la información de las órdenes secretas del presidente para autorizar el
espionaje electrónico de sus ciudadanos desde hace un año, aceptó la solicitud
del gobierno de demorar hasta ahora la publicación de sus reporteros.
Esto, una vez más, provocó que algunos de nuevo cuestionaran al Times
y sus decisiones, al señalar que es posible que si esa información se hubiera
publicado hace un año, justo en medio del año electoral presidencial, junto con
otras cosas podría haber cambiado el resultado final.
En este caso, como en otros, la presidencia ha insistido en que tiene la
autoridad de obrar en secreto y sin justificación legal en tiempos de guerra, y
con ello afirmar el poder del Ejecutivo, o lo que algunos llaman la
"presidencial imperial".
Críticos como Jonathan Schell, de The Nation, señalan que "los abusos
del poder presidencial de Bush son los más extensos en la historia de Estados
Unidos".
Los críticos señalan como ejemplo de estos abusos lanzar una guerra ofensiva
utilizando justificaciones falsas, autorizar un sistema de tortura en violación
de las leyes nacionales e internacionales, el secuestro y tortura de
extranjeros, el arresto de ciudadanos y extranjeros, sin presentar cargos
formales y negándoles derechos básicos como acceso a un abogado.
En todos estos casos, el presidente Bush y su equipo han insistido que es
justificable bajo la autoridad del Poder Ejecutivo en tiempos de guerra.
Apenas el viernes pasado, el vicepresidente Dick Cheney continuó defendiendo
el derecho de Bush a ordenar el espionaje domestico. El presidente, declaró,
"necesita tener poderes constitucionales intactos... en términos de conducir la
política de seguridad nacional".
Esa justificación es la misma empleada para ampliar los poderes de esta
presidencia desde el 11 de septiembre de 2001. Pero tal vez esto ha llegado a su
límite.
El New York Times opinó a finales de la semana pasada que "finalmente
hay señales de que el sistema democrático esta intentando frenar la presidencia
imperial".
A la vez, el público sigue cuestionando -y reprobando- las políticas bélicas
de este gobierno, y con cada nueva revelación de abusos de poder gubernamental,
junto con más investigaciones legales y más evidencia de corrupción, ahora con
pruebas de que Bush y Cheney están espiando a sus ciudadanos -la imagen de
Big Brother siempre es negativa entre casi toda la gama política
estadunidense-, otra prenda de la ropa del emperador parece desaparecer.
Dicen algunos que cada vez está más en juego la esencia de lo que se dice es
una democracia constitucional, con límites y contrapesos al poder. En 2006 se
comprobara si eso es cierto.
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