'Nos hemos visto obligados a
señalar la falta de autoridad moral y el interés
tergiversado de aquellos que se cobijan en la Sociedad
Interamericana de Prensa.'
Salvador Allende, Presidente
de Chile. 12 de Febrero de 1973
'No puede ser que quienes
vengan a decir cómo funciona la libertad de prensa son
aquellos que para imponer sus ideas mataron, asesinaron
y secuestraron.'
Néstor Kirchner, Presidente
de Argentina. 4 de Marzo de 2005
'La próxima amenaza a la
libertad de prensa puede surgir en cualquier momento, en
cualquier parte del Hemisferio. Llene el formulario de
solicitud y envíelo por correo. Más abajo le ofrecemos
información sobre las cuotas.'
Sociedad Interamericana de Prensa (Pagina
Web)
![[img_logosip]](http://www.periodico26.cu/especiales/img_logosip.gif)
La
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acaba de
condenar al gobierno del presidente Chávez por violar
'la libertad de expresión y el derecho a la
información.' (El Nacional, 21 de Marzo de 2006) Esta
'primicia' fue difundida y reseñada ampliamente por
todos los medios de comunicación privados antichavistas,
lo cual no resulta extraño, toda vez que son sus propios
dueños quienes integran el tren ejecutivo y la vocería
principal de la SIP.
En efecto, la SIP está
conformada por una élite de dueños de medios
corporativos vinculados al exilio anticastrista de Miami
y a extremistas antichavistas de Venezuela que usurpan
la representación legítima de los periodistas para
atacar de manera sistemática a cualquier gobierno que
intente democratizar el poder de los medios en beneficio
de la colectividad.
En su Junta de Directores se
pueden observar los nombres de furibundos antichavistas
como Miguel Henrique Otero y Andrés Mata Osorio, dueños
de El
Nacional y El Universal
respectivamente, comprometidos con la desestabilización
del gobierno venezolano y protagonistas del golpe de
Estado del 11 de abril de 2002. Igualmente, la SIP
alberga en su seno a los dueños de los diarios El
Impulso, El Carabobeño y Diario del Caroní, furibundos
antichavistas que conforman las comisiones de 'Libertad
de Prensa e Información' e 'Impunidad', entre otras.
La SIP dice contar con mas
de mil 300 afiliados dueños de periódicos y revistas de
América. Se autodefine como una organización 'sin fines
de lucro' que 'defiende' la libertad de expresión en
todo el continente americano, y reconoce que su fuerza
deriva de la 'unidad de propósito' que muestren sus
'socios' mas allá de las 'barreras geográficas y
culturales', lo cual utiliza como justificación para
interferir en los asuntos internos de cualquier país del
hemisferio que considere contrario a sus intereses.
La SIP es quizás la única
federación de empresarios cuyo sindicato es representado
por la misma élite que domina la producción, mano de
obra y propiedad intelectual de lo que sus trabajadores
producen. Resulta paradójico que el mismo grupo de
dueños de medios sea el que asuma la representación de
periodistas y consumidores al erguirse como defensor de
la labor periodística y la libertad de expresión cuando
en realidad solo velan por sus intereses capitalistas.
Los dueños de medios no
buscan la noticia como le corresponde al periodista sino
como lo indica un empresario. Ellos deciden cómo y
cuándo se publica determinada información en relación
directa con sus intereses económicos y políticos, los
cuales suelen imponerse sobre los derechos laborales y
profesionales de los trabajadores que dicen representar.
Esta contradicción entre su naturaleza corporativa y la
'misión' social que dicen defender, es lo que ha dado
origen a la utilización de la SIP como agente
intervencionista y desestabilizador de gobiernos
progresistas en América Latina y el Caribe, lo cual se
puede observar por el estrecho vínculo que mantiene con
la derecha ultrareaccionaria de Miami, donde se
encuentra su sede, su ferviente afecto con los antiguos
regímenes totalitarios de derecha en Latinoamérica, y
los ataques despiadados que hoy libran contra los
gobiernos democráticos de Venezuela, Argentina y Brasil.
ORIGEN Y FINANCIAMIENTO
De acuerdo al periodista
español, Pascual Serrano (Rebelión, 22 de Octubre de
2003), la SIP fue creada en 1943 y refundada en 1950 por
los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers así
como por Tom Wallace del Departamento de Estado. Su
misión era apoyar la política exterior antisindicalista
y anticomunista de la era macartista, y la promoción del
liberalismo económico.
Además de maniobrar contra
la UNESCO cuando debatía sobre la democratización del
control de la información, la SIP desarrolló una campaña
mediática contra el gobierno democrático de Salvador
Allende que fomentó la intervención militar y coadyuvó a
su derrocamiento en 1973. De acuerdo al periodista
chileno Hernán Uribe (2002 y 2003), la CIA 'manejó o
guió a la gran prensa local y a los afiliados de la SIP
en una campaña de propaganda negra contra Allende.' Así
lo corrobora además un informe del senado
estadounidense, el cual señala que 'el tema de la
libertad de prensa fue el más importante dentro de la
campaña internacional contra Allende.
'La CIA financió un variado
surtido... Producía varias revistas de circulación
nacional. Elaboraba materiales para colocarlos en la
cadena El Mercurio; en todos los diarios de oposición;
en todas las estaciones radiales controladas por los
partidos de oposición, y en varios programas regulares
de televisión en tres canales.'
En efecto, el diario El
Mercurio, cuyo director y propietario, Agustín Edwards,
fungía además como el vicepresidente de la SIP, recibió
millones de dólares para librar una campaña mediática de
descrédito contra el presidente Allende.
Las semejanzas con El
Nacional del antichavista y miembro activo del tren
ejecutivo de la SIP, Miguel Henrique Otero, no son meras
coincidencias. A mas de 30 años del golpe de Estado
contra Allende, Otero desata una campaña similar desde
las páginas de su diario con pleno apoyo de la SIP.
El diario La Prensa de
Santiago, por ejemplo, acusó al gobierno de Allende de
instalar una base de submarinos soviéticos. De la misma
forma, la prensa venezolana antichavista acusa hoy al
gobierno venezolano de armar a la guerrilla colombiana y
financiar organizaciones 'desestabilizadoras' en toda
América Latina, así como de enriquecer uranio con el
apoyo de Irán para la fabricación de bombas nucleares.
La SIP asegura que no recibe
financiamiento de gobiernos. Sin embargo, la CIA, el
Departamento de Estado, la Asociación Mundial de Diarios
(WAN), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras
instituciones estadounidenses han contribuido
monetariamente con sus afiliados con el fin de controlar
la información que producen sus medios. En abril de
2003, por ejemplo, la SIP recibió $3.6 millones por su
'lucha a favor de la libertad en las Américas' por parte
de la Knight Foundation for Press Freedom Project que
hoy dirige el furibundo antichavista Alberto Ibargüen,
quien además se ha desempeñado como director de la
propia SIP y ejecutivo del Miami Herald, bunker del
exilio anticastrista de Miami y de la ultraderecha
venezolana.
SILENCIO DE LA SIP
La usurpación de la
representación del gremio periodístico por parte de la
SIP se pone de manifiesto cada vez que sus afiliados
guardan silencio cuando diarios y periodistas que no se
identifican con sus intereses son asesinados,
perseguidos y encarcelados. (Rodríguez Alvarez, Enero de
2004)
Cuando en 2005, el ex
presidente de la SIP, Danilo Arbilla, acusó al gobierno
argentino de 'manejar la publicidad de manera
selectiva', 'tratar con desconsideración' a los medios
de comunicación, 'despreciar el periodismo' y contar con
un proyecto de ley 'secreto' para 'limitar las
actividades de los periodistas', el presidente Kirchner
reveló el parentesco entre la SIP y el subdirector del
diario La Nación, Claudio Escribano, quien mantuvo una
plena complacencia sobre las atrocidades cometidas en
Argentina contra la libertad de prensa, así como la
tortura y desapariciones de periodistas durante la
dictadura. (Red Voltair, 5 de Marzo de 2005) Kirchner
dejó también en evidencia el origen reaccionario de
Arbilla, jefe de prensa de la dictadura en Uruguay que
'persiguió, torturó y mató a ciudadanos uruguayos.'
En efecto, el uruguayo
Danilo Arbilla, presidente honorario y miembro del tren
ejecutivo de la SIP, se desempeñó como director de
prensa de la última dictadura militar uruguaya que
reprimió la disidencia y la libertad de expresión por
medio de tortura, encarcelamiento y desapariciones. De
acuerdo al diario La República, 'Arbilla había sido
designado en el cargo por el presidente Juan María
Bordaberry, permaneció en funciones luego de que el
mandatario eliminara con respaldo militar las
instituciones republicanas y continuó también cuando las
Fuerzas Armadas desplazaron a Bordaberry y se hicieron
cargo directamente del país.' Durante su gestión,
Urbilla fue cómplice del decreto presidencial del 27 de
junio de 1973 que prohibía expresamente 'la divulgación
por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de
información, comentario o grabación que, directa o
indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por
el presente decreto atribuyendo propósitos dictatoriales
al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tranquilidad y
el orden públicos'; del brutal asesinato del director
del semanario Marcha, Julio Castro; y de la serie de
secuestros y desapariciones de periodistas como Carlos
Quijano, Carlos Borche y Santiago Puchet y del poeta
Juan Carlos Onetti. Por si fuera poco, Urbilla fue
copartícipe del cierre de 173 medios de comunicación
entre 1973 y 1976 y de la intervención de la Asociación
de la Prensa Uruguaya (APU), cuyos integrantes fueron
encarcelados y torturados. Asimismo, Urbilla fue
responsable del decomiso de ediciones de periódicos
argentinos como Mayoría, La Opinión y La Nación, y la
revista internacional de cultura 'El Correo de la
UNESCO', así como en el cierre de los diarios La Gaceta
de San Ramón, Ultima Hora, La Mañana, Ahora, Crónica, El
Popular, Marcha, Idealismo, El Faro de Sauce, Ahora,
Mensajero, Valdense, 9 de Febrero, Víspera, Darbas, La
Idea Nueva, Civismo, Perspectiva y Acción del ex
presidente Jorge Batlle. (Red Voltair, 16 de Noviembre
de 2000)
Según el director del diario
Ultimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel ( 2001), las
amenazas contra la libertad de prensa durante los
gobiernos de Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez y Jaime
Lusinchi en Venezuela tampoco fueron condenadas por la
SIP, a pesar de las clausuras, censuras por decreto y
chantajes con la compra de insumos importados que fueron
objeto los medios. De igual manera, la SIP guardó
silencio cuando el ex presidente Alberto Fujimori y su
asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, sobornaban a
medios
y periodistas para controlar
el contenido de la información que producían (Carazo, 8
de Marzo de 2005), aunque una vez entrado el gobierno
peruano en
franco proceso de
descomposición, el director del diario el Comercio y ex
presidente de la SIP, Alejo Miró Quesada, se apresuró en
condenarlo.
A finales de los noventa, la
SIP acusó al gobierno de Caldera de ser 'uno de los
principales enemigos de la prensa' y de ejercer la
'represión comunicacional' por el solo hecho de haber
planteado la necesidad de una ley que regulara a los
medios de comunicación venezolanos (El Nacional, 17
Marzo de 1997) y de no querer que los periódicos
opinaran libremente sobre su gestión, buscando así
evitar que el gobierno venezolano llevará su propuesta
del 'derecho a la información veraz' a la VII Cumbre
Iberoamericana, porque con ella se 'determinaría de
hecho la desaparición de la libertad de expresión en
nuestros pueblos.' (El Nacional, 21 Octubre 1997)
En este sentido, no deja de
sorprender que al precandidato Teodoro Petkoff se la
haya olvidado este episodio vivido durante su gestión en
Cordiplan para cuadrarse con los mismos mercenarios que
lo vilipendiaron y de esta manera silenciar los
atropellos que comete la SIP en nombre de la 'libertad
de prensa'.
La SIP tampoco ha condenado
las amenazas que gobiernos de derecha en Centroamérica
han realizado constantemente contra diarios y
periodistas, como cuando el ex presidente de El Salvador
y ex candidato de Estados Unidos a dirigir la OEA,
Francisco Flores, descargó su furia contra el Canal 12
de televisión durante su mandato (Proceso, 21 de Febrero
de 2001), y tras la confiscación de las publicaciones
Pulso y El Diario durante los hechos que condujeron a la
caída del ex presidente boliviano Sánchez de Losada.
(Serrano, 2003) De igual manera, la SIP dejó de
pronunciarse sobre los cierres de VTV y Catia TV a manos
de dirigentes opositores, sino que por el contrario, le
brindó plena solidaridad al ex gobernador Enrique
Mendoza tras ser imputado por el 'uso de la violencia
para impedir el funcionamiento de un cuerpo
legítimamente constituido, incitación a delinquir e
interrupción de las telecomunicaciones' durante el golpe
de Estado del 11 de abril de 2002.
Precisamente, la SIP guardó
un escandaloso silencio acerca de la conducta de los
medios privados durante los hechos de abril de 2001,
quienes en un primer momento manipularon la información
de manera descarada para involucrar al gobierno
venezolano con la masacre que efectuaron los golpistas,
y luego se autocensuraron mientras el pueblo se rebelaba
contra la dictadura de Pedro Carmona y el poder
mediático. La SIP tampoco hizo referencia alguna a la
grosera propaganda política antichavista que
transmitieron los medios privados venezolanos de manera
contínua y permanente durante el sabotaje petrolero.
LA SIP GOLPISTA
En Marzo de 2002, a escasos
días del golpe de Estado, la SIP reprodujo su papel
durante el derrocamiento del presidente Allende cuando
aprobó una resolución que condenaba 'las violaciones a
la libertad de prensa y la libertad de expresión' en
Venezuela', al tiempo que aupaban la bochornosa conducta
de periodistas y medios que realizaban una abierta
campaña contra el gobierno incitando a la desobediencia
como. Una 'edición especial' del diario El Nacional el
propio 11 de abril, llamaba a la manifestación
antichavista para que se desviara hacia Miraflores.
Asimismo, la SIP acusó al gobierno de practicar una
'deliberada políticaS para restringir el ejercicio de la
libertad de expresión y el derecho a la información',
practicar el 'terrorismo de estado' contra periodistas,
utilizar a círculos bolivarianos para agredir a los
medios, conformar 'Tribunales Populares' para juzgar a
periodistas y medios y declararlos 'objetivos de
guerra', entre otras mentiras que formaban parte de la
misma estrategia golpista.
En pleno golpe de Estado, la
SIP (11 de abril del 2002) condenó el cierre de canales
privados de televisión venezolanos, cuando estos
violaron la ley de telecomunicaciones al alterar la
transmisión de la cadena presidencial.
La desfachatez de la SIP
llegó al extremo de asegurar que las plantas de
televisión privadas 'fueron los medios más afectados en
estos dos días ya que fueron obligadas a transmitir las
continuas cadenas informativas que emanaba el gobierno
para contrarrestar la información que los periodistas
transmitían sobre el paro.'
La SIP argumentaba que el
presidente Chávez no tenía derecho a suspender la
transmisión de las plantas privadas porque en 'momentos
de confusión es donde necesita mayor cantidad de
información y orientación', lo cual efectivamente
hicieron los medios al manipular descaradamente lo que
ocurría en las calles de Caracas y silenciar la rebelión
cívico militar que derrocó la breve dictadura de Pedro
Carmona.
El 12 de abril de 2002, en
plena efervescencia golpista, el entonces presidente de
la SIP y editor del diario estadounidense 'Post and
Courier', Robert Cox, justificó el golpe de Estado y
brindó su pleno apoyo al dictador Pedro Carmona.
'Este es un ejemplo muy
válido para el nuevo gobierno que encabeza Pedro
Carmona, que seguramente dará vuelta la hoja, respetará
la libertad de prensa y alentará la independencia
judicial y así garantizará un período verdaderamente
democrático.'
Posteriormente, la agencia
de Intercambio Internacional por la Libertad de
Expresión (IFEX), órgano divulgativo de la SIP, dio
cuenta de la muerte del fotógrafo Jorge Tortoza del
diario 2001 a manos de 'un francotirador militar que
disparó desde el techo del Palacio Municipal', según lo
manifestara un 'periodista local' (16 de Abril de 2002),
cuya identidad fue revelada posteriormente por el
periodista estadounidense Al Giordano. Se trataba de la
periodista de El Universal y activista antichavista,
Eurídice Ledezma, quien también fue usada como 'fuente
independiente' por su novio, el palangrista Phil Gunson,
en sus reportajes para la prensa internacional con el
objeto de vincular al gobierno venezolano con los
asesinatos ocurridos, violando así todo principio ético
y profesional.
La SIP nunca se refirió a la
descarada manipulación que hicieran Venevisión de la
trasmisión de los simpatizantes del gobierno que
disparaban desde Puente Llaguno defendiendo a la
multitud que allí se congregaba de los disparos que
realizaba la policía metropolitana del acalde Alfredo
Peña al mando de Lázaro Forero, haciéndole creer a la
teleaudiencia que disparaban contra la manifestación
antichavista que jamás pasó por ese lugar.
Inmediatamente después del
golpe, la SIP (17 de Abril de 2002) acusó al presidente
Chávez de 'crear situaciones antagónicas en contra de
los periodistas y medios de comunicación' y ser 'el
responsable de las agresiones a la libertad de prensa',
pero no hizo mención alguna sobre la desfachatada
actuación de los medios venezolanos en los hechos de
abril, sino que de manera tímida y cobarde 'reclamó la
atención' de cualquier acto y decisión 'dirigidos a
impedir que los ciudadanos estén debidamente
informados.'
No obstante, el papel de los
medios durante el golpe que la SIP ha decidido ignorar,
fue mas que evidente. En su revelador artículo, 'Mi paso
por un gobierno breve' (Venezuela Analítica, 23 de Mayo
de 2002) el antichavista José Gregorio Vásquez,
colaborador y testigo de excepción de la breve dictadura
de Carmona donde se desempeñaría como Viceministro de la
Secretaría, confiesa como los dueños de medios privados
sirvieron de co-gobierno manejando a su antojo las
decisiones políticas del dictador.
'A las 8 en punto de la
mañana llegué Miraflores el día sábadoS Alrededor de las
11 y media llegó Andrés Mata, lo acompañé a la antesala
de la Secretaría Privada, alrededor de las 12 llegaron
los demás; Alberto Federico Ravell,Guillermo Zuluaga,
Gustavo, Ricardo y Guillermo Cisneros, Omar y Omar
Gerardo Camero, Miguel Henrique Otero, Marcel Granier,
Orlando Urdaneta, Andrés de Armas y de última llegó
Patricia Poleo. Del otro lado de la mesa del Salón del
Consejo de Ministros estábamos, Carmona, el
Vicealmirante Ramírez Pérez, Raúl de Armas, Leopoldo
Martínez, el Vicealmirante Briceño y yo. Carmona les
explicó lo delicado de la situación y les pidió apoyo
(S)'
'Los voceros por los medios
fueron Otero y Granier. Particularmente Granier hizo una
excelente exposición sobre los errores cometidos y la
búsqueda de soluciones, Carmona asentía. Gustavo
Cisneros tomó luego la palabra para pedirle al
Presidente que dejara en manos de todos ellos la gestión
comunicacional del gobierno, Carmona aceptó. Por
consenso decidieron que fuese Alberto Federico Ravell el
encargado de hacer las postulaciones. Alberto propuso a
Gilberto Carrasquero para presidir Conatel, entonces
Carmona se volteó hacia Patricia Poleo y le ofreció la
OCI, pero Alberto Federico interrumpió pidiéndole a
Carmona un voto de confianza y proponiendo a Fernán
Frías para ese cargo, Carmona aceptó y pude ver cómo se
le descomponía el rostro a la Poleo.'
En pleno sabotaje petrolero,
la SIP (10 de diciembre de 2002) volvió a jugar un papel
fundamental en la campaña desestabilizadora contra el
gobierno del presidente Chávez al condenar los 'ataques
contra los medios en Venezuela', cuando estos
participaban abiertamente apoyando acciones terroristas.
La SIP calificó de intimidación el que ciudadanos
venezolanos indignados protestaran la cobertura de
noticias por parte de las plantas privadas de
televisión, ignorando el legitimo derecho a reclamar
'información veraz' y el cese del 'terrorismo mediático'
que protagonizaron los medios sin ningún rubor durante
el sabotaje petrolero.
A finales de enero de 2003,
cuando era evidente la victoria de las fuerzas
bolivarianas sobre el golpismo encabezado por
Fedecamaras, CTV y medios privados, la SIP (21 de enero
del 2003) se volvió a pronunciar para rechazar los
procedimientos administrativos que inició CONATEL contra
las plantas privadas de televisión por su violación al
ordenamiento jurídico. Asimismo, la SIP (31 de enero del
2003) calificó la situación en Venezuela de 'grave y
alarmante' y condenó al gobierno de dirigir una 'campaña
oficial' contra medios y periodistas. Posteriormente, la
SIP (13 de febrero del 2003) manifestó su preocupación
por 'el acelerado y grave deterioro de la libertad de
prensa en Venezuela' y acusó al gobierno de tener la
'clarísima intención' de 'controlar y censurar a los
medios, a los periodistas y a la información.'
En Marzo de 2003, la SIP (25
de marzo del 2003) pidió formalmente a la OEA que
descalificara al presidente Chávez por su 'intención de
legitimarse únicamente sobre la base de procesos
electorales, pero atropellando y cortando libertades
esenciales de la persona y la sociedad, y violando el
Estado de Derecho.' Asimismo, la SIP pidió condenar al
gobierno venezolano por 'agredir a los medios
informativos de Venezuela con la finalidad de cerrarlos
o asfixiarlos.' La SIP también señaló que 'la libertad
de prensa y de expresión está severamente coartada', y
que lo sucedido durante 2002 y 2003 en Venezuela
obedecía a 'un proceso sistemático dirigido a controlar
el contenido de lo que se difunde a través de los medios
de comunicación social, a controlar el tipo de
información que la sociedad tiene derecho a recibir y,
en último término, a coartar la libertad de expresión',
obviando descaradamente la actuación de los medios
privados durante el golpe de abril y sabotaje petrolero.
Por si fuera poco, la SIP
acusó al gobierno de dirigir a los 'violentos' círculos
bolivarianos para que agredieran físicamente a
periodistas, fotógrafos y camarógrafos, destrozaran sus
equipos, incendiaran sus vehículos y exhibieran
pancartas 'dirigidas a intimidarlos, individualizando a
sus propietarios y directores, señalándolos como
'enemigos de la patria', 'mercaderes del terror', y
'fabricantes de mentiras', tildándolos de golpistas', lo
cual revela que para la SIP la única libertad de
expresión que existe es la de los dueños de medios.
Los virulentos ataques de la
SIP contra Venezuela se vienen produciendo de manera
sistemática desde hace más de 5 años. Todos los meses de
marzo, los capos de la SIP se reúnen para condenar al
gobierno de Venezuela por 'cercenar las libertades
democráticas y aniquilar la libertad de expresión y
atropellar a comunicadores que expresan sus ideas e
informan oportunamente' (El Universal, 15 de Marzo de
2005), pero hasta los momentos ninguna de sus
predicciones apocalípticas sobre la libertad de
expresión en Venezuela se han cumplido, lo cual revela
que su retórica obedece mas a la propaganda antichavista
que busca defender los intereses mercantilistas de los
dueños de medio por encima del interés colectivo de
periodistas y lectores.
Todas estas evidencias
demuestran fehacientemente la 'falta de autoridad moral
e interés tergiversado' de la SIP para pronunciarse
sobre la libertad de expresión en Venezuela y cualquier
otra parte del mundo.
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