Washington, 7 de febrero. El gobierno de Estados Unidos defendió hoy la expulsión de una delegación de funcionarios cubanos de un hotel en la capital mexicana y reiteró que vigilará el cumplimiento extraterritorial de la ley al amparo de la cual se dio dicha acción.
"La ley de Estados Unidos se aplica a cualquier corporación o subsidiaria estadunidense sin importar dónde esté, ya sea en la ciudad de México, en Europa o en Sudamérica", advirtió el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, en su habitual rueda de prensa.
Directivos del hotel María Isabel Sheraton de la ciudad de México ordenaron el pasado fin de semana expulsar de sus instalaciones a funcionarios cubanos huéspedes que tomaban parte en una reunión organizada por una asociación comercial Estados Unidos-Cuba.
La expulsión de la delegación incluyó la confiscación del dinero del depósito por tres días de hospedaje, con base en la aplicación de la ley Helms-Burton, que impide a empresas estadunidenses hacer negocios con cubanos.
La acción se dio en respuesta al pedido que la estadunidense Oficina de Control de Bienes Foráneos, del Departamento del Tesoro, hizo a la empresa Starwood Hotels, propietaria del Sheraton en la capital mexicana, a fin de que los cubanos dejaran el inmueble.
McCormack dijo desconocer si hubo contactos entre los departamentos del Tesoro y de Estado sobre la decisión, así como si México ha presentado alguna protesta formal.
Sin embargo, el portavoz dio a conocer que autoridades mexicanas se pusieron en contacto con el Departamento de Estado, aunque no detalló naturaleza ni alcances de dicha comunicación.
"Sé que hemos sido contactados por las autoridades mexicanas al respecto", expuso al remitir a los periodistas al Departamento de Estado, dependencia a cargo de aplicar las leyes que gobiernan la relación con Cuba.
El sábado, un día después de que la administración del hotel, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma del Distrito Federal, llevó a cabo la expulsión de los cubanos y la confiscación del depósito ordenadas por el Departamento del Tesoro, el grupo afectado denunció la aplicación estadunidense de leyes extraterritoriales al amparo de la Helms-Burton.
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