Varios oficiales desertaron y se cree que se habrían fugado al extranjero
MARCO RUIZ/ JORGE CHÁVEZ
Caracas. El vicepresidente Ejecutivo de la República, José Vicente Rangel, confirmó este miércoles que varios oficiales de la Armada venezolana venían cometiendo un delito de espionaje, al suministrar información confidencial, clasificada como secreto de Estado, a algunos representantes de los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos, específicamente de la CIA, a través de la embajada de ese país en la ciudad de Caracas.
Rangel negó que el número de militares activos involucrados en este hecho, que no tiene precedentes en la historia del país, llegara a 25, sin embargo, no quiso revelar la cifra exacta a los medios de comunicación, comentando sólo que era más de uno.
Igualmente, el Vicepresidente indicó que varios de esos militares, al verse descubiertos, decidieron evadirse y fugarse a otros países. Desde que se conoció este hecho, están siendo buscados por los organismos de inteligencia. Los que siguen en Venezuela, se encuentran a la orden de sus respectivos comandos esperando la apertura de un juicio.
El caso. Una alta fuente del Ministerio de la Defensa indicó igualmente que la investigación involucra a capitanes desde tenientes de fragatas hasta capitanes de navío.
Informó la fuente que ya la Fiscalía Militar solicitó la apertura de un Consejo de Investigación, como lo establecen los reglamentos militares, para determinar cuál es el delito en el que estos oficiales estarían comprometidos.
Igualmente, ordenó el arresto de algunos de ellos, cuyo paradero es desconocido, mientras que otros están cumpliendo un régimen de presentación.
Aunque no se confirmó el delito por el que serían procesados, se trataría de una presunta traición a la seguridad de las Fuerza Armada Nacional, mediante espionaje, tipificado en el Código Orgánico de Justicia Militar (Cojm).
Asimismo, se conoció que también estarían involucrados algunos oficiales retirados que pertenecen a otras fuerzas y cuyo paradero es desconocido.
A la falta, se le suma el intento de obtener información sobre tropas y otras operaciones relacionadas con la Fuerza Armada Nacional.
Se presume que la justicia militar se basará en el artículo 472 y 473 del Código. La pena que se prevé en estos casos es de hasta 30 años de prisión.
Según la fuente, esta investigación se inició hace cuatro meses y corre por cuenta de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y la Dirección de Inteligencia de la Armada.
La fuente señaló que entre los oficiales imputados figuran el capitán de corbeta José Rodríguez Vásquez, los tenientes de navío Francisco Ferrer Molleja y José Ignacio Plaza López (en retiro) y los capitanes de navío Ernesto Carrasqueño y José Santín Puerta.
La fiscalía castrense ha ordenado allanamientos en las residencias de los oficiales involucrados, incluidos los retirados; muchas de ellas ubicadas en el interior del país.
Maniglia espera informe. El ministro de Defensa, almirante Orlando Maniglia Ferreira, manifestó que está en espera del informe que debe presentar el comanda de la Armada, vicealmirante Armando Laguna Laguna, y prefirió no hacer comentarios al respecto.
El titular castrense aclaró sin embargo que su reciente viaje a la ciudad de Puerto Cabello, Car, no tuvo nada que ver con este caso, tal como lo registraron algunos medios de comunicación.
Explicó que viajó al estado Carabobo para inspeccionar las instalaciones y el trabajo que viene realizando para la Armada, la empresa estatal Diques y Astilleros Nacionales (Dianca).
Maniglia aprovechó, asimismo, la oportunidad para reunirse con los oficiales miembros de la Escuadra. Fue durante esta conversación informal cuando conoció de los avances en cuanto a esta investigación.
jueves, enero 26, 2006
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