Mérida, 27 de diciembre (por: Aliana Abreu / Diario Frontera).- Durante los primeros meses del año 2005, la Procuraduría General de estado Mérida se efectuó una reestructuración administrativa del organigrama de la institución para adecuarlo a la nueva Constitución Nacional. En tal sentido, fueron creadas nuevas coordinaciones entre las que destacan las oficinas de Derecho Administrativo y Constitucional, la de Derecho Laboral y Colectivo y la de Derecho Civil. El actual procurador de la entidad merideńa, Alfredo Zambrano, informó que durante su gestión, la cual tiene poco más de un año, también fue creada la Coordinación de Límite, Ambiente y Ordenación del territorio, área que tiene ahora un radio de acción ampliado, dentro de las facultades atribuidas en la Ley de la Procuraduría general del estado.
La Oficina de Atención al Ciudadano también fue creada durante el actual periodo. “Ésta no existía y allí vinculamos el trabajo aquí desempeńado con la población, relación que hasta el momento no existía. Hemos atendido directamente a muchos merideńos que han presentado diversos problemas en la relación que sostienen con el Estado, ofreciéndole orientación en tal sentido, y esto lo consideramos como un logro importante”, dijo Zambrano.
Una vez efectuada la reestructuración administrativa, se procedió a trabajar en el desarrollo de las áreas que existían y las que fueron creadas. Resaltó el procurador que una de la competencias más importantes de esa dependencia regional es defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la entidad federal merideńa.
Dijo además que también es de su atribución asesorar legalmente a los órganos del poder público estatal, entiéndase, Consejo Legislativo regional, poder ejecutivo y entes descentralizados dependientes de la Gobernación de Mérida, así como de la administración pública nacional.
Consejo Jurídico Asesor
Alfredo Zambrano explicó que este año que está por terminar fue instalado por primera vez en Mérida el Consejo Jurídico Asesor de la Administración Pública del estado, denominado Cajapem, el cual está constituido por todos los consultores jurídicos de las distintas direcciones de la Gobernación regional, del CLEM, de los entes descentralizados e institutos autónomos y demás dependencias de la administración pública estatal.
El citado consejo está presidido por el procurador de Mérida y durante la labor desempeńada en el ańo 2005 fue elaborado y aprobado el reglamento de funcionamiento del mismo, de manera de darle organicidad y cumplir con el objetivo que le corresponde.
“Tenemos el deber de unificar criterios en la asesoría que le damos a los órganos del poder público de forma que nuestra actuación, desde el punto de vista jurídico, sea única y logre evitar demandas innecesarias en contra del estado; también estamos trabajando en proporcionar el mismo tratamiento a los casos iguales presentados en diferentes dependencias e instituciones”, explicó.
El Cajapem tuvo seis sesiones en el ańo 2005 y las mismas contaron con la asistencia de la mayoría de los integrantes de las instituciones regionales. Dijo Zambrano que el mencionado consejo fue instalado por el gobernador del estado Mérida, Florencio Porras Echezuría.
Zambrano seńaló que la creación del Consejo Jurídico Asesor es un avance importante en materia jurídica para Mérida y los merideńos, ya que redunda en beneficio del estado, sus trabajadores y habitantes.
“Recordemos que nosotros llevamos la parte jurídica de la relación laboral de los trabajadores estatales, la defensa de sus derechos y entonces es importante resaltar que se aplica la ley, la Constitución y el estado de derecho como tal, de forma que sean protegidos todos los ciudadanos; esa es la garantía que nosotros proporcionamos”.
Alfredo Zambrano aseguró que en el 2005 también se estrecharon las relaciones con la Procuraduría General de la República. “Debo decir que hemos intercambiado ideas y dictámenes en torno al criterio jurídico manejado, de forma que haya unidad en la actuación del órgano procuradural en el país”.
Competencia limítrofe
Uno de los principales objetivos de este despacho es desarrollar la política en materia de límites de estado. Recordó Zambrano que Mérida tiene problemas en tal sentido con los estados Zulia, Barinas, Trujillo y Táchira, sin embargo la situación más grave se presenta con el Zulia.
En ese sentido, explicó que una de las directrices regionales ha sido dar a conocer los límites de Mérida, así como el problema que en este aspecto se presenta, su basamento y contenido. La intención es difundir en cada rincón los límites oficiales de la entidad, según lo establece la Ley de División Político Territorial del ańo 1998.
La parte de ordenación del territorio y ambiente es una competencia de la Procuraduría General a través de la Ley estatal. “Esto no se venía desarrollando y ejecutando de forma eficaz, pero este ańo hemos creado la estructura necesaria para ejercer esa competencia”, dijo Zambrano.
Informó que además de ofrecer asesoría, la Procuraduría participó activamente, desde el punto de vista técnico, en la demarcación de una nueva parroquia en el municipio Pueblo Llano. El equipo de geógrafos, topógrafos, abogados y técnicos del citado organismo efectuaron el levantamiento y delimitación de la zona.
Uno de los proyectos que se comenzó a ejecutar este ańo, y que tendrá continuidad en el 2006, es la demarcación de todos los límites intermunicipales ya que no se ha realizado tal trabajo, a pesar que eso está establecido y definido en la Ley de División Política Territorial de Mérida.
En materia de ambiente, se está trabajando en la creación del reglamento que regulará el ejercicio de la competencia de la materia y básicamente la misma se vela por el cumplimiento de las normas ambientales. “Estamos buscando desarrollar la política ambiental que se vaya desarrollando como una estrategia de gobierno”, dijo el procurador.
Buenas nuevas
Alfredo Zambrano resaltó que el mapa de Mérida propuesto en la Ley de División Político Territorial, vigente desde 1998, fue recientemente certificado por el Instituto Geográfico Simón Bolívar, ente rector creador de conformidad con la Ley de Cartografía Nacional.
Destacó que la certificación resulta de suma importancia para el estado Mérida, ya que desde hace aproximadamente cinco siglos ha mantenido diatribas político territoriales con varias entidades, especialmente con el Zulia.
“Este reconocimiento como zona en reclamación del territorio en cuestión es trascendental para nosotros; el estatus quo jurídico de la zona Sur del Lago no se había logrado y ahora es una realidad”, seńaló el procurador de Mérida.
La secuencia del procedimiento jurídico-legal mediante la cual se esclarecerá y determinará la titularidad del mencionado territorio continuará en el 2006, y se espera que la situación pueda ser aclarada lo antes posible.
Para finalizar, Zambrano dijo que al iniciar su gestión se propuso primordialmente desempeńar un trabajo eficiente, eficaz y signado por la reducción de la burocracia, esto redundado en la disminución de los tiempos de respuesta para dar a conocer los dictámenes, lo cual, según él, se ha logrado.
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