Atlanta (Georgia), 6 ene (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Atlanta confirmó hoy que dos ex generales de El Salvador acusados de serias violaciones a los derechos humanos deberán pagar 54,6 millones de dólares de indemnización a tres víctimas de torturas.
"Para mí es un logro enorme en nombre de las personas que no han tenido
respuestas a los abusos a que fueron sometidas y no han tenido la posibilidad de
llevar sus casos ante un tribunal", dijo hoy a EFE el médico salvadoreño Juan
Romagoza, una de las víctimas.
Romagoza, junto con sus compatriotas Neris
González y Carlos Mauricio, presentaron en 1999 en EEUU una demanda, por
torturas recibidas, contra el ex ministro salvadoreño de Defensa José Guillermo
García y el ex director de la desaparecida y temida Guardia Nacional Eugenio
Vides Casanova.
Según los demandantes, estos delitos ocurrieron en los
primeros años de la década de 1980 en medio de una represión militar a causa de
la guerra civil que finalizó doce años después, en 1992, con la firma de
acuerdos de paz.
En 2002, un jurado declaró a García y Casanova -que residen
desde 1989 en el sur de Florida- culpables en un juicio celebrado en una de las
ciudades de ese estado, West Palm Beach, y que recomendó que ambos pagaran una
indemnización de 54,6 millones de dólares.
"Me avisaron el jueves, y para mí resultó ser una coincidencia y una sorpresa. Coincidencia porque justo ayer (jueves), el mismo día del veredicto en Atlanta, cumplí 25 años de haber salido de la cárcel en El Salvador.
Sorpresa y mucho alivio porque todo este proceso me
ha servido de terapia", declaró Romagoza a EFE.
Explicó que, según su visión,
"el veredicto es un homenaje a tantas víctimas que nosotros los sobrevivientes
representamos. Creo que se ha empezado a hacer justicia y que tenemos la
posibilidad de comenzar a aliviar las heridas de la guerra en mi
país".
"Quiero compartir este triunfo, esta esperanza con tantas víctimas que
viven su dolor en silencio, y también con los familiares de los que fueron
torturados, masacrados y desaparecidos" en El Salvador, señaló.
Para
Romagoza, "lo que se pretende con este tipo de juicio es castigar a los
responsables de tantas violaciones a los derechos humanos, y obtener algún tipo
de compensación. Pero el veredicto es más simbólico, porque los generales se han
declarado en bancarrota y dicen que no tienen ni para pagar a sus
abogados".
Indicó que aunque las víctimas no obtengan ni un solo centavo, el
mensaje que sienta este fallo es que nunca es tarde para que se haga
justicia.
El médico salvadoreño advirtió que cualquier persona que ha violado
los derechos humanos debería sentir miedo ahora, "porque tienen que pagar por el
sufrimiento que han causado".
Expresó esperanza de que el veredicto
eventualmente "abra otro espacio, una oportunidad para que ellos (García y
Casanova) sean deportados, que no encuentren fácil refugio en EEUU porque han
violado los derechos humanos".
Por su lado, González manifestó que la
confirmación del veredicto muestra que "los militares deben cargar con la
responsabilidad de los sufrimientos que infligieron a sus víctimas".
El ex
viceministro salvadoreño de Defensa Nicolás Carranza, otro de los militares
también declarado culpable en diciembre por "delitos de lesa humanidad" en un
tribunal de Memphis (Tennessee), deberá pagar más de dos millones de dólares de
indemnización a cuatro de sus cinco acusadores.
Carranza, que trabajaba como
vigilante en un museo de Nashville, en ese mismo estado y aceptó haber figurado
en la nómina de informantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU,
dijo al jurado que le condenó en noviembre pasado, que todas las decisiones
estaban a cargo del titular de ese Ministerio, Guillermo García.
Tanto Carranza como García y Casanova, y su compañero de armas Alvaro Saravia, condenado en California por su participación en el asesinato en 1980 del entonces arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero, han sido procesados en EEUU por una ley que ampara a víctimas extranjeras de tortura y asesinatos políticos.
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