(Caracas, 8-3-06) Este viernes, la Comisión de Contraloría debatirá y aprobará el informe elaborado por la Subcomisión Especial que investigó la presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos para la ejecución de obras del Complejo Agroindustrial Azucarero “Ezequiel Zamora”, para lo cual se efectuará una sesión especial convocada para las diez de la mañana.
En la agenda de ese día, se incluyó, igualmente, la distribución de la Memoria y Cuenta del Gabinete Ejecutivo, que debe ser analizada por los integrantes de la Comisión de Contraloría, quienes participarán el mismo día junto al resto de los diputados de la AN, a partir de las 4 de la tarde, en un taller sobre la metodología para evaluar los mencionados documentos.
El presidente de la instancia parlamentaria, diputado Pedro Carreño (MVR/Barinas), indicó que la distribución del informe del CAAEZ se retardó porque tenía una concepción genérica, donde se relataban los hechos, las irregularidades y después se establecían los nombres. Consideró que para resguardar la seriedad de la lucha contra la corrupción debería utilizarse otra metodología.
En el informe, distribuido este miércoles, se colocan los nombres de los ciudadanos, los ilícitos que se cometieron, los artículos en los cuales se encuadra esa conducta y la solicitud de las distintas responsabilidades. El parlamentario hizo hincapié en la necesidad de resguardar el secreto del contenido del informe para evitar que se repita una situación similar a la ocurrida con el caso Fogade, donde un papel de trabajo sin ser debatido y aprobado fue tomado como real.
Al insistir ante los medios en la necesidad de no publicar el informe, expresó que ello pudiera generar alguna subjetividad, “no objetividad, porque los hechos están claritos y no están sujetos a modificación” y generar controversias en el marco del fragor de un debate político.
Negó haber recibido llamadas o presiones para retirar algún nombre del informe. “Los nombres que aquí aparecen son producto de la evaluación, del análisis, de la investigación, de las auditorías, tanto financieras como obras civiles, producto de la comparecencia y de las informaciones recibidos y esto se hizo en conjunción tanto con el Ministerio de la Defensa como del Fiscal 51 de Competencia Nacional, de manera tal de blindar el informe y evitar que al llegar al Ministerio Público no se encuentren suficientes elementos de juicio”.
Carreño enfatizó, al defender las razones antes expuestas, que no puede haber suspicacias de otro tipo, “pensando que vamos a preservar personas. Indudablemente que nuestro rol es preservar las personas, pero las inocentes. Los que tengan responsabilidad, que la asuman”.
Cuando se le preguntó si este caso correría una suerte similar al informe sobre el gobernador del estado Guárico, respondió que una prueba de que esta investigación parlamentaria no guarda relación con ninguna otra, es que en este caso no hay ninguna motivación personal para utilizar la lucha contra la corrupción como un arma de retaliación política, hecho que sí observó en el caso antes mencionado. “Allí observamos cómo se pronunciaban públicamente contra un gobernador. Tal vez se cometieron algunos ilícitos, pero los parlamentarios utilizaron la investigación para pasar facturas. Aquí no hay pase de factura, aquí hay una investigación transparente”, expresó.
El diputado Carreño no quiso precisar el número de personas que serán inhabilitadas políticamente, pero explicó que en el informe hay cuatro aspectos específicos: El primero de ellos, relativo al cheque de los 220 millones de bolívares cobrados. Allí hay responsabilidad de funcionarios del banco, de la empresa Yuelma y responsabilidades de ciudadanos que tenían bajo su facultad el control de estos documentos.
El segundo aspecto, es el faltante de los dos millardos veinte millones de bolívares. “Allí hay una serie de irregularidades y nosotros las hemos tipificado claramente, también se van a establecer responsabilidades”. El otro aspecto son irregularidades que cometieron empresas, que cobraron trabajos que no realizaron, que cobraron obras con sobreprecio, funcionarios públicos que contrajeron deudas y no estaban facultados para ello, que cometieron malversación porque utilizaron recursos del CAAEZ para la construcción de otras infraestructuras que nada tenían que ver con las obras civiles del complejo agroindustrial azucarero. En fin, todos los que tienen relación con este hecho tendrán que asumir su responsabilidad”. El cuarto punto es relativo a la madera.
Cuando se le preguntó si se establecerán responsabilidades a tres militares activos y a un ex ministro por el caso, el diputado Pedro Carreño señaló que “de acuerdo a sus actuaciones y a las investigaciones que observó todo el país, si de su conducta se desprende que tienen responsabilidad, serán impuestos de responsabilidad política y se le solicitará a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República para que inicien las actuaciones correspondientes”.
Informó que se impondrá la responsabilidad política a las personas jurídicas que generaron una lesión al patrimonio público. También declararán la responsabilidad política de los ex funcionarios, basados en la continuidad administrativa y en el articulo 271 de la Constitución que establece que no prescriben los delitos de corrupción.
Carreño, finalmente, anunció que acudirá a la Sala Constitucional del TSJ con el vicepresidente, diputado Eustoquio Contreras (MEP/Guárico), para introducir un recurso de interpretación del artículo 222 y los alcances y facultades que tiene la AN para imponer la responsabilidad política dentro de la esfera de sus atribuciones de control.
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