jueves, abril 27, 2006

Abogado rechaza liberación ilegal de ex militares venezolanos en EEUU

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Washington.- Los dos ex militares venezolanos acusados de colocar bombas en sedes diplomáticas en Caracas, deberían ser detenidos por las autoridades de Estados Unidos (EEUU), con fines de extradición a Venezuela, y no liberados como lo anunciaron sus abogados.

Según el especialista en leyes internacionales José Pertierra, el anuncio de que José Antonio Colina y Germán Varela serán liberados este viernes por la justicia de Estados Unidos, representa una violación de los tratados internacionales de los que Washington y Caracas son signatarios.

"Al liberarlos, los alguaciles federales deberían tomarlos bajo custodia, en atención a la solicitud hecha por Venezuela de detención preventiva con fines de extradición. Ése es el paso que la ley requiere y que está escrito en los convenios internacionales", dijo Pertierra, en entrevista telefónica con la Agencia Bolivariana de Noticias en Washington.

Los tenientes retirados de la Guardia Nacional de Venezuela, quiénes se encuentran detenidos desde hace dos años y medio en El Paso, Texas, llegaron a EEUU en diciembre de 2003 a Miami, Florida, pidiendo asilo político, el cual les fue negado.

Ambos son prófugos de la justicia Venezolana por su responsabilidad en las explosiones de las embajadas de Colombia y España, ocurridas en febrero de ese mismo año.

Autoridades ordenaron liberación
De acuerdo con lo que anunciaron este miércoles sus abogados, las autoridades de inmigración ordenaron la liberación de los ex militares venezolanos, una vez que fuera desestimada la apelación del juicio que les negó el asilo político.

El juez de inmigración de Miami, Neale Foster, estableció que no podían ser deportados a Venezuela debido a que había "pruebas" de que podrían ser torturados.

Tal decisión había sido apelada tanto por los abogados de la defensa como los fiscales de inmigración, pero ambas partes acordaron retirar la apelación.

El Gobierno venezolano solicitó, el 30 de diciembre de 2003, la detención preventiva de estos ex militares con fines de extradición, a fin de procesarlos por actos terroristas cometidos en Venezuela.

Para Pertierra, Estados Unidos está obligado a responder en este caso, tanto bajo las leyes norteamericanas como dentro de los acuerdos internacionales firmados por ambos países.

Entre ellos, citó el Tratado de Extradición de 1922 y la convención que tiene que ver con el uso de explosivos con fines terroristas, firmada en 1997 por ambos países.

"Es un escenario legalmente obligatorio, porque el artículo 7 de la Convención dice específicamente que tienen la obligación de enjuiciarlos en Estados Unidos. Entonces no hay discreción, no pueden estar discrepando de eso; están obligados legalmente", insistió Pertierra.

Para el jurista, quien representa a Venezuela en el caso del terrorista Luis Posada Carriles, el caso de Colina y Varela adquiere especial importancia, toda vez que, en los términos de su lucha contra el terrorismo, Washington no puede seguir manteniendo su doble discurso.

"Estados Unidos tiene que tomar esto en serio; tiene que condenar al terrorista en cualquier lugar que ocurra. No hay terroristas buenos y ni terroristas malos, no puedes tener una política de doble rasero con respecto al terrorismo y este caso lo reflejará", aseveró.

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