viernes, enero 06, 2006

Dos ex generales deberán pagar 54,6 millones dólares por torturas

Atlanta (Georgia), 6 ene (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Atlanta confirmó hoy que dos ex generales de El Salvador acusados de serias violaciones a los derechos humanos deberán pagar 54,6 millones de dólares de indemnización a tres víctimas de torturas.

"Para mí es un logro enorme en nombre de las personas que no han tenido respuestas a los abusos a que fueron sometidas y no han tenido la posibilidad de llevar sus casos ante un tribunal", dijo hoy a EFE el médico salvadoreño Juan Romagoza, una de las víctimas.

Romagoza, junto con sus compatriotas Neris González y Carlos Mauricio, presentaron en 1999 en EEUU una demanda, por torturas recibidas, contra el ex ministro salvadoreño de Defensa José Guillermo García y el ex director de la desaparecida y temida Guardia Nacional Eugenio Vides Casanova.

Según los demandantes, estos delitos ocurrieron en los primeros años de la década de 1980 en medio de una represión militar a causa de la guerra civil que finalizó doce años después, en 1992, con la firma de acuerdos de paz.

En 2002, un jurado declaró a García y Casanova -que residen desde 1989 en el sur de Florida- culpables en un juicio celebrado en una de las ciudades de ese estado, West Palm Beach, y que recomendó que ambos pagaran una indemnización de 54,6 millones de dólares.

"Me avisaron el jueves, y para mí resultó ser una coincidencia y una sorpresa. Coincidencia porque justo ayer (jueves), el mismo día del veredicto en Atlanta, cumplí 25 años de haber salido de la cárcel en El Salvador.

Sorpresa y mucho alivio porque todo este proceso me ha servido de terapia", declaró Romagoza a EFE.
Explicó que, según su visión, "el veredicto es un homenaje a tantas víctimas que nosotros los sobrevivientes representamos. Creo que se ha empezado a hacer justicia y que tenemos la posibilidad de comenzar a aliviar las heridas de la guerra en mi país".

"Quiero compartir este triunfo, esta esperanza con tantas víctimas que viven su dolor en silencio, y también con los familiares de los que fueron torturados, masacrados y desaparecidos" en El Salvador, señaló.

Para Romagoza, "lo que se pretende con este tipo de juicio es castigar a los responsables de tantas violaciones a los derechos humanos, y obtener algún tipo de compensación. Pero el veredicto es más simbólico, porque los generales se han declarado en bancarrota y dicen que no tienen ni para pagar a sus abogados".

Indicó que aunque las víctimas no obtengan ni un solo centavo, el mensaje que sienta este fallo es que nunca es tarde para que se haga justicia.

El médico salvadoreño advirtió que cualquier persona que ha violado los derechos humanos debería sentir miedo ahora, "porque tienen que pagar por el sufrimiento que han causado".

Expresó esperanza de que el veredicto eventualmente "abra otro espacio, una oportunidad para que ellos (García y Casanova) sean deportados, que no encuentren fácil refugio en EEUU porque han violado los derechos humanos".

Por su lado, González manifestó que la confirmación del veredicto muestra que "los militares deben cargar con la responsabilidad de los sufrimientos que infligieron a sus víctimas".

El ex viceministro salvadoreño de Defensa Nicolás Carranza, otro de los militares también declarado culpable en diciembre por "delitos de lesa humanidad" en un tribunal de Memphis (Tennessee), deberá pagar más de dos millones de dólares de indemnización a cuatro de sus cinco acusadores.

Carranza, que trabajaba como vigilante en un museo de Nashville, en ese mismo estado y aceptó haber figurado en la nómina de informantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU, dijo al jurado que le condenó en noviembre pasado, que todas las decisiones estaban a cargo del titular de ese Ministerio, Guillermo García.

Tanto Carranza como García y Casanova, y su compañero de armas Alvaro Saravia, condenado en California por su participación en el asesinato en 1980 del entonces arzobispo de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero, han sido procesados en EEUU por una ley que ampara a víctimas extranjeras de tortura y asesinatos políticos.

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