Fiscalía colombiana confirma reunión Carmona-Rosales

Caracas.De acuerdo con un informe de la Fiscalía General Colombia, los días 22 y 23 de julio de 2005 se realizó una reunión en la ciudad de Bogotá, en la cual participaron el Gobernador del Zulia, Manuel Rosales; el director del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), Jorge Noguera; el empresario asilado político en ese país, Pedro Carmona Estanga, y presuntos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según el informe 612 de la Fiscalía del país neogranadinoa, elaborado el 25 de agosto del 2005, en la reunión estuvieron también “algunos miembros activos del ejército colombiano auxiliados por exmilitares golpistas del ejército venezolano”.

El documento no precisa la dirección del lugar donde se celebró la reunión ni la hora de la misma.

El informe señala que “queda por establecer el objetivo principal de este encuentro, que por competencia y jurisdicción corresponderá al lugar de la presunta comisión de los hechos, que es Bogotá”.

El escrito -suscrito por Gustavo Barrios, Luis Guerrero y Glenis Ortiz-, explica que la Fiscalía se trasladó primero a las ciudades de Barranquilla y Cartagena, en las cuales se realizaron labores de inteligencia y entrevistas a distintos funcionarios de los organismos de seguridad de dichas ciudades.

“Se pudo constatar de igual manera la no presencia en esos distritos de las personas antes mencionadas y, por supuesto, la no celebración de la sonada reunión”, señala el informe de cinco páginas.

De la investigación se desprendió que la “sonada reunión” entre Rosales, Carmona, Noguera y grupos paramilitares, se había realizado en la ciudad de Bogotá.

Por su parte, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, envió una copia del expediente de la Fiscalía colombiana y una carta al vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, en la cual instaba al Ejecutivo a reforzar la seguridad en el Zulia.

“Esperamos que esta información sea de utilidad para desactivar las conspiraciones golpistas y antidemocráticas que están siendo aupadas por el Gobierno regional”.

Asimismo, Di Martino, pidió implementar un mecanismo de seguridad “que nos permita ofrecerles garantías a los ciudadanos de la región afectados por las redes de delincuencia organizada que operan en allí”.