Buenos Aires 09 Ene. - En un fallo considerado ejemplarizador para las fuerzas de seguridad, dos policías recibieron el lunes severas condenas por el asesinato de dos jóvenes militantes "piqueteros" (desempleados) en una marcha callejera en 2002.
Las sentencias recayeron sobre el ex comisario de la policía provincial de Buenos Aires, Alfredo Fanchiotti, y el ex suboficial Alejandro Acosta, ambos condenados a prisión perpetua.
Las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, perseguidos y ultimados a balazos por los dos policías en la vecina ciudad de Avellaneda, fueron registradas por fotógrafos y cámaras de televisión.
El asesinato provocó tal ola de indignación nacional, que obligó al entonces presidente provisional Eduardo Duhalde a anticipar la convocatoria a elecciones y a acortar en unos seis meses su permanencia en el gobierno.
Los tres jueces de un tribunal de Lomas de Zamora, al sur de esta capital, hallaron culpables a Fanchiotti y Acosta de "doble homicidio, agravado por alevosía".
Hubo también condenas menores a otros cinco policías bonaerenses, acusados de "encubrimiento agravado".
El 25 de junio de 2002, cuando Argentina estaba bajo los efectos de la peor crisis económica y social de las últimas décadas, una multitudinaria marcha de "piqueteros" proveniente de los suburbios de esta capital, intentó ingresar a la ciudad a través de un puente tendido en la zona sur.
El gobierno de Duhalde dio órdenes de frenar la marcha. La policía provincial de Buenos Aires lo hizo de manera sumamente violenta.
En un primer momento el comisario Fanchiotti sostuvo que Kosteki y Santillán cayeron alcanzados por balas de sus propios compañeros. Pero las evidencias fílmicas y fotográficas obligaron a las autoridades a relevarlos y someterlos a proceso penal.
Entonces, los familiares de los dos jóvenes, con el respaldo de grupos políticos radicalizados, se mostraron disconformes y sostuvieron que los policías deberían ser condenados a reclusión perpetua.
También acusaron a la justicia y al gobierno de haber encubierto a las autoridades políticas que impartieron las órdenes de represión.
El testimonio de Carlos Soria, que fue jefe de inteligencia durante la administración de Duhalde, pareció darles la razón. Declaró ante los jueces que el gobierno quiso convertir la represión de la marcha de los desemplados "en un caso testigo, destinado a recomponer la autoridad del Estado".
Cuando el tribunal leyó las sentencias, en los alrededores del edificio judicial se escucharon gritos y cánticos.
Los abogados de los dos policías anticiparon que apelarán la sentencia. Alegaron que sus defendidos han sido las "víctimas expiatorias" de funcionarios políticos que ordenaron la represión policial.
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