jueves, mayo 11, 2006

Proyecto de Ley de Participación y Poder Popular será discutido en la AN

(Caracas, 11-5-06) La Comisión de Participación Ciudadana, que preside el diputado David Velásquez (PCV/Miranda), discutirá, el próximo miércoles, el Proyecto de Ley Orgánica de Participación y Poder Popular, que elabora la Subcomisión de Participación.

La información la suministró el diputado Oresteres Leal (MVR/Trujillo), quien señaló que la subcomisión a su cargo se encuentra elaborando el documento que será presentado a la consideración de los diputados miembros de la Comisión de Participación Ciudadana, a fin de que dentro de 15 días sea pasado a la Secretaría de la AN para su aprobación en primera discusión.

Explicó el parlamentario, que como existe un proyecto de ley que fue aprobado en primera discusión relativo a esta materia, la subcomisión presentará un nuevo proyecto para que sea aprobado en primera discusión, pero hay que levantar la sanción al anterior instrumento legal. “Se aprueba éste en primera discusión y se continúa para someterlo a consulta popular a fin de fortalecer cada día más la voluntad de un pueblo”.

Precisó, que hay que destacar la importancia de la Asamblea Nacional que pasa por instrumentar y hacer vinculante la estrategia social de trabajo de lo que el pueblo plantea a nivel de calle y lo que se debate a nivel de la Cámara, de los diputados de la AN”.

Indicó que se trata de una ley importante en este año de la participación protagónica y el poder popular, por lo que se debe lograr a través de la ley el construir, profundizar y fortalecer el poder popular a fin de activar verdaderamente la democracia participativa y protagónica, “y materializarla en todos sus ámbitos, para obtener el nuevo modelo de gobierno, de comunidad y de sociedad que se requiere, eso solamente lo vamos a lograr siendo fieles a la Constitución Nacional y a la participación protagónica del pueblo”.

Afirmó el diputado Leal, que debe construirse de verdad la institucionalidad comunitaria, la cual es la institucionalidad que sabe administrar, que lucha por el bien y tiene la capacidad de trabajar en colectivo, “para poder, nosotros, de verdad, contrarrestar o hacer cada vez menor la institucionalidad burocrática y corrompida que maltrata el bien común”.

Agregó que para la próxima semana, la Comisión de Participación Ciudadana en pleno discutirá el proyecto de ley y, posteriormente, se remitirá en unos 15 días a la Secretaría de la AN para que sea aprobado en primera discusión.

Aseguró, finalmente, el asambleísta que este instrumento legal será aprobado durante este período de sesiones, ya que al ser aprobado a mediados de junio en primera discusión se tendrían las dos semanas restantes de junio y los meses de julio y agosto para aprobarlo en segunda discusión, y cumplir de esa manera con la agenda legislativa planteada.

AN solicita al Ejecutivo nacional el control
fiscal de los precios de exportación petrolera

El planteamiento forma parte de una de las conclusiones del informe final presentada por la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional en el pasado periodo legislativo para Investigar las presuntas irregularidades detectadas por el Ministerio de Energía y Petróleo, Cometidas en la Formulación, Celebración y Ejecución de los Convenios Operativos, Asociaciones Estratégicas y Negocios Internacionales

Celia Morales / Prensa AN

(Caracas, 11-5-06) El control fiscal de los precios de exportación y la adopción de medidas tendentes a establecer mecanismos de control fiscal público de los precios de exportación petrolera, solicita la Asamblea Nacional al Ejecutivo nacional en el informe final aprobado sobre la apertura petrolera.

La afirmación del presidente de la Comisión Especial designada por la Asamblea Nacional en el pasado periodo legislativo para Investigar las presuntas irregularidades detectadas por el Ministerio de Energía y Petróleo, Cometidas en la Formulación, Celebración y Ejecución de los Convenios Operativos, Asociaciones Estratégicas y Negocios Internacionales, diputado Rodrigo Cabezas (Independiente/Zulia) durante una rueda de prensa que ofreció este jueves en compañía de los parlamentarios Juan José Molina y Lisandro Cabello, miembros también de la citada instancia legislativa.

El diputado Cabezas se refirió al caso de la internacionalización petrolera que se efectuó en los años 80, con la finalidad de instalar un conjunto de refinerías en el país provenientes del exterior, particularmente de Estados Unidos. “Hoy podemos decirle a la nación que el proceso de internacionalización tuvo un objetivo fiscal, como reducir la carga impositiva de Pdvsa mediante un proceso de mecanismo de transferencia de ganancias insólito que llevó por más de veinte años que ese negocio no permitiera a la República recibir ni un centavo de dólar”.

“Se sabe que produjeron un mecanismo de descuentos, y los cuales asociados al precio de petróleo por más de 6 mil millones de barriles de petróleo crudo asciende a 1,3 dólares por barril, teniendo un impacto de 7.5 millardos de dólares a precios de los años 80-90, 11 millardos de dólares con relación a este tiempo. Por ello se estima que la República dejó de percibir 253 millones de dólares.

Al respecto, afirmó que se observa en todo este proceso que no se hicieron en ningún momento aportes de capital a las empresas filiales en el extranjero, lo cual obligó a pagar impuestos en los Estados Unidos y a no cancelarlos en Venezuela. “Los que dirigieron Pdvsa y Citgo prefirieron pagar un dólar en esa nación y no cancelar dos dólares de impuesto en la patria venezolana, de allí su mentalidad transnacionalizada”.

Con respecto a las conclusiones del informe, destacó que se plantea en el informe que la Asamblea Nacional solicita al Ejecutivo nacional el control fiscal de los precios de exportación, que tome medidas para que se establezcan mecanismos de control fiscal público de los precios de exportación petrolero.

En segundo lugar, plantean que Pdvsa deberá terminar con los descuentos en los contratos de las filiales que controlan el 100% de sus acciones y deberá buscar reestructurar los contratos de aquellas filiales o compañías que detentan sociedad con Pdvsa, “a los efectos de que esta práctica perniciosa de los descuentos se suspenda inmediatamente”.

En tercer lugar, señaló que en ningún caso se va a permitir la venta de crudo venezolano por debajo del precio del mercado. En cuarto lugar, destacó que se solicita a Pdvsa que inicie los estudios correspondientes para desincorporar aquellos activos no medulares en el exterior y reestructurar los pasivos de esas filiales para tratar que en el corto y mediano plazo no se vaya a cercenar a la República y haya cargos sobre las cuentas fiscales sobre estos pasivos.

En quinto lugar, destacó que la Asamblea Nacional estima que la industria petrolera y el Ministerio de Energía y Petróleo deben asegurarles a los venezolanos que las filiales que tenemos en el exterior deben revertir a la nación dividendos, “es absolutamente inaceptable que a partir de este tiempo histórico el negocio petrolero en exterior no represente dividendos a la nación, sino endeudamiento y lavado de dinero”.

Asociaciones estratégicas

En cuanto a las asociaciones estratégicas firmadas con capital transnacional en la Faja Petrolífera del Orinoco, dijo que la Comisión Especial reconoce que a lo largo de su constitución, se ha producido un masivo sacrificio fiscal para los venezolanos. “Los que condujeron a Pdvsa, otorgaron tasas no petroleras, cuando han debido cancelar un tercio de regalía cancelaban 15 de regalía, así como Impuesto Sobre la Renta, sólo cancelaban 34% de dicho tributo”.

Destacó que también se pudo demostrar que se violaron las cláusulas aprobadas por el extinto Congreso de la República con relación al método, monto y superficie otorgada, hecho que consideró sumamente grave. “Se había acordado que todas las asociaciones estratégicas realizaran inyección cíclica de vapor, es decir, un mecanismo de recuperación secundaria de petróleo que permitiera una mayor eficiencia, eficacia en la extracción de un crudo de barril de petróleo en menor extensión posible y de esta manera, tener una tasa de recuperación en torno a 22% de lo que allí se encontraba”.

Dijo que el balance que tienen es que el factor de recuperación está en apenas 7% porque tanto Sincor como Petrozuata habrían violado las disposiciones de inyectar vapor como método de producción.

Se refirió al caso particular de Sincor, empresa a la que se le autorizó en el contrato una producción de 114 mil barriles diarios, está por el orden de los 210 mil barriles diarios, “totalmente fuera de lo acordado por el Congreso Nacional. Igualmente, en materia de superficie la acordada era de 250 kilómetros cuadrados aproximadamente, y de acuerdo a la investigación realizada se habla que hoy Sincor tiene 324 kilómetros cuadrados y nos reclama ahora 180 kilómetros cuadrados que están por asignársele”.

En cuanto a este capítulo de las asociaciones estratégicas, se insta al Ejecutivo nacional a establecer el régimen fiscal petrolero previsto en la Ley de Hidrocarburos. Se busca que no sigan pagando 16%, es decir, un tercio de regalía petrolera, sino 33%, se ha creado una figura de impuesto de extracción”.

Además, se plantea que Pdvsa debe exigir a las asociaciones estratégicas en la Faja Petrolífera del Orinoco a reducir al área a los 250 kilómetros cuadrados, autorizado por el anterior Congreso de la República.

Con relación al caso de Sincor, se insta al Ministerio de Energía y Petróleo a que tome medidas para hacer respetar los volúmenes aprobados por el viejo Congreso de la República, que era 114 mil barriles diarios de petróleo.

“También se acuerda y así se le solicita al Ejecutivo nacional, no tolerar más la explotación en la Faja Petrolífera del Orinoco. A todas las compañías que operan en la Faja se les debe exigir incrementar de manera inmediata y significativa el factor de recobro, no se acepta que esté en torno a 7%, sería un acto de insensibilidad patriótica.

Igualmente, se acordó solicitar al Ejecutivo nacional que elabore un instrumento legal para que la explotación y producción de la Faja Petrolífera del Orinoco se haga en pleno ejercicio de la soberanía venezolana, de una explotación racional, con el objeto que quede claro que para este tiempo y las generaciones futuras cómo se va explotar una riqueza que es de todos los venezolanos.

Puntualizó que también es necesario mantener el control del negocio petrolero en la Faja petrolífera del Orinoco. “Este Congreso no acepta que en la Faja Petrolífera del Orinoco no tengamos control del negocio petrolero. Estimamos que es de interés para la República y para las inversiones de largo plazo la presencia de capital privado nacional y extranjero, no tenemos ningún dogma contra ello, pero todo ello tiene que subordinarse a un precepto básico, aquí se nacionalizó la industria del petróleo, la meritocracia, y la clase política de la IV República aprobó el artículo 1 de la Ley de Nacionalización, que reservaba a los venezolanos la industria petrolera, pero posteriormente entregaron el negocio”.


Responsabilidad política

En cuando a la responsabilidad política, el diputado Juan José Molina precisó que sobre la base de la información suministrada por el ministro de Energía y Petróleo, así como la investigación adelantada sobre las ilegalidades cometidas en la operación y ejecución de asociaciones estratégicas, se acordó declarar la responsabilidad política de todos los funcionarios públicos que formularon, celebraron y ejecutaron estos negocios durante la década de los años 80-90, muy particularmente, a la directiva de Pdvsa del año 1994-1999, que estuvo presidida por Luis Giusti.

En tal sentido, se acuerda solicitar a la AN que se inste al Poder Ciudadano a los efectos de intentar todas las acciones administrativas, civiles y penales contra todos estos funcionarios en la medida de su intervención en la celebración de estos contratos.

Por otra parte, al ser consultado al diputado Rodrigo Cabezas sobre la decisión de solicitar al Ejecutivo nacional que no se venda un barril de petróleo a las empresas filiales en el extranjero por debajo del precio del mercado, destacó el parlamentario que también vale para el proceso de internacionalización petrolera.

MAT anuncia creación de 50 fundos zamoranos
y rescate de un millón 500 mil hectáreas

En una extensa reunión en el despacho del ministro Elías Jaua, los parlamentarios de la Comisión de Desarrollo Económico plantearon sus inquietudes, como la salida de Venezuela de la CAN hasta la disminución de las hectáreas cosechadas de maíz, y analizaron con el titular la política de subsidios y reducción de costos agrícolas

Sandra Ayala / Prensa AN

(Caracas, 11-5-06) El Ministerio de Agricultura y Tierras y la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Desarrollo Económico, analizaron por más de seis horas el plan de siembra y desarrollo agrícola 2006, anunciando su titular, Elías Jaua, la creación para el año 2006 de 50 nuevos fundos zamoranos, el rescate de un millón 500 mil hectáreas mediante procedimientos agrarios.

Durante el encuentro, se conversó sobre el objetivo del ministerio, el cual es avanzar hacia el desarrollo rural integral, fortaleciendo la justicia social, la consolidación de los circuitos agropecuarios y la seguridad alimentaria.

El ministro Elías Jaua explicó que dentro de este objetivo se encuentra estimar los niveles de producción nacional de acuerdo con la disponibilidad de alimentos requeridos para aportar un promedio diario per cápita de 1.850 kilos de calorías y 55.8 gramos de proteínas.

En cuanto a las kilocalorías por persona al día, se tiene pautado producir para el 2006 1.850 K/c, mientras que para el 2010 se estiman 2.639 y para el 2015 3888.

Con relación al plan de siembra, destacó que la superficie a cosechar 2006: 2.600 millones de hectáreas, 2010: 3.800 millones de hectáreas y para el 2015: 5700 millones de hectáreas.

Se tiene prevista la construcción de 2.521 kilómetros de vialidad agrícola, rehabilitación de sistema de riego para 125 mil hectáreas, la construcción por parte del INTI de un laboratorio para el análisis de suelos con fines agrícolas, 47 fundos zamoranos (área 526 mil hectáreas) y creación de 50 nuevos fundos zamoranos para el 2006, rescate un millón 500 mil hectáreas a través de procedimientos agrarios.

Indicó que se impulsarán las obras de infraestructura de apoyo a la producción, incluyendo almacenamiento, electrificación rural y vialidad, así mismo, tienen como meta de regularización de la tenencia de tierra a través del otorgamiento de títulos de adjudicación y nacionalizar el uso de fertilizantes químicos.

El ministro Jaua admitió que no se puede establecer en la actualidad el impuesto predial hasta tanto no exista una clasificación de suelos de acuerdo con su vocación agrícola.

Aseveró que se estima, dentro del programa agro productivo, sembrar 4 millones 149 mil hectáreas, con una inversión de 8 mil 993 millones de bolívares, que permitirá, además, la creación de 1 millón 325 mil y empleos indirectos.

Precisó, que dentro del Plan Integral de Desarrollo del agro venezolano se abordan todas las variables, como vialidad, innovación tecnológica, sanidad animal y vegetal, industria, comercialización, financiamiento. “Queremos una política que trascienda el tema de los precios y del financiamiento, que se ha convertido en un círculo vicioso”.

Dijo que todas las denuncias han sido canalizadas a través de la Comisión de Desarrollo Económico acerca del problema de tierras, comercialización y financiamiento agrícolas, para los cuales serán establecidos mecanismos de coordinación entre la AN y el MAT para darle respuestas, pero sin perder de vista que la verdadera salida es el desarrollo de un plan integral.

Acabar con el monopolio

Acotó que la Corporación Venezolana Agraria tiene dentro de la visión del plan integral la constitución de unas nueve empresas agroindustriales para producir café, arroz, maíz, leche, lo cual permitirá, según su opinión, acabar con el monopolio que ciertas agroindustrias tienen sobre la producción de alimentos en nuestro país.

Igualmente, se han creado redes con las cooperativas de la Misión Vuelvan Caras, torrefactoras de café, procesadoras de alimentos, para diversificar la capacidad de venta de los productores mucho más allá de la gran agroindustria que siempre ha operado en el país. “Creo que el carácter monopólico con el que ellas han actuado no se corresponde con lo planteado en la Constitución Nacional y con el espíritu de una sociedad democrática”.

En cuanto a la salida de la Comunidad Andina de Naciones, Elías Jaua admitió que tienen algunas preocupaciones con respecto a algunos rubros como el arroz, pero asegura que no es la salida de la CAN la que genera estos problemas, “sino la firma del tratado de Libre Comercio que hizo Colombia con EUA, donde se comprometió a cuotas de importación de arroz que equivalen a lo que en estos momentos nuestros productores colocaban en el mercado colombiano, lo que nos lleva a diversificar de nuestro mercado hacia el Caribe, Uruguay, Argentina, el noreste brasileño”.

Asegura que están trabajando que estas cosechas que se colocaban en Colombia y que asegura está secuestrada por el acuerdo firmado con EUA pueda encontrar otros mercados. “Ese es el rubro que podría estar más afectado”.

Sobre la carne, el ministro de Agricultura y Tierras aseveró que Venezuela tiene una alta dependencia del ganado en pie colombiano que luego es beneficiado en Venezuela, “sin embargo, el desarrollo de la política de fomento ganadero que se está adelantando y tomando en consideración que el lapso de desmontaje de todo lo que son las preferencias arancelarias y no arancelarias dura cinco años, creemos poder tener una política más clara para evitar que se produzca cualquier desabastecimiento de carne en el país”.

Encuentro positivo

Para el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, diputado Ricardo Gutiérrez (podemos/Portuguesa), el encuentro fue altamente positivo, pues le han planteado al ministro las denuncias que se han efectuado a la instancia parlamentaria, especialmente lo relacionado con el plan de siembra.

Considera que la visión macro expresada por el titular de tierras, permitirá poner énfasis en disminuir la estructura de costos, lo que podría llevar en el futuro a generar procesos de subsidios en algunos aspectos de la producción agrícola y pecuaria.

Especialmente, el parlamentario quiso referirse al reclamo de los productores de maíz, quienes arrimaron su cosecha a la agroindustria en diciembre de 2005 cuando el precio de este rubro estaba en 516 bolívares por kilo, recordando que el Ejecutivo decidió aumentarlo a 560 Bs./kg. “Esto tuvo efectos negativos en aquellos productores que habían vendido su cosecha al precio de 516 y el diferencial no lo paga la agroindustria”.

“Hemos pedido al ministro de Agricultura y Tierras, que estudie esta situación que podría solucionarse, a través de la cancelación de este diferencial”, recalcó Gutiérrez.

En el encuentro, se discutió la posibilidad de cancelar este diferencial a los productores, lo cual podría ascender a 15 mil millones de bolívares, sin embargo, este mecanismo está en estudio en el Ejecutivo.

Asimismo, se analizó el caso de la empresa Parmalat en el Zulia, sobre lo cual el titular del MAT informó que actualmente una comisión de alto nivel, conformada por el vicepresidente, José Vicente Rangel, y la ministra María Cristina Iglesias, se encuentran en conversación con la empresa para adquirirla por completo.

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