Caracas, 30 May. ABN (Ludovico Quiñones).- Quienes manejaron la industria petrolera venezolana durante las décadas del 80 y 90 le ocasionaron daños a la nación por el orden de los 60 millones de dólares, y por eso deben ser investigados, aseguró el diputado Rodrigo Cabezas.
El parlamentario fue integrante de la comisión que elaboró el informe sobre la apertura petrolera.
El documento fue entregado al Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, a objeto de que se determine si los operadores de los convenios están incursos en la comisión de presuntos delitos perpetrados en contra de la nación, por quienes de alguna manera proyectaron, elaboraron y ejecutaron la apertura.
El diputado Rodrigo Cabezas precisó que le pidieron al Ministerio Público que designe fiscales especiales en esa materia. 'Una vez que la Asamblea Nacional aplicó la sanción política a los involucrados, le corresponde a la vindicta pública penalizar a los presuntos transgresores de la Ley', explicó.
Cabezas indicó además que espera hallar los argumentos legales para que la explotación de la Faja Bituminosa del Orinoco sea controlada en su totalidad por el Ejecutivo nacional, 'con la preservación del capital extranjero que está invertido en la región'.
'Esperamos que el Ministerio Público cumpla con su función, puesto que la Asamblea Nacional lo hizo con la sanción política', dijo Cabezas.
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