Dos órganos de control de tratados en Naciones Unidas le han fijado
fechas a las comparecencias de los Estados Unidos por las acusaciones
de torturas y otros vejámenes, presuntamente cometidos en Afganistán,
Irak y Guantánamo.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa el cumplimiento
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tiene previsto reunirse en
marzo próximo en Nueva York con las ONG acreditadas, para terminar de
recoger las imputaciones contra el gobierno de George W. Bush, cuyos
funcionarios deberán responder durante una audiencia a puertas abiertas
en Ginebra, promediando julio de 2006.
Un anticipo de lo que allí podrá ocurrir, tendrá asimismo cita en
Ginebra, pero en mayo de 2006, cuando el Comité contra la Tortura de la
ONU, que examina el acatamiento de la Convención en la materia,
delibere con los Estados Unidos.
Convocatoria
La confirmación hace unas pocas semanas del catedrático español,
Fernando Mariño Menéndez, al frente de este Comité, allana el camino
para esa primera convocatoria.
No será un juicio en dos foros de Naciones Unidas, pero los dictámenes
que emitan los expertos luego de las vistas orales, a las que podrá
concurrir el público, tendrán valor de sentencias, recordando que las
instancias onusianas actúan como tribunales morales sobre derechos
individuales y libertades públicas.
Con la firma de Mariño Menéndez, la administración Bush va recibir en
estos días varias decenas de preguntas que orientaran el debate de mayo
venidero, una verdadera requisitoria fiscal de diez folios, a cuyo
contenido accedió este cronista.
Materia
El documento rechaza las pretensiones estadounidenses de no reconocer autoridad a la ONU en estos temas.
Washington viene tratando de eludir sus responsabilidades alegando que
no es responsable de la aplicación de las Convenciones que ha firmado
en Naciones Unidas por hechos acaecidos al exterior de sus fronteras, y
que los involucrados son "combatientes enemigos" que no están
protegidos por las mismas sino por las reglas y disposiciones de la
guerra que custodia la Cruz Roja Internacional (CICR).
Sin embargo esa línea de defensa ha sido desechada por los
especialistas de la ONU. Estos consideran que los Estados Unidos tienen
jurisdicción donde operan sus fuerzas en cualquier sitio del mundo y
que están obligados a observar los textos que han ratificado en la ONU,
que son inderogables y se respetan sin excepción en todo momento, lugar
y circunstancias, estando absolutamente prohibida la tortura y todo
otro tratamiento o castigo inhumano, cruel o degradante para
prisioneros.
La batería de preguntas firmada por Mariño Menéndez exhorta a los
Estados Unidos a mejorar su legislación para sancionar la tortura.
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