Dos bloques claramente diferenciados de la industria farmacéutica española viven en estos días un duro enfrentamiento. Los laboratorios están en pugna con los productores de medicamentos genéricos. La controversia tiene que ver con la vigencia, o su interrupción, de 15 patentes, que suponen el 20% del gasto total farmacéutico.
Se calcula que hay 600 millones de euros (100.000 millones de pesetas) en juego. Prolongar la vigencia de estas 15 patentes resulta clave para la cuenta de resultados de los laboratorios que las tienen en propiedad. Extinguirlas es fundamental para que sus competidores, la industria española productora de genéricos, pueda empezar a poner en el mercado estas sustancias, libres de marca comercial y, por tanto, a más bajo precio. Se calcula que con ello el Sistema Nacional de Salud (SNS) ahorraría 100 millones de euros en cada uno de los seis próximos años.
Las patronales de ambas facciones, Farmaindustria (por el lado de los laboratorios) y Aeseg (por el lado de los fabricantes de genéricos) han desplegado todas sus armas. Algunas empresas han quedado en medio. Es el caso, entre otras, de Novartis, que ocupa una vicepresidencia en Farmaindustria, al tiempo que su filial especializada en la fabricación y comercialización de genéricos, Sandoz, ocupa la presidencia de Aeseg. La primera batalla la ha ganado Aeseg, pero, según Farmaindustria, la guerra no ha terminado.
La tormenta entre ambas facciones de la industria farmacéutica española se desató cuando el Grupo Parlamentario de CiU presentó sus enmiendas al proyecto de ley de protección de la propiedad intelectual e industrial, conocida como ley antipiratería. Esta reforma legislativa se tramita en el Congreso de los Diputados.
Con las propuestas de CiU, los laboratorios tendrían garantizada hasta el 2012 la exclusividad en la comercialización de un buen número de medicamentos que, de otro modo, podrían ser vendidos libremente por la industria de genéricos.
Además, al propiciar que las patentes tuvieran efecto retroactivo desde 1992, la propuesta de CiU implicaba que las empresas de genéricos tendrían que abonar una "regalía" a los laboratorios. La cifra resultaría equivalente a los royaltis no abonados en todos estos años.
Aeseg puso el grito en el cielo y acusó a CiU de "beneficiar a las grandes empresas farmacéuticas multinacionales". A su juicio, la propuesta nacionalista iba a causar un perjuicio de 4.000 millones de menor ahorro al Sistema Nacional de Salud (SNS). En opinión de Aeseg, de haber prosperado la enmienda de CiU, "estrangularía el incipiente mercado de genéricos, puesto que impedirían comercializar medicamentos genéricos futuros hasta que no caducasen las reivindicaciones de producto".
El Ministerio de Sanidad movió ficha al ver en peligro su principal herramienta para contener el gasto farmacéutico: el desarrollo de los genéricos. Se calcula que estos fármacos resultan entre el 25% y el 50% más baratos que el medicamento original. El grupo socialista hizo saber a CiU que su iniciativa no iba a salir adelante y la formación nacionalista optó por retirar la iniciativa el 1 de febrero.
De poco sirvieron los argumentos de Farmaindustria. Esta asociación invoca el cumplimiento de un acuerdo mundial suscrito por España en el seno de la Organización Mundial de Comercio, en vigor desde enero de 1995. La patronal interpreta que con esta firma España se comprometió a acabar con el periodo transitorio de seis años pactado en su incorporación a la Comunidad Europea (en 1986), por el que no existirían patentes de producto en España sino a partir de 1992. La enmienda de CiU implicaba permitir el uso de patentes con efecto retroactivo anterior a 1992.
Farmaindustria sostiene que la menor protección de las patentes en España en relación con la cobertura que se aplica en el resto de Europa pone en peligro la elevada inversión en investigación y desarrollo (I+D) del sector. El farmacéutico es el primer sector inversor en I+D en España.
Tras la primera derrota en el Congreso, Farmaindustria pretende ahora apelar ante la Comisión Europea y promover procesos judiciales.
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