El vicepresidente explicó que quien ejerza el derecho a la libertad de expresión también debe cumplir con los deberes inherentes. Reiteró que existe la libertad de opinión, y que para tal sólo basta ver las manifestaciones comunicacionales.
Caracas
El Gobierno venezolano señaló hoy que la libertad de expresión no faculta a los periodistas para violar derechos de las personas, por lo que quien abuse de ese derecho debe asumir la responsabilidad legal que se derive.
La posición oficial fue plasmada en una nota firmada por el vicepresidente del Gobierno, José Vicente Rangel, quien recuerda que la Constitución venezolana consagra la libertad de expresión e información, pero también advierte que “quien haga uso de ese derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado”.
El vicepresidente añade que en nombre de la libertad de expresión “no se puede menoscabar el derecho de los ciudadanos por ejemplo a resguardar su reputación, su honra y su dignidad”.
Casos específicos
Rangel se refiere luego a varios casos actuales de periodistas que han sido condenados o tienen procesos judiciales abiertos por “difamación, estafa, vilipendio y calumnia”.
El funcionario señaló que “no se trata de casos políticos” sino de acciones emprendidas en el ámbito de las “acciones legales particulares” por quienes sintieron que sus derechos fueron violados.
Rangel recordó que el Gobierno no puede ordenar la detención de nadie, porque esa potestad corresponde constitucionalmente a la Fiscalía y al poder judicial.
Actualmente la periodista Ibéyise Pacheco, opositora declarada al Gobierno, cumple en su casa una condena de prisión de nueve meses por difamación.
Están abiertos procesos contra los periodistas Gustavo Azócar por presunto lucro ilegal y estafa, Napoleón Bravo por presunto vilipendio y Marianela Salazar por presunta calumnia.
Estos casos han permitido a portavoces de la oposición hablar de “persecución contra los periodistas”, ya que todos los implicados se han declarado públicamente adversarios del Gobierno.
Apegado a la ley
El vicepresidente Rangel, aseguró ayer que el Gobierno del presidente Chávez se ajusta a la normativa Constitucional y legal de la República de manera rigurosa.
Explicó, por medio de un boletín de prensa, que en el caso de la libertad de expresión basta ver a diario cómo se manifiestan públicamente periodistas, columnistas, dueños de medios y ciudadanos sin ningún tipo de restricción.
Asimismo, Rangel alertó que el ejercicio de este derecho entraña también responsabilidades por lo expresado, ya que en nombre de él, no se puede menoscabar el derecho de los ciudadanos.
Decreto
En cuanto al decreto de la Gobernación del estado Barinas que supuestamente prohíbe las manifestaciones, aclaró que en ningún momento dijo que acudiría a la entidad para derogarlo dado que no tiene esa facultad.
De acuerdo con Rangel, el fin del decreto es impedir las trancas irresponsables que cercenan el derecho de libre tránsito del los ciudadanos.
El vicepresidente venezolano Rangel explicó que visitará en los próximos días la entidad regional para determinar la realidad del decreto del gobernador barinés.
De su voz
”En los casos periodísticos que actualmente se ventilan, en primer lugar, no se trata de casos políticos, ni medidas acordadas por el Gobierno nacional. El Presidente de la República en el marco de la Constitución del 99, no puede ordenar la detención de ningún ciudadano. Imputar o privar de la libertad es competencia del Ministerio Público y de los jueces competentes”.
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