Ministerio Público investiga invasiones registradas en los últimos días

Comisionados tres fiscales

El Ministerio Público comisionó a los fiscales 20, 21 y 32 del Área Metropolitana de Caracas, Pedro Celestino, Alvaro Hitcher, y Cristian Quijada, respectivamente, la investigación en torno a las recientes invasiones a inmuebles ocurridas en diferentes sectores de la ciudad capital.

Las denuncias relacionadas con delitos contra la propiedad corresponden específicamente a 12 ocupaciones ilegales, de las cuales 6 han ocurrido en la urbanización San Bernardino. Se trata de la antigua sede de la Escuela de Idiomas de la Universidad Central de Venezuela, y los edificios Milros, Zaida, Orinoco, Velderey y otro ubicado en la Avenida Ávila.

A este grupo se añade el edificio Ultramar, ubicado en la avenida Las Delicias de Sabana Grande; el edificio Damici, en la parroquia La Candelaria, el edificio General Urdaneta, en la esquina de Pelota, el edificio Teatro Metropolitano, situado en El Silencio; una vivienda ubicada en la avenida Morán de la urbanización El Paraíso, y un edificio situado en las inmediaciones de Boleita Norte.

De igual forma el Ministerio Público investiga la ocupación de la residencia Rosal Plaza, ubicada en la avenida Pichincha, urbanización El Rosal, la cual fue tomada por la Alcaldía Mayor a los efectos de dar cumplimiento a un decreto que ordena la ocupación temporal de inmuebles por razones de fuerza mayor, para que sirvan de refugio a familias damnificadas a consecuencia de las lluvias caídas en el Área Metropolitana.

En el documento referido también aparecen como afectos a expropiación el edificio sede de COPEI, ubicado en la avenida Panteón; edificio La Paz, en la avenida Vollmer de San Benardino (contiguo a la Cruz Roja); edificio Marciales, ubicado en la avenida Urdaneta, esquina de Punceres; edificio San José, avenida Principal con Primera Tranversal de Los Palos Grandes; edificio La Fe, avenida Principal de Las Palmas; Torre Viasa, Los Caobos; edificios Poma Rosa y Elibar, en Catia; edificio Almondbary, Bello Monte; y edificio Century 21, avenida Baralt.

Las primeras actuaciones del Ministerio Público han consistido en la solicitud de informes al Cuerpo de Bomberos Metropolitano sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles invadidos. También se ha coordinado con la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, a los fines de realizar los correspondientes censos e inspecciones en las edificaciones referidas.