Estados Unidos: Los albores de un nuevo movimiento

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!Queremos ser iguales!

Las movilizaciones masivas a favor de los derechos de los inmigrantes a través de EEUU señalan el nacimiento de un nuevo movimiento y son un ejemplo para todos los que están hartos de los ataques incesantes de las grandes corporaciones, el Congreso y la Casa Blanca.

La marcha que congregó la suma respetable de 1 millón de manifestantes en Los Ángeles el 25 de marzo––a penas dos semanas después de la gran manifestación de 300,000 en Chicago––estaba compuesta abrumadoramente de trabajadores, demostrando la importancia para la economía estadounidense del trabajo de los inmigrantes.

Y según las protestas continuaron durante la semana siguiente––con decenas de miles de estudiantes de escuelas secundarias de todas partes de California abandonando sus escuelas el día en que se conmemora a César Chávez––los medios de noticias corporativos finalmente tuvieron que prestar atención.

“Las manifestaciones encarnan un creciente sector de la población que exige que a los indocumentados se les otorgue una vía a la ciudadanía en vez de ser condenados a la prisión”, observó el New York Times de forma rezagada. “[Sus reivindicaciones están] siendo reclamadas como nunca antes por los inmigrantes que habían sido considerados demasiado temerosos de la deportación como para arriesgarse a una demostración tan publica”.

Muchos de quienes abarrotaron el centro de Los Ángeles llevaban pancartas hechas a mano que expresaban una demanda clara y urgente: Igualdad de derechos para los aproximadamente 11 millones de indocumentados en EEUU.

La enorme marcha fue instigada por un vicioso proyecto de ley anti–inmigrantes, auspiciado por el congresista James Sensenbrenner, Republicano de Wisconsin, que la Cámara de Representantes aprobó a finales del año pasado. La propuesta de Sensenbrenner convertiría a los indocumentados en criminales acusándolos de cometer una felonía. Esto sería uno de los ataques más viciosos en la vergonzosa historia de hostigamiento contra los inmigrantes en EEUU.

Cuando los políticos del establishment no presentaron ninguna oposición contra Sensenbrenner, los grupos de base tomaron la iniciativa––y lograron un apoyo masivo.

Actualmente, los Demócratas están respondiendo de manera esquizofrénica––concediendo a las exigencias de la derecha de una mano dura contra los inmigrantes a la vez que intentan recavar el apoyo electoral de los inmigrantes. El resultado es el proyecto de ley ante el Senado que “tranza” al omitir la criminalización de los inmigrantes de la propuesta de Sensenbrenner, pero que comoquiera condenaría a los indocumentados a un status de ciudadanos de segunda clase como “trabajadores huéspedes” y continuaría la militarización de la frontera.

Puesto que todo el Senado quiere restringir los derechos de los inmigrantes de una forma u otra, es importantísimo que el movimiento por los derechos de los inmigrantes plantee su propia agenda.

Esto implica que debemos exigir la amnistía para todos los indocumentados–– tanto la igualdad de derechos para los inmigrantes que trabajan duro por sueldos miserables, y la oportunidad de obtener la ciudadanía estadounidense para quienes la deseen. Cualquier cosa menos que la amnistía premiaría a los empresarios con una fuerza laboral vulnerable, de mano de obra barata, negándoles a los inmigrantes protección igualitaria ante las leyes.

Al formular la demanda por la amnistía, los activistas por los derechos de los inmigrantes pueden tomar como ejemplo el legado histórico de los grandes movimientos sociales de EEUU.

Dada la centralidad de los mexicano–americanos en las movilizaciones actuales, el nuevo movimiento podría revitalizar el legado del movimiento radical “Poder Chicano” de los años sesenta en California y el suroeste del país. De hecho, las protestas estudiantiles evocan los paros estudiantiles en contra del racismo y discriminación en el este de Los Ángeles en 1968.

Hoy en día, la magnitud de la inmigración proveniente de México, del resto de América Latina y de Asia, ha puesto en relieve en la política de EEUU las reivindicaciones por las que lucharon los estudiantes de los años sesenta, añadiendo la mezcla volátil instigada por la legislación anti–inmigrantes.

Muchos de los activistas de hoy consideran su lucha como un nuevo movimiento por los derechos civiles que emula a los movimientos de los afroamericanos, incluso por el “Poder Negro”, de los años 1960 y 1970. Esos movimientos no solo acabaron con el sistema de segregación racial legal (conocido como Jim Crow) sino que también inspiraron a otros movimientos sociales.

La preponderancia de la clase obrera dentro la población inmigrante a su vez aviva la posibilidad de que el movimiento sindical se involucre. De hecho, la protesta en Chicago fue promovida como una “huelga general” y miles de trabajadores salieron de sus lugares de trabajo para asistir a la “Megamarcha”.

A pesar de que los sindicatos más grandes están divididos en cuanto a los detalles de la legislación inmigratoria, su giro a favor de los derechos de los inmigrantes en años recientes significó un paso adelante en contraste con épocas anteriores en que los sindicatos pretendían excluir a los inmigrantes.

La Caravana por la Libertad de 2003, apoyada por muchos sindicatos, movilizó a decenas de miles de personas a través del país exigiendo: status legal para los indocumentados, una vía clara para la ciudadanía, el derecho a reunirse con sus familiares, y nuevas protecciones legales para todos los trabajadores. Significativamente, la confederación sindical AFL–CIO es co–auspiciadora del día de acción por los inmigrantes que se celebrará el 10 de abril.

Igual que ocurrió con los movimientos sociales del pasado, el nuevo movimiento por los derechos de los inmigrantes va tener que lidiar con los intentos del Partido Demócrata de contener, desmovilizar y dividir la lucha–– por ejemplo, oponiéndose a los reclamos de amnistía. Apoyar consistentemente reclamo de amnistía sobre la base de movilizaciones continuas será indispensable para el desarrollo del movimiento.

Hay otros retos también, como la necesidad de apoyar a los árabes y musulmanes que han sido víctimas de la represión que la propuesta de Sensenbrenner expandiría a todos los inmigrantes.

El movimiento ofrece la posibilidad de romper con el estancamiento político en EEUU en que los Republicanos lanzan ataque tras ataque con poca reacción de los Demócratas. Las protestas masivas de Los Ángeles, Chicago y otras ciudades son vivo ejemplo de cómo se puede luchar y resistir cuando el pueblo trabajador se moviliza para defender sus derechos.

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Nuevo movimiento pro derechos del inmigrante florece en las calles


Un gigante dormido se despertó el 25 de marzo en Los Ángeles (LA) cuando un millón de personas marcharon para protestar un proyecto de ley que criminalizaría a decenas de millones.

La manifestación de LA fue la más grande de una serie de protestas a favor de los derechos de los inmigrantes que ha sacudido a EEUU. Probablemente es la manifestación más grande en la historia de la ciudad.

Gente de todas las razas y nacionalidades, el grueso de ellos inmigrantes y sus familias, viajaron de todas partes de Sur California y de los estados del suroeste de EEUU para congregarse en el centro de Los Ángeles.

Fotos aéreas de las inmediaciones del ayuntamiento de LA mostraban un mar de gente que se extendía hacia los cuatro puntos cardinales. Las calles estaban inundadas de blanco, color escogido por los participantes para simbolizar la paz.

Los manifestantes protestaban contra el proyecto de ley, sometido por James Sensenbrenner (Republicano de Wisconsin), que convertiría a los inmigrantes indocumentados (y también a ciertos residentes permanentes) en “criminales severos”––criminalizando no solo a los inmigrantes indocumentados, sino también a los trabajadores sociales, a los trabajadores de la salud y a cualquier individuo u organización que provea asistencia a inmigrantes indocumentados.

El día antes de la marcha, miles de estudiantes de secundaria abandonaron sus escuelas en Los Ángeles. Sandra Luciano, una alumna de décimo grado, dijo: “Aun cuando los administradores trataron de encerrarnos en la escuela, los estudiantes treparon las verjas para protestar y para alzar su voz. Los estudiantes quieren seguir organizándose y luchando por los derechos de los inmigrantes”.

La propuesta de Sensenbrenner, conocida como HR 4437, fue el insulto final que galvanizó la cólera que se estaba acumulando aquí y por todo el país por los susodichos Minutemen (los cazamigrantes racistas), y por la cifra inaudita de muertes a lo largo de la frontera mexicana debido a la militarización de la Operación Gatekeeper. Muchas pancartas decían, “No somos terroristas. Somos trabajadores”.

Alfredo Rodríguez, un jornalero y oriundo del Distrito Federal, viajó a la marcha desde Arizona. Llevaba una pancarta que decía, “El gigante durmiente se ha despertado”, y vestía una camiseta que declaraba, “Gracias, HR 4437, por reunirnos”.

Juan, indocumentado proveniente de Hidalgo, México, marchó con sus hijos pequeños. Dijo que estaba contento al ver el apoyo de gente de todas las nacionalidades, no solo de latinos. “Valemos mucho,” dijo Juan. “Construimos este país. No tratamos de ser mejor que los demás. Queremos ser iguales”.

Plinio Castro explicó por qué vino a EEUU: “El tesoro de América Central fue robado por los Norteamericanos. Por eso es que somos pobres, porque hay desempleo, pobreza y hambre”.

“Estamos en contra de las pandillas, y tenemos dificultades económicas. Ésta es la razón por la que estamos aquí”, le explicó Mario Alberto Bautista, trabajador de construcción salvadoreño de 24 años a Obrero Socialista. Castro agregó: “Estoy aquí porque quiero tener una mejor vida para mi familia”.

El disgusto por la hipocresía de los políticos y su victimización de las minorías era desbordante. Un manifestante llevaba una pancarta que decía: “Cuidamos a tus hijos, cortamos tus céspedes y ahora ¿somos criminales?”

La marcha reforzó el sentido de creciente confianza en la lucha por los derechos de los inmigrantes que se habían hecho patente en manifestaciones previas, como la de Chicago el 10 de marzo, cuando 300,000 personas abarrotaron las calles del centro de la ciudad.

Y como en Chicago, los políticos Demócratas dieron discursos en la concentración de LA y exhortaron a los manifestantes a que apoyen proyectos de ley “razonables”. Antonio Villaraigosa, el alcalde de Los Ángeles y una estrella ascendente del Partido Demócrata, le dijo a la multitud que él apoya una amnistía para los indocumentados, pero añadió, “Necesitamos apoyar la propuesta de Kennedy y McCain”.

Pero la propuesta McCain/Kennedy a la que Villaraigosa se refirió no le otorga la amnistía a los indocumentados. Al contrario, establece un programa de “trabajadores huéspedes” y aumenta los fondos usados para la represión en la frontera.

Maria Sánchez dijo que un grupo que contribuye tanto a la economía de EEUU merece mucho mejor. “Con tanta gente aquí, nosotros deberíamos exigir la legalización y la amnistía”, dijo Maria a Obrero Socialista.

Carlos, un estudiante de un colegio comunitario de San Bernadino dijo, “Esta marcha no es simplemente por los indocumentados. Mira lo que le pasa a los negros y los blancos. Sus vidas también son terribles. Todos tenemos que luchar”.

Luego de la megamarcha de Chicago, han ocurrido protestas y marchas en ciudades a lo largo del país, y el número de manifestantes ha excedido las expectativas de los organizadores en casi todas las instancias.
En Milwaukee, distrito que representa el congresista Sensenbrenner, alrededor de 30,000 inmigrantes y sus simpatizantes se lanzaron a las calles el 23 de marzo para asistir a una marcha promovida como “Un día sin latinos”.

En Phoenix, por lo menos 20,000 personas marcharon hasta la oficina del senador conservador John Kyl. “Todos están hartos de la percepción de que somos criminales”, dijo Demirel Montiel, que asistió a la marcha con su esposa y sus tres hijos. “Si conduces un carro, eres un criminal. Si trabajas, eres un criminal. Si eres mexicano, eres un criminal”.

En Denver, 50,000 personas se concentraron el 25 de marzo para alzar su voz contra las medidas anti–inmigrantes promovidas por políticos como el congresista del estado de Colorado, Tom Tancredo.

Antes de la marcha, los organizadores pensaban que un par de centenares de personas iban a presentarse. Pero para las 10:30 de la mañana decenas de miles ya se habían convocado y coreaban “Sí se puede” y “No somos criminales”. Un vocero del departamento de policía de la ciudad le dijo al Denver Post que la protesta “nos cogió desprevenidos” y que no había visto a una muchedumbre tan grande desde que los Broncos de Denver ganaron el Super Bowl en 1999.

El lunes siguiente de la megamarcha de Los Ángeles, centenares de alumnos salieron sin permiso de sus escuelas en San Diego. Las protestas estudiantiles sucedieron en muchas escuelas a través de la ciudad––y luego los alumnos se unieron en una manifestación frente al San Diego Community College.

En Sacramento, la capital del estado de California, casi 10,000 personas, la mayoría de descendencia mexicana, protestaron el 25 de marzo. “La gente arriesga sus vidas para venir aquí para poder trabajar y alimentar a sus familias, no para hacerle daño a nadie”, le dijo Alicia Mendoza a Obrero Socialista. Ella condujo con su familia desde Yuba City para asistir a la protesta. “La mayoría quiere obedecer las reglas y las leyes, con tal de que las reglas sean iguales para todos y no dependan del color de tu piel”.

La protesta fue organizada por varios grupos, incluso El Consejo Sindical para el Avance del Trabajador Latinoamericano, La Raza, MeCha y sindicatos como el Sindicato Internacional de Estibadores (ILWU, por sus siglas en inglés) y la Unión Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, por sus siglas en inglés).

En Atlanta, cerca de 200 personas se presentaron frente al capitolio del estado de Georgia para protestar el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Representantes del estado. Este prohibiría la provisión de servicios sociales del estado a los indocumentados e impondría un recargo de 5 por ciento a las remesas enviadas por los indocumentados. Teodoro Maus, un organizador de la protesta, le dijo a Associated Press que cerca de 80,000 latinos respondieron al llamado de no ir al trabajo el día de la protesta.

El 26 de marzo, 1,000 personas marcharon contra HR 4437 en el barrio de Washington Heights de Nueva York. Los manifestantes marchaban, tocaban tambores y coreaban, “Aquí estamos, y no nos vamos, y si nos echan, ¡nos regresamos!”

“Es realmente impresionante que este movimiento se está fortaleciendo”, dijo Marian Morrell, de la Iglesia San Romero de las Américas de Washington Heights y la Coalición de la Republica Dominicana en solidaridad con la Comunidad Haitiana. “Ojalá que nuestro movimiento siga creciendo e involucrando más gente de clase trabajadora. No debiéramos temer alzar nuestra voz. Nosotros los que no tenemos miedo debemos defender a quienes que lo tengan y ayudarles a darse cuenta que no tienen que estar asustados”.

El reverendo Luís Barrios de San Romero de las Américas, aboga por que se rechace el obedecer la ley si es aprobada. Según Barrios, “Si no podemos lograr que el Congreso vote en contra de este proyecto de ley, el liderato religioso de EEUU tiene una responsabilidad moral, no solo de protestar contra esta legislación, sino de rechazarla y violarla con protestas de desobediencia civil porque este proyecto de ley viola a la humanidad y no tiene nada que ver con la seguridad doméstica”.

Rhadamés Morales, uno de los organizadores de la manifestación, dijo que: “Estamos preparándonos para una lucha que tiene que ser mucho grande, porque esta legislación no solo es anti– inmigrantes, sino que promueve el racismo y el terrorismo contra todos los seres humanos. Esta legislación ignora la realidad de que este país ha sido construido por trabajadores inmigrantes. Nuestro próximo paso debería ser llevar a cabo una protesta masiva en Washington en la escalinata del Capitolio”.

Jeff Bale, Jim Bullington, Brian Chidester, Richard Greenblatt, Sarah Hines and Jenny Olsen contribuyeron a este reportaje.

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¡Sin amnistía no hay justicia!


Llamándolos “una lacra que amenaza el futuro de nuestra nación”, el congresista Republicano de Colorado, Tom Tancredo, ha hecho su carrera política oponiédose a los inmigrantes y a una posible amnistía.

Continuando con su cantaleta organizó una campaña de una semana bajo el lema “Dile que no a la amnistía”––instando a sus seguidores a aumentar la presión sobre los senadores Republicanos que “están traicionando a América”.

Desafortunadamente, mucha de la gente que se opone a esta basura, fuera y dentro del Congreso, cree que el nuevo movimiento por los derechos de los inmigrantes no debiera exigir una amnistía general.

Es especialmente cierto si examinamos todas las propuestas que hoy existen ante el Congreso que proveen varios esquemas para “ganarse” la ciudadanía que fuerzan a los inmigrantes a someterse a largos y costosos procesos para tener una oportunidad de legalizarse.

Esto no sólo no es suficiente, sino que en realidad perpetúa el status de ciudadano de segunda clase para los trabajadores inmigrantes. La única manera de adelantar sus derechos, y los de todos los trabajadores, es exigir la amnistía ahora.

La amnistía es una provision que permitiría la inmediata legalización de los indocumentados, con una trayectoria garantizada hacia la ciudadanía.

A diferencia de las propuestas ante el Congreso, que usan un engañoso lenguaje de ciudadanía “ganada”, pero que en realidad excluyen a la mayoría de los inmigrantes de los medios para obtener la residencia permanente, una amnistía haría a los inmigrantes iguales al resto de los trabajadores.

Sería como dar derechos laborales iguales a todos los trabajadores. Esto es amenazador para los intereses de las corporaciones y de aquellos que quieren criminalizar a los inmigrantes.

La última amnistía aprobada en 1986 llevó a la legalización y ciudadanía de 2.8 millones de trabajadores inmigrantes. Permitió una nueva generación de esfuerzos organizativos que fortalecieron a sindicatos como la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), UNITE–HERE y otros.

También condujo a la AFL–CIO a apoyar la sindicalización de los inmigrantes, incluyendo al indocumentado, y a la creciente demanda entre los propios trabajadores por una nueva amnistía.

Si los 11 millones de trabajadores indocumentados recibieran igualdad de derechos, la segregación legal que ayuda a la explotación de los trabajadores desprotegidos sería abolida. El racismo que ayuda a la militarización de la frontera sería debilitado.

Además, le daría una voz a millones e incrementaría el número de electores quiénes podrían actuar en contra de los políticos que usan a los inmigrantes como chivos expiatorios. También ayudaría a revitalizar al movimiento obrero que está en crisis, pues los trabajadores inmigrantes están ofreciendo la mejor esperanza para toda la clase obrera de este país.

Según el movimiento obrero despierta, la clase obrera debe presentar su propia propuesta: amnistía sin criminalización. Este es el espíritu reflejado en las palabras de María González, quién marchó en Los Ángeles y al ver la gran masa de trabajadores rodeándole declaró: “Con tanta gente aquí, nosotros deberíamos exigir la legalización y la amnistía”.

Los efectos de las masivas protestas se están dejando sentir en la opinion pública. Una encuesta reciente de AP–Ipsos mostró que el 56 por ciento de la población apoya la idea de dejar que los indocumentados se queden en el país.

Esto muestra cómo un nuevo movimiento por los derechos civiles puede confrontar las mentiras y el racismo que son usados para envenenar la opinión pública. Si este movimiento puede desafiar el racismo, entonces también puede exigir la amnistía.

Por eso debemos continuar construyendo un movimiento por los derechos de los inmigrantes que sea independiente de las propuestas legislativas de los dos partidos en el poder que sirven los intereses de las corporaciones estadounidenses. Un movimiento que tenga como prioridad el organizar ahí donde tenemos más poder: en nuestros trabajos, escuelas y comunidades.

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El fraude del nuevo programa bracero


En las últimas semanas, el debate entre los senadores estadounidenses se agudizó. Por un lado están los Republicanos (y algunos Demócratas) que quieren “reforzar” la frontera entre EEUU y México, exigiendo medidas punitivas contra los indocumentados y quienes les ayudan.

Por otro lado están los Republicanos y Demócratas que abogan por el plan de trabajadores temporales (PTT), un programa que garantiza empleados legales de bajo costo para las grandes empresas, pero que no ofrece ni amnistía ni legalización “ganada” para la gran mayoría de los trabajadores.

El senador de Arizona John McCain explicó que su propio proyecto de ley McCain–Kennedy se enfoca en la “gran necesidad” de proteger la frontera para asegurar el país. “Por tanto tiempo, no se ha reformado las leyes migratorias de este país – y los americanos somos más vulnerables...No podemos demorar más la implementación de reformas”.

El senador Republicano de Pensilvania, Arlen Specter, ha intentado arbitrar los dos lados del debate. Su propuesta aumenta la seguridad militarizada en la frontera y un plan de trabajadores temporales, pero también está contundentemente en contra de la amnistía. En Los Ángeles, frente a un millón de participantes en la marcha de inmigrantes más grande de la historia de EEUU, el alcalde Demócrata Antonio Villaraigosa instó a todos a que apoyaran el plan de trabajadores temporales.

Pero hay otro lado en este debate––el lado de la clase trabajadora estadounidense bajo el liderazgo de millones de trabajadores inmigrantes, sus hijos y los que los respaldan. Aun cuando no se reconozca su voz como la voz oficial en el debate, ahora son ellos los que establecen las prioridades en la agenda. Y están reclamando el derecho a la amnistía.

Con mucha urgencia, los que se oponen a la amnistía están trabajando arduamente para forjar un acuerdo que evite comprometerse a la demanda por la amnistía. Desde que empezaron las protestas de masas y las huelgas estudiantiles en marzo, el nuevo movimiento de derechos civiles ha forzado el debate a un nivel público y nacional, en vez de quedarse en conversaciones en las salas ejecutivas y las reuniones anuales de inversionistas.

Este movimiento ha presionado al Congreso, que no quiere animar más protestas públicas, a buscar una alternativa al proyecto Sensenbrenner que incorpore un PTT. Así evitan responder a los reclamos del movimiento.

Hay quienes dicen que el PTT es incidental si la legislación que se apruebe acaba por omitir las provisiones draconianas de Sensenbrenner. No debemos aceptar este argumento.

Existen dos razones por las cuales un plan de trabajadores temporales está bajo seria consideración bipartidista en Washington. En sí los programas de trabajadores temporales crean un sector de trabajadores de segunda clase.

Las propuestas corrientes permiten que los empleados permanezcan en el país por un tiempo limitado, después del cual tienen que irse o competir con otros inmigrantes para un limitado número de visas. Mientras están en EEUU, no gozan de los derechos de otros trabajadores, como unirse a sindicatos, negociar colectivamente, hablar contra la explotación del patrón. Solo pueden dejar un trabajo opresivo si tienen otro empleo.

Por eso es que César Chávez y los United Farm Workers (UFW) solo lograron organizar la histórica lucha de los trabajadores agrícolas después de garantizar la abolición del último plan de trabajadores temporales (el programa Bracero) en 1964. Bajo las condiciones del programa bracero, los patrones lograron mantener afuera los sindicatos y establecer salarios muy bajos a través de todas industrias. Así las empresas agrícolas convirtieron la agricultura en una industria de $40 mil millones al año.

Según un estudio el periódico Sacramento Bee, el legado ha sido que muchos trabajadores agrícolas no ganan más de $4000 al año, empobrecidos por una combinación de salarios bajos y la falta de derechos humanos básicos.

El periodista laboral David Bacon concluye que “Estas propuestas incorporan las demandas de la Coalición para la Inmigración de Trabajadores Esenciales (EWIC) [que comprende] 36 de las asociaciones más grandes de manufactureros, dirigida por la Cámara de Comercio de EEUU...A pesar de sus declaraciones, no existe ninguna falta de trabajadores en Estados Unidos. Hay una falta de trabajadores [que acepten] los salarios bajos que las industrias quieren pagar”.

Las propuestas de trabajadores temporales tienen como objetivo prevenir o reducir el nivel de sindicalización en las industrias más allá de la agricultura. Las propuestas más recientes, acogidas por un sinnúmero de intereses corporativos, permitirían el empleo de trabajadores temporales en las industrias de construcción, de las empacadoras, de los hoteles y restaurantes, tanto como la manufactura, el transporte, la salud y otros.

Dentro de estas mismas industrias, los trabajadores inmigrantes han tomado un papel clave en resucitar el movimiento laboral en las últimas dos décadas.

Mientras la membresía sindical ha disminuido en las últimas tres décadas, los trabajadores inmigrantes han impulsado su crecimiento. Según un estudio del Instituto de Política del Inmigrante, el 11 por ciento de los 17.7 millones de trabajadores nacidos fuera del país tienen representación sindical, a pesar de las dificultades en obtener la ciudadanía. El número de inmigrantes en sindicatos ha aumentado un 23 por ciento entres los años 1996 y 2003––un reflejo del cambio de actitud en los sindicatos y también la militancia de los mismos obreros.

La unión Service Employees International Union (SEIU por sus siglas en inglés), con miembros principalmente in el sector público y de la salud, ha sido uno de los sindicatos de más crecimiento en EEUU. Tiene una membresía de 1.8 millones de trabajadores, y los trabajadores inmigrantes constituyen unos dos tercios de esta cifra.

Un nuevo plan de trabajadores temporales detendría el crecimiento de los sindicatos en estos sectores industriales. Socavaría la fuerza sindical al dejar que el patrón utilizara trabajadores braceros como arma contra la negociación colectiva y los esfuerzos por formar uniones. Crearía una fuerza de trabajo segregada, controlada y explotada por las empresas grandes. Y el movimiento laboral daría un paso atrás a los días antes de César Chávez y el movimiento de los trabajadores agrícolas.

Hay que aprender de la historia de los movimientos de masas––no se puede depender de los políticos o las corporaciones para garantizar los derechos humanos. Este nuevo movimiento de derechos civiles ha alzado su voz, y ahora debe de exigir en voz alta la amnistía sin plan de trabajadores temporales.

Nota: Reportaje insertado en www.aporrea.org, por Stalin Pérez Borges/Prensa UNT