MÉXICO, 9 ene (IPS) Los gobiernos de cinco países de
América Central, Colombia, República Dominicana y México se reunieron este
lunes para sumar fuerzas contra el proyecto estadounidense de amurallar
su frontera sur para frenar la inmigración.
Los
cancilleres y delegados de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, reunidos en la capital
mexicana, estimaron que el proyectado muro no representaba una medida
adecuada. Pero dijeron respetar ”el derecho soberano de los
países para
conducir su política migratoria y de seguridad”.
Los
representantes anunciaron la creación de un grupo de trabajo para
intercambiar propuestas sobre la problemática migratoria y promover el
respeto a los derechos humanos de sus compatriotas y descendientes
radicados en Estados Unidos.
El muro pondría en
aprietos a millones de inmigrantes latinoamericanos y caribeños cuyas
remesas constituyen un sustento fundamental para
sus familias en sus
países de origen.
Las ”medidas parciales que sólo contemplen
el endurecimiento de las políticas migratorias no representan una
solución integral para afrontar
los retos que impone el fenómeno migratorio
ni aprovechar sus oportunidades”, señalaron las autoridades en una
declaración conjunta.
”Estamos de acuerdo con estas
iniciativas, pues juntos, gobiernos y sociedad, frenaremos esta
estupidez alentada por el racismo y la
xenofobia”, dijo a IPS desde la
ciudad estadounidense de San Diego, Enrique Morones, líder de la no
gubernamental Ángeles de la
Frontera, organización que trabaja a favor de
los inmigrantes.
La entidad iniciará el 2 de febrero
una caravana de vehículos que recorrerá desde la frontera de Estados
Unidos con México hasta
llegar a Washington en fecha aún no
determinada.
”Vamos a ser cientos. Queremos que
Estados Unidos vea que los inmigrantes estamos muy molestos por las
muertes en la frontera, la
construcción de muros y porque aquí corre la
percepción de que somos criminales, drogadictos y enemigos”, señaló
Morantes.
El 30 de diciembre, el ciudadano mexicano Guillermo Martínez fue baleado en la frontera por un agente migratorio
estadounidense, y falleció
el 31. Le siguió una protesta diplomática del
gobierno del presidente Vicente Fox.
Martínez se
sumó a las más de 3.800 personas fallecidas entre 1993 y 2005 en la zona
limítrofe, la mayoría cuando cruzaba por áreas
menos vigiladas, que son
las más peligrosas por su geografía y clima.
La
pretensión de levantar 1.100 kilómetros de nuevos muros en la frontera de
3.200 kilómetros entre Estados Unidos y México, a estudio del
Congreso
legislativo de ese país, estrecharía aún más los lugares de ingreso, pero no
detendría la inmigración, según observadores.
Autoridades mexicanas calculan que unos 400.000 inmigrantes habrían
ingresado este año sin permiso a Estados Unidos, a pesar de los
controles ya existentes, y que un millón fueron detenidos y
deportados.
De América Latina y el Caribe proceden,
por nacimiento y ascendencia, unos 40 millones de habitantes de Estados
Unidos, ocho millones de
los cuales no tienen sus documentos migratorios en
regla.
El proyecto para construir nuevos muros fue
aprobado a fines de 2005 por la Cámara de Representantes de Estados
Unidos, pero aún debe
ser ratificado por el Senado. La iniciativa generó
una ola de protestas de gobiernos latinoamericanos y de organizaciones
humanitarias.
De aprobarse esa ley, se sumaría a una
serie de medidas contra la inmigración desde los años 90, y los
inmigrantes indocumentados pasarían a ser considerados
criminales.
Es ”una afrenta a América Latina de un
gobierno que se dice socio, pero que pareciera que sólo quiere nuestro
dinero y nuestras
mercancías, (y) que ve a nuestra gente como una
epidemia”, dijo el vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein al
referirse a la iniciativa.
De acuerdo con una encuesta
realizada por la cadena estadounidense de televisión Fox-News en
octubre, 51 por ciento de los consultados está a favor del muro
fronterizo.
Otra encuesta, efectuada en diciembre por
la cadena televisiva CNN, el diario USA Today y la firma consultora
Gallup, halló que 57 por ciento
de los consultados demandaba a los
legisladores y al gobierno de su país cambios en la política
migratoria.
Esos sondeos revelan que entre la mayoría
de los consultados predomina la percepción de que la migración ilegal es
perjudicial y es necesario detenerla.
”Hay una gran
manipulación de la opinión pública de Estados Unidos, y un sector político
utiliza el tema migratorio para obtener votos ”,
apuntó Fabienne
Venet, directora de la organización no gubernamental mexicana Sin
Fronteras, que investiga y trabaja con
inmigrantes.
Venet deseo éxito al frente de gobiernos
latinoamericanos impulsado en México contra el proyecto del muro. Pero
advirtió del riesgo de
fracaso si las medidas no se enfocaban en el
largo plazo y en la formulación de propuestas
consistentes.
Convocados por México, varios gobiernos
latinoamericanos realizaron en 1996 una amplia conferencia sobre
migración con el objetivo
central de diseñar políticas y estrategias
concertadas para incidir en Estados Unidos. Sin embargo, la iniciativa
no tuvo seguimiento y se diluyó.
La directora de Sin
Fronteras opina que los gobiernos deben mantener un frente unido y
diseñar estrategias conjuntas para cambiar la
percepción estadounidense
de que los inmigrantes son una amenaza.
Los
inmigrantes suelen ocuparse en sectores como la agricultura y los servicios
a cambio de bajos salarios, y efectúan una contribución
importante a la
economía estadounidense.
En 2004, los inmigrantes
latinoamericanos y caribeños enviaron a sus familiares 45.000 millones
de dólares en remesas, el doble del
monto registrado una década atrás, según
el informe Panorama Social 2005 de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe.
Esos recursos rescatan de la
pobreza a más de 2,5 millones de personas, indicó esa
agencia.
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