Caracas, 24 Ene. ABN.- El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) revisa a partir de este martes 24 de enero la situación legal del terrorista cubano-venezolano Luis Posada Carriles para decidir si le otorga libertad condicional o lo mantiene retenido bajo cargos menores.
La información fue suministrada por el diario estadounidense El Nuevo Herald, en un artículo en el cual precisa que la revisión del status legal de Posada Carriles será de carácter administrativo y estará a cargo del Departamento de Seguridad Territorial (DHS, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el rotativo, el estudio del caso podría extenderse por más de una semana.
«Me encantaría que esta misma semana tuviera que coger un avión rumbo a Texas para sacar a mi cliente de la cárcel, pero no creo que será un proceso tan fácil», dijo el abogado defensor de Posada Carriles, Eduardo Soto, citado por el Herald.
Posada Carriles está recluido en un centro de detención de El Paso, Texas, desde mayo del año pasado, tras haber sido arrestado por delitos de falsificación de documentos de identidad e ingreso ilegal a Estados Unidos.
A ese país llegó tras haber sido indultado por la ex presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, de cargos por terrorismo.
Fue capturado en esa nación centroamericana con explosivos de alta potencia en su poder y vinculado con una conspiración para volar un local donde se encontraba el presidente cubano, Fidel Castro.
En Venezuela y en Cuba Posada Carriles enfrenta cargos por el atentado contra un avión civil cubano en pleno vuelo, que en el año 1976 costó la vida a 73 personas, la mayoría jóvenes deportistas.
El año pasado, el tribunal de inmigración que hizo arrestar al terrorista denegó su deportación a Venezuela, con el argumento de que su vida correría peligro si era extraditado y que sería torturado.
Pese a que el Gobierno venezolano explicó que tal argumento carecía de sustento por cuanto la justicia de Venezuela no contempla la pena de muerte ni tampoco la práctica de la tortura, el Ejecutivo estadounidense se rehúsa a extraditarlo.
De este fallo se cumplieron tres meses y en virtud de ello es que el Gobierno procede ahora a revisar el caso.
De acuerdo con el tratado de extradición vigente entre EEUU y Venezuela, el Gobierno federal estadounidense está en la obligación de estudiar el caso y de emitir un pronunciamiento, algo que ha esquivado hacer hasta ahora y así ha dejado la decisión en manos de la justicia común.
Tanto la comunidad internacional como legisladores y políticos estadounidenses e importantes medios de comunicación social de ese país como el diario The New York Times se unieron decididamente a la campaña por la deportación del terrorista a Venezuela para que enfrente un juicio.
Juego comprado
Según el Herald, Soto envió este lunes un expediente de más de 50 páginas a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso, con el argumento de que Posada Carriles, de 77 años, no representa un peligro para la comunidad y estaría en disposición de presentarse regularmente ante las autoridades.
«Se han enviado pruebas suficientes de sus lazos con la comunidad, un resumen de su vida pública, datos de su familia en Estados Unidos, así como el lugar donde vivirá y una propuesta de empleo inmediato si se produce su excarcelación», explicó Soto.
El ICE en El Paso no hizo comentarios y fuentes anónimas dijeron a El Nuevo Herald que Posada Carriles no sería puesto en libertad de inmediato.
De acuerdo con el ICE, los funcionarios tendrán hasta el 28 de marzo para tomar una decisión final sobre la custodia de Posada Carriles, lo cual contradice la primera afirmación de que la situación se esclarecería en una semana.
Con motivo de esta revisión, se realizó este martes una gigantesca marcha en La Habana, Cuba, en la cual cientos de miles de cubanos, encabezados por el presidente, Fidel Castro, exigieron la extradición del terrorista a Venezuela para que sea juzgado por sus crímenes.
El abogado Soto adelantó al Herald que si Posada Carriles no es liberado, procederá entonces con una demanda federal para conseguirlo.
Según recuerda el diario, un veredicto del Tribunal Supremo el pasado año señaló que EEUU no puede mantener en cautiverio indefinido a los deportables, a menos que sean individuos altamente peligrosos para la comunidad.
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