El proceso de negociación del TLC parece
haber llegado a la fase final. En casi diecinueve meses, los
negociadores de Estados Unidos consiguieron de los de Colombia todas
las pretensiones plasmadas de antemano en sus respectivas leyes
comerciales, incluyendo la más reciente, la Trade Promotion Authority
(TPA) de 2002.
Como en
todo alumbramiento forzoso las últimas horas se tornan más dramáticas y
dolorosas, así el gobierno de Uribe está en medio de hondas
contradicciones pues amplias capas de la sociedad rechazan el TLC, ya
que no pudo contar con la munificencia de Estados Unidos, no sólo
debido a que éste por su naturaleza imperialista impone a rajatabla sus
dictados sino porque el gobierno de Bush, con su prestigio en picada,
cuenta con poca capacidad de maniobra ante el Congreso de su país, que
es donde se hace la verdadera negociación, para acceder a mínimos
paliativos que le sirvan a su “amigo” Uribe en la felonía. Es de prever
que todo se resuelva como ha sido la constante en Colombia desde hace
ya más de un siglo: menoscabando los altos intereses de la nación con
el engaño y la represión.
El fracaso
Aun desde la
gran prensa nacional se ha calificado como un fracaso del gobierno el
que, tal como lo había proyectado, no hubiera podido concretar el
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos el 22 de noviembre
en Washington. El Tiempo, en su edición de noviembre 28 de 2005,
editorializó: «Mientras Estados Unidos no ceda algo en el tema agrícola
y en la propiedad intelectual, la negociación seguirá empantanada» y El
Espectador del domingo 27 de noviembre también indicó: «El tropiezo
transitorio (que bien podría convertirse en fracaso definitivo) de las
negociaciones del TLC tiene varias explicaciones y consecuencias». En
la misma dirección, las organizaciones sociales que han encabezado la
oposición a este acuerdo de recolonización del país, como Recalca (
http://www.recalca.org.co,
«La última ronda»), han destacado que «Fracasaron todos los pronósticos
del gobierno, calcularon que Estados Unidos tendría al final algunas
flexibilidades con Colombia, pero los estadounidenses se mantuvieron en
las propuestas que hicieron desde el primer día». No hubo concesión
alguna de Estados Unidos para quien se tiene como socio principal en la
«lucha contra el terrorismo» en el Continente y con el único país del
sur de América que respaldó la invasión a Irak. Toda la estrategia
negociadora de Uribe estaba basada en que el Imperio condescendiera con
algunas aquiescencias especiales en aras de la «importancia
estratégica» de Colombia.
Por el contrario, el jefe
negociador, Hernando José Gómez recibió señales en otro sentido, como
las de Charles Grassley, republicano presidente del Comité de Finanzas
del Senado de Estados Unidos. En comunicación del 16 de noviembre,
advirtió que «Los productores de EEUU deberían recibir al menos las
mismas oportunidades de acceso al mercado que los agricultores de otros
países que tienen Tratado de Comercio con Colombia», refiriéndose al
acuerdo CAN-Mercosur, y agregó que “Tal como nosotros ya discutimos, el
acceso al mercado provisto a los agricultores de EEUU en el TLC entre
Colombia y Estados Unidos debe ser, al menos, tan bueno como el
provisto en el Tratado de Libre Comercio con Centro América (CAFTA) y,
en algunos productos, Estados Unidos está esperando que sea mayor”.
Sobre el tema sanitario finalmente acotó que “la propuesta colombiana
en medidas sanitarias y fitosanitarias va innecesariamente más allá del
texto de Cafta”. En otras palabras, el mensaje norteamericano fue
claro: “business is only business” (“negocios son sólo negocios”).
La pantomima de las negociaciones fue tajantemente denunciada por Luis
Guillermo Restrepo, negociador en propiedad intelectual hasta la ronda
de Cartagena, cuando en su carta de renuncia del 2 de diciembre señala
que “durante la ronda llevada a cabo en Washington, el coordinador de
la mesa de propiedad intelectual por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, abandonó la propuesta de negociación concertada
con los andinos y, de manera unilateral, presentó una propuesta de
protección de datos de prueba basada en el texto estadounidense, que
contiene disposiciones con niveles de protección mayores que los
acordados por ese país con Chile y con los países centroamericanos
(Cafta), donde se ignoran todos los compromisos con el sector salud”, y
añade: “En cuanto a la forma como el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo ha conducido el proceso, sería mucho más transparente decirle
al país que el trabajo de 18 meses en las cuestiones relacionadas con
propiedad intelectual y salud fracasó, que realmente nunca existió
negociación y que para poder firmar un tratado de libre comercio con
Estados Unidos, es necesario abandonar la estrategia de “negociación
por intereses”, traspasar las “líneas rojas” y aceptar unas
disposiciones que eleven la protección a niveles similares o superiores
a los de los tratados firmados por ese país con Chile y con los países
centroamericanos (Cafta)”.
Comedia de las equivocaciones
El gobierno de Uribe ha hecho lo máximo para firmar el TLC. Hernando
José Gómez ha divulgado que “en los demás temas hemos avanzado hacia
acuerdos satisfactorios”. Y entre esos “avances”, que en la lógica que
este proceso de negociación ha tenido desde su inicio, siempre
significan “entregas” o aceptaciones de la agenda norteamericana,
merecen destacarse, por ejemplo, los ocurridos en el capítulo laboral,
donde Colombia renunció a exigir a Estados Unidos ponerse a tono con
los convenios internacionales al respecto, sobre los que hay consenso
en la comunidad internacional, pero que la superpotencia nunca ha
suscrito. Se acordó un capítulo idéntico al del Cafta, donde no hay
mecanismos de sanción para los incumplimientos de las normas laborales;
es decir, plena licencia para la superexplotación del trabajo, y
Colombia accedió a no tocar el tema de los migrantes y abandonó su
pretensión inicial de que se condenara la discriminación.
De
igual modo aconteció con el capítulo ambiental, donde, en un tema
básico como el de la biodiversidad, terminó aplicándose la fórmula
propuesta desde septiembre por una subcomisión del Comité de Medios y
Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que visitó a
Colombia, Ecuador y Perú: “Las protecciones que los países andinos
buscan en el TLC no están establecidas en el régimen de Propiedad
Intelectual de Estados Unidos. No obstante, la biodiversidad podría ser
protegida a través de hacer cumplir contratos”. En efecto, “el avance”
consistió en avalar el acceso de las multinacionales interesadas en los
recursos de biodiversidad y en los conocimientos ancestrales vinculados
a ellos, mediante “contratos de acceso” sin preservar en este caso, ahí
sí no, la propiedad intelectual que deberían tener las comunidades. Se
legalizó la “biopiratería”: ahora podrán cargar con especies y material
genético. La típica “ley del embudo”. Los Estados Unidos no se
comprometen a acatar los convenios internacionales en materia ambiental
y Colombia se conformó con un acuerdo anexo de cooperación.
En el capítulo de Inversiones se concluyó el anexo de endeudamiento,
que extiende a la deuda pública la “seguridad jurídica” que se
contempla para casos como operaciones de mercado abierto, contratos de
riesgo compartido y otras formas de ingreso de capitales, las cuales
gozarán de verdaderas gangas jurídicas hoy inexistentes en el país. En
la mesa Textil – Confecciones, pese a que no se han concretado urgentes
peticiones colombianas, se acordó, para ser tenido como insumo
componente de los géneros finales, el ingreso de algodón norteamericano
con arancel cero desde el primer año de inicio del TLC y sin límite
alguno en los volúmenes importados. En contra de la propaganda del
gobierno, se han endurecido las condiciones que se fijaron para el
sistema de preferencias Aptdea.
Como consecuencia de lo
anterior, en Washington en el capítulo de Agricultura, Colombia llevó
el algodón al mismo sacrificio que el trigo, la cebada, las frutas, las
hortalizas y los aceites finos de soya; bienes en los que se liberaron
las importaciones de Estados Unidos a precios por debajo del costo de
producción, dentro del ilegal esquema de “dumping”. Las ganancias que
estas concesiones traen para la superpotencia, incluidas las que se
derivan de la supremacía que logra sobre otros países competidores y
sobre nuestros propios agricultores, superan los 600 millones de
dólares a partir del primer año de vigencia, en tanto las que Colombia
ha recibido, mil toneladas de tabaco, algunos quesos y 70 toneladas de
yogurt, no alcanzan al millón. ¡Una desproporción descomunal!
En el Capítulo de Servicios, en lo correspondiente al tema de Agencia
Comercial, se convino que, cuando se inicie el TLC, la figura de la
cesantía comercial en las transacciones de bienes desaparecerá,
alterando ilegítimamente el Código de Comercio vigente. Y, sobre la
conservación de la “cuota de pantalla” en televisión, el gobierno
concedió la rebaja en los fines de semana de los límites permitidos
para los productos estadounidenses y, así mismo, aumentó el porcentaje
de inversión norteamericana en los canales privados colombianos.
Conceder, conceder, conceder
Aunque se desconocen detalles sobre derechos de autor o los intríngulis
de las importaciones de bienes remanufacturados o de vehículos no
vendidos de modelos de años anteriores, casos que con muchos otros se
sumarían a este recuento de dádivas sin contraprestación, hay evidencia
de que en Washington durante casi 10 días la táctica colombiana fue
“conceder, conceder y conceder” con el intento de ablandar el corazón
de Tío Sam en los temas más sensibles (¡Que son para el régimen
uribista los temas políticamente sensibles!), pese a lo cual no recibió
al respecto ni siquiera la hoja de parra que le permitiera, al menos,
cubrir tantas vergüenzas.
Al llegar el 22 de noviembre, el
desconcierto oficial fue total. Uribe, que dijo exultante que “firmaría
el TLC aunque cayeran rayos y centellas”, “rapidito”, y que horas antes
de la cita en Washington planteó su dilema sobre “firmar un mal tratado
o no firmarlo”, como entre Escila y Caribdis, con la fe del carbonero
ordenó a sus oficiales “permanecer atornillados a sus sillas”,
ilusionado en que “contactos de alto nivel” lo salvarían del fiasco.
Cuando la fuerza de las circunstancias por fin lo hicieron claudicar en
su empeño colaboracionista, exclamó a las carreras: “No firmaré un
Tratado que no sea equitativo”.º Sin embargo, las negociaciones siguen,
todavía en medio del mayor secreto y con más concesiones
Economía política del TLC
Los errores de cálculo del gobierno pueden compendiarse en las frases
lacónicas del editorial de El Espectador ya citado: “Las causas
próximas del empantanamiento pueden tener mucho que ver con la
política. La actual coyuntura obliga a los gobernantes de uno y otro
país a no tomar riesgos, a no contrariar intereses poderosos y a no ir
en contravía de la opinión… no son los rayos ni las centellas, para
usar la expresión coloquial del Presidente, los que pueden echar al
traste la voluntad de seguir adelante, sino los precarios equilibrios
políticos de ambos países”.
En efecto, desde hace varios
meses en Estados Unidos la opinión ha venido pronunciándose en contra
de las políticas de Bush. Una encuesta publicada en el diario Usa Today
del 15 de noviembre, registró que sólo 35% de los ciudadanos respalda
la gestión presidencial tanto con relación con la guerra en Irak como
con el desempeño en la economía. Y, peor todavía, en la intención de
voto para las elecciones del Congreso, menos de 10% de los electores
están dispuestos a votar por candidatos que no tengan discrepancias en
ningún tema con Bush. En esas circunstancias, la agenda parlamentaria
en Estados Unidos con dificultad pondría en discusión el TLC con
Colombia, Ecuador y Perú y menos si se presenta con uno solo o dos de
los países andinos. Temas como los relativos a la composición de la
Corte Suprema de Justicia, a las leyes de inmigración o al grave
problema energético serán suficientes para suscitar la polémica entre
los republicanos y demócratas en 2006.
Los temores del
gobierno republicano de sufrir una eventual derrota en la aprobación
del TLC andino, con los antecedentes del Cafta, al que logró imponer
solamente por dos votos en la Cámara de Representantes, no son del todo
infundados. En los prolegómenos de la XIII ronda de negociación en
Washington, y en el transcurso de la misma, salieron a luz varias
cartas de congresistas demócratas al representante comercial de Estados
Unidos, Robert Portman, en las cuales le anuncian su rechazo al tratado
que se está negociando, por tener capítulos y cláusulas que lesionan a
las naciones y pueblos andinos en áreas estructurales para su progreso
y bienestar. Como el de la agricultura, donde la ruina total de los
sectores rurales puede conducir a un incremento de la siembra de
cultivos ilícitos; en las relaciones laborales, donde se consagra un
verdadero “dejar hacer, dejar pasar”; y en el acceso a medicamentos
baratos y la salud pública, que se ven comprometidos con la ambiciosa
requisitoria en Propiedad Intelectual, donde las multinacionales
farmacéuticas y las industrias estadounidenses de las áreas de la salud
vienen por el santo y la limosna. También voceros políticos de los
cultivadores de flores de California han formulado objeciones a lo que
catalogan como protecciones ilegales al sector floricultor colombiano y
que, acorde con ellos, ameritan hasta demandas ante la OMC.
En Colombia el panorama no es muy diferente. La resistencia civil al
TLC cada día cobra mayores respaldos. Los mismos sondeos, donde se
fabrican las “opiniones favorables” hacia el régimen uribista, revelan
un desacuerdo mayoritario en torno al Tratado. Uribe y sus
negociadores, presionados por estas expresiones, pero especialmente por
las marchas ciudadanas multitudinarias, las consultas de indígenas,
productores agropecuarios y sectores sindicales, populares y ciudadanos
que han rechazado el TLC y la forma como se ha negociado, se han visto
con las manos amarradas para suscribir el pacto de adhesión en que se
ha convertido el acuerdo y, peor aún, sin que Estados Unidos les
conceda alguna zanahoria que justifique tanto garrote. Desde luego que
también cuentan las insaciables apetencias de Uribe a la reelección
presidencial, que están en aprietos por los negativos impactos
políticos que le pueda acarrear la firma de un TLC que se ha ido
configurando, tal como estaba previsto, en un Documento de
Protectorado. Su ex asesor palaciego y consultor de multinacionales en
adquisiciones y fusiones, Rudolf Hommes, ya lo increpó: “Pudo haber
pensado (Uribe), como lo dijo inexplicablemente el angustiado ministro
de Comercio, que el TLC no le conviene a la reelección”.
Aunque en esta sentencia hay mucho de cierto, no puede omitirse que,
pese a todo, Uribe sigue adelantando la llamada Agenda Interna que
aclimata el TLC y que arraiga en nuestras normas e instituciones el
neoliberalismo, con o sin Tratado. Se bate por reformar al tenor del
capítulo de Compras Estatales, la Ley 80 de Contratación Pública;
aligera la creación de la Superintendencia Financiera para formar una
institución a tono con las estipulaciones del capítulo de Inversiones;
propone la rebaja de impuestos de renta a las firmas y de remesas a
empresas extranjeras, para consolidar los halagos a los amos del
capital foráneo en quienes deposita la redención de Colombia; y, en el
marco de la misma negociación, ya ha suscrito y puesto en marcha
convenios de Cooperación en aduanas, medio ambiente, laboral y régimen
sanitario y fitosanitario. Para acometer estas y otras tareas se han
contraído créditos con el Banco Mundial por 300 millones de dólares en
la modalidad de “Fortalecimiento de Capacidades” y se espera que el
nuevo presidente del BID, el colombo-americano Luis Alberto Moreno,
entregue aportes superiores con iguales objetivos.
En busca de la equidad
Sin que se hubieran todavía encogido las caras largas que marcaron el
regreso de los funcionarios de la negociación, Uribe, ante la
impasibilidad de Estados Unidos frente a sus petitorias, se inclinó por
el camino de la demagogia y el engaño al pueblo colombiano. Arrancó con
bríos diciendo que sólo firmaría “un tratado equitativo”, aunque su
ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, simultáneamente terciara
con arrogancia y crudeza diciendo que el alza no podía superar la
inflación porque “se le restaba a Colombia competitividad en el TLC”.
Uribe, con perversidad, pretende sugerir que tal equidad es posible,
pretermitiendo no sólo las reconocidas diferencias estructurales entre
el Imperio y la colonia, las que algunos con mesura mojigata llaman
“asimetrías”, sino encubriendo además que éstas aumentaron en la
negociación de rodillas que se ha dado. Reunió la Comisión Nacional de
Relaciones Exteriores, con ex presidentes incluidos, e hizo firmar un
cheque en blanco en la búsqueda de tal equidad, la cual se ha enfocado
en el asunto de medicamentos y patentes y en lo que han bautizado como
“el acceso real” de los productos agrícolas. Con la astucia del
politiquero redomado, en tanto se rinde en todos los temas cruciales,
Uribe emprende una histriónica cruzada “por la justicia en el TLC”.
Mientras tanto, el equipo negociador a sus órdenes, en contactos
informales, continúa borrando corchetes en los textos según lo ordenan
los gringos y mantiene sus valijas sin desempacar para emprender en
cualquier momento el viaje rápido que les permita, como lo han
anunciado, finiquitar la humillación antes de Navidad y cumplir el
cronograma ideal, uno que llevaría el TLC a discusión en el Congreso en
las sesiones de marzo a junio de 2006, con los mismos políticos que han
cargado al gobierno en andas a cambio de prebendas y cuyos paradigmas
son Yidis y Teodolindo.
La campaña “por la equidad del TLC”,
que Uribe muestra como auténtica, se inspira en recomendaciones de
Hommes hechas en el regaño de marras: “Deberíamos evaluar si vale la
pena sacrificar el TLC por orgullo y por defender a un par de gremios
que podemos compensar de otra manera menos costosa para el resto de la
sociedad”. Y también en las palabras pronunciadas por Milton Drucker,
consejero de la embajada de Estados Unidos en Colombia, quien en un
foro con empresarios antioqueños en Medellín los exhortó a “hablar
fuerte para que el arroz, el maíz y el azúcar no maten el TLC”. En
consecuencia, en congresos de organizaciones agropecuarias prometió
“compensaciones” con recursos fiscales a los sectores que salgan
afectados. Algo así como “sacar un ojo” y luego indemnizar. La
fementida equidad, pasará por entregarle a los perjudicados limosnas
temporales con los dineros de los mismos contribuyentes nacionales,
financiando así las ganancias de Estados Unidos, también correrá por
cuenta de Colombia. Del presupuesto deficitario se prometen dineros
para enjugar las pérdidas y la elaboración de una ley que los incluya.
Las tareas por delante
El TLC se manifiesta cada vez más como una imposición imperialista.
Aunque sus defensores a ultranza digan lo contrario, como la ex
ministra y ahora empresaria en logística, Martha Lucía Ramírez, hay
evidencia de que los aparatos productivos de Estados Unidos y Colombia
no son complementarios. Mientras Colombia consume todo lo que
Norteamérica produce, allí no sucede lo mismo con nuestros productos
que carecen de demanda. Mientras Colombia ofrece mercados masivos a los
géneros estadounidenses, la oferta para el país son expectativas de
“nichos” con crecimientos decrecientes, que en el tiempo se expanden
menos. Este hecho, sumado a toda la carga de prerrogativas y
privilegios que se confieren a los capitales, mercancías e
inversionistas norteamericanos, incluso en detrimento de derechos
fundamentales de nuestros ciudadanos, lleva a que en el TLC los
beneficios estén en un lado de la mesa, el del más fuerte, y los costos
en el otro, el del más débil.
El senador Jorge Enrique
Robledo, cabeza visible de la contienda contra el TLC, ha opinado en
reiteradas oportunidades que “el gobierno está dispuesto a firmar donde
digan los gringos”, y todo indica que así será. La resistencia deberá
redoblarse para impedir que el gobierno firme, y si lo hace, para
exigirle al Congreso de Colombia que no apruebe semejante iniquidad. No
solamente deberán adelantarse nuevas y mayores movilizaciones que
aglutinen a todos los patriotas y demócratas que se opongan a este
proyecto de recolonización, sino que la próxima campaña política, tanto
para la Presidencia como para el Congreso, deberá convertir el Tratado
en tema principal y en medio para elevar los niveles de organización y
conciencia del pueblo con el propósito de enfrentar las decisivas
batallas que para derrotarlo tendremos que dar los colombianos en el
año 2006.
![[5_evo_morales_perfil]](http://iarnoticias.com/images/personajes/5_evo_morales_perfil.jpg)
La
prensa europea comenta la victoria electoral de Evo Morales en Bolivia,
registrando en general un giro de la región hacia la izquierda y un alejamiento
de EEUU.
![[62281_p]](http://www.aporrea.org/imagenes/2005/12/62281.jpg)
![[62284_p]](http://www.aporrea.org/imagenes/2005/12/62284.jpg)
![[62285_p]](http://www.aporrea.org/imagenes/2005/12/62285.jpg)
![[62290_p]](http://www.aporrea.org/imagenes/2005/12/62290.jpg)