Lima, 29 dic (PL) Los peruanos contratados para cumplir supuestas tareas de
seguridad en Iraq y Afganistán se encuentran hoy en una suerte de limbo
jurídico.
Los contratos que firmaron con empresas norteamericanas usualmente
encargadas de reclutar mercenarios para el Pentágono establecen que irían a esos
países en guerra para proteger personalidades, instalaciones y convoyes
militares.
Sus parientes, empero, temen que sean utilizados como carne de
cañón debido al entrenamiento que recibieron, las armas que usan y las zonas de
alta peligrosidad donde han sido destacados.
Espontáneos comités de
familiares demandan del gobierno peruano el envío de comisiones que indaguen las
condiciones de trabajo y seguridad en que se desempeñan, pero hasta ahora han
recibido la callada por respuesta.
Hace un par de días, vía telefónica, uno
de los enviados a Afganistán refirió que sus contratos fueron rescindidos y que
el contingente peruano allí -compuesto por unos 200 efectivos- será regresado en
fecha aún no determinada.
La única razón que se les alega es que no hablan
inglés, pero los contratos no planteaban esa como una condición de obligatoria
observancia.
Para colmo no recibirán indemnización alguna.
Tales circunstancias, junto a las extrañas muertes de dos de los reclutados, hicieron que hoy el Ministerio de
Relaciones Exteriores emitiera una declaración en que
responsabiliza al de Trabajo con la defensa de sus derechos.
El comunicado de
prensa señala que el control y supervisión de esos derechos "está a cargo de las
autoridades competentes del país en el que se celebra el contrato, o en el que
se realiza el servicio correspondiente".
Precisa que por firmarse los
contratos en Perú, toca al Ministerio de Trabajo de este país "adoptar las
medidas pertinentes para el pleno resguardo de esos derechos ante las empresas
contratantes, al amparo de la normativa legal vigente".
Al aludir a las
muertes de Martín Jara (en Afganistán) y Wilber Gutiérrez (en Iraq), la
cancillería asegura que coadyuvará a esclarecer los hechos "en el marco de las
investigaciones que llevan a cabo las autoridades nacionales
competentes".
Jara murió el 2 de diciembre último y la necropsia que se le
practicó en Perú reveló que la causa de muerte fue "por ahorcamiento con un
agente constrictor alrededor del cuello, como una correa, una cuerda gruesa o
elemento".
La empresa norteamericana que lo contrató hizo repatriar su
cadáver en un avión de carga, junto a computadoras y otros bultos.
Gutiérrez,
entretanto, fue devuelto a Perú por encontrarse enfermo, pero a las pocas horas
de llegar a Lima falleció de leucemia.
La Defensoría del Pueblo pidió al
gobierno efectuar las consultas necesarias ante organismos internacionales de
protección de derechos humanos sobre la situación de los reclutados a Iraq y
Afganistán, cuyo número total ronda los mil.
Pero hasta el presente no se conoce de gestiones en ese sentido.
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