54 campesinos asesinados en 7 años

El vice Rangel advierte que el sicariato “es una práctica exportada”

Caracas. El defensor del pueblo, Germán Mundaraín, informó que desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001), se han registrado en el país 54 asesinatos de campesinos, 21 lesionados y 41 personas amenazadas, “exclusivamente por temas relacionados con la tierra”.

Indicó tener la convicción de que tras las muertes de los trabajadores del campo, “están sectores poderosos en la economía que tienen arraigo en el campo venezolano y que se niegan a acatar los principios antilatifundistas que contienen la Ley”, aunque no señaló cuales serían esos sectores.

Asimismo, expresó su “asombro e incorformidad” por que en más de 70% de los casos de asesinatos “los procesos se encuentran en fase preparatoria, significa que la acción del proceso judicial no ha sido de lo más eficiente, toda vez que ya por el tiempo pasado esos casos deberían estar en la fase de juicio e inclusive sentencia definitiva, sin embargo no ha ocurrido así y esto evidencia que no han sido suficientemente eficientes los actores policiales”.

El informe defensorial “violencia en el campo”, entregado ayer al vicepresidente José Vicente Rangel y al viceministro de seguridad ciudadana Jesús Villegas Solarte, demuestra que el estado Barinas encabeza la lista con 14 campesinos asesinados, seguido del Zulia con 11 y Portuguesa con 7, situación a la cual el defensor dijo no darle “una explicación política... los campesinos no son de gobierno ni de la oposición”.

El documento, que según Mundaraín no presenta conjeturas, será entregado a los diferentes poderes públicos.

Práctica exportada. Rangel, al recibir el informe, señaló que recoge una realidad dramática con el fenómeno de la inseguridad en el campo, que “refleja aspectos políticos muy sórdidos, la utilización de la figura del sicariato para eliminar a adversarios políticos, en este caso dirigentes sociales y campesinos”.

El alto funcionario resaltó que esta práctica “no es autóctona del país, sino que proviene de una vecindad que permanentemente nos ocasiona a nosotros problemas desde el punto de vista de la seguridad del país, como el narcotráfico, la guerrilla y los delitos comunes”.

Rangel se comprometió a entregar el texto al presidente Hugo Chávez y a implementar una política de apoyo y respuesta a los problemas del campo.