El Ministerio Público solicitó a los organismos de seguridad del estado Portuguesa que refuercen y garanticen el cumplimiento absoluto de las medidas de protección acordadas para un grupo de personas que prestaron testimonio en el juicio contra 11 funcionarios de la policía de dicha entidad, señalados como integrantes del grupo exterminio, al cual se le atribuyen más de un centenar de desapariciones y ajusticiamientos ocurridos en la región entre los años 2000 y 2001.
La petición obedece al estado de indefensión en el que se hallan los testigos sobrevientes. Dos de ellos han denunciado ser objeto de intimidación sistemática por parte de sujetos desconocidos que rondan sus hogares y hasta han proferido amenazas en su contra. El pasado viernes el acoso fue más allá de las palabras cuando la vivienda habitada por la familia de un tercer testigo, recibió una ráfaga de ametralladora, llegándose a contabilizar unos 20 impactos, pese a lo cual no hubo lesionados.
La gravedad de estos incidentes ameritó que el fiscal 3° de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, José Gilberto Tremaria, ordenará al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales, y Criminalísticas, el traslado de los ciudadanos agraviados, a los fines de preservar su integridad física y evitar que corran la misma suerte de 19 personas asesinadas hasta la fecha, presuntamente por colaborar en la investigación emprendida por el Ministerio Público para enjuiciar a los funcionarios policiales.
El 12 de agosto del 2005 el Tribunal 17 de juicio del Área Metropolitana de Caracas, sentenció a los 11 efectivos a penas que oscilan entre los 18 y 12 años de prisión, por la comisión de 4 homicidios. Sin embargo, argumentando la existencia de vicios procesales, la Sala 1ª de la Corte de Apelaciones revocó la decisión y ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público.
En respuesta, los fiscales 8°, 11 y 26 con competencia nacional y 23 del AMC, Gilberto Landaeta, Noel Pantoja, José Gregorio Castañeda y Didier Rojas, respectivamente, solicitaron un avocamiento ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de las nefastas consecuencias de este fallo que vulnera el espíritu del artículo 257 de la Constitución Nacional, el cual establece la imposibilidad de sacrificar la justicia en atención a formalidades no esenciales. Por la misma razón el Ministerio Público solicitó la destitución de la jueza Tibisay Pacheco, titular de la Sala 1ª.
Consideran los representantes fiscales que al sobreponer cuestiones de forma sobre el fondo de la sentencia, los integrantes de la Sala 1 no sólo pasaron por alto la gravedad del delito cometido y la conmoción generada, sino que tampoco consideraron la dificultad para celebrar un nuevo proceso judicial, a consecuencia de las amenazas de muerte dirigidas contra testigos, sobrevivientes, expertos y fiscales, situación que hace muy improbable que comparezcan dado el caso de que se inicie un nuevo debate.
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