A principios de febrero y después de varias semanas de operaciones en poblaciones del noroccidente y el Magdalena Medio cundinamarqueses, agentes de los servicios de Inteligencia colombianos se sentaron a revisar un cerro de documentos incautados durante los allanamientos realizados, entre otras, a propiedades de personajes que hace ya más de 15 años, pertenecieron a la organización del narcotraficante y paramilitar Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano. Uno de los documentos llamó la atención de los investigadores: era la copia de un acuerdo judicial realizado hace cerca de 10 años en Estados Unidos por un abogado que representaba a los herederos del sanguinario capo.A medida que jalaban los hilos de la historia, los agentes descubrieron una operación secreta que duró más de una década y que acaba de concluir, como resultado de la cual la justicia de Estados Unidos obtuvo 80 millones de dólares, depositados en 24 cuentas manejadas por testaferros de El Mexicano, en bancos europeos y asiáticos.
La contraprestación fue una especie de inmunidad judicial para la viuda y siete de los principales herederos del capo del narcotráfico, muerto en un enfrentamiento con fuerzas élite de la Policía Nacional el 15 de diciembre de 1989, en cercanías de Coveñas, en el litoral caribe. Todos ellos firmaron sin reservas un acuerdo que los comprometió a renunciar por completo a sus pretensiones frente a esos dineros y a facilitar su “repatriación” (así la denomina el documento respectivo) a Estados Unidos. Los herederos de Rodríguez Gacha quedaron así liberados de cargos relacionados con conspiración para introducir cocaína a ese país y ocultamiento de los frutos de sus actividades ilegales.
Se trata de un acuerdo único en su género, pues rompe los moldes tradicionales que hacían que los narcotraficantes colombianos consiguieran beneficios de Washington sólo cuando confesaban sus propias culpas o hacían delaciones efectivas. El último episodio de esta historia, hasta hoy inédita, lo escribieron sus protagonistas el martes 31 de enero de 2006, cuando a las cuentas de depósitos judiciales de la Corte del Distrito Medio de La Florida, División de Jacksonville, llegó la última remesa por 1,3 millones de dólares procedentes de un banco de Douglas, capital de la isla de Man, paraíso fiscal entre Inglaterra e Irlanda.
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Analistas consultados sobre las implicaciones de estos acuerdos secretos consideran que desvirtúan buena parte del discurso oficial de Estados Unidos en el tema de la lucha contra el narcotráfico. “El colombiano del común ve con muy malos ojos que, después de tantos años de sufrir por el narcotráfico y el terrorismo, generados por los consumidores de cocaína de Estados Unidos, los capos o sus herederos terminen negociando con la justicia de ese país, y reciban penas bajas o incluso inmunidad, todo por cuenta de que entregan plata”, explicó el ex vicepresidente Humberto de la Calle. “Sobre todo–agrega– si, como para ser el caso, ese dinero no revierte, por ejemplo, a las víctimas de los atentados cometidos por la organización de ese capo”.
Estados Unidos a menudo comparte el botín de las grandes operaciones antidroga con el gobierno colombiano, pero decidió guardar este en secreto.
El doble rasero para la élite y el resto no necesita resaltarse aquí. Gente mucho más abajo que la familia Rodríguez en la cadena alimenticia de la cocaína, que ha sido atrapado en los últimos diez años –chicos colombianos pobres que intentaron hacer un poco de dinero extra contrabandeando droga a los Estados Unidos, personas pobres que venden la droga por allá a menudo por que no tienen otras opciones de empleo, o tipos desafortunados simplemente arrestados por posesión de drogas–, no han lavado cuentas multimillonarias en dólares con las que comprar su salida de la cárcel. Muchos de ellos nunca han tocado un arma en sus vidas, mientras el cartel de Medellín era responsable por las muertes de cientos, quizá miles de personas.
Y en caso de que evadir las sentencias de prisión que enfrentaron sus subordinados no fuera suficiente, Cambio también cita fuentes anónimas diciendo que a la familia le fue permitido guardar 4 millones para que “pudieran vivir dignamente”.
Aunque no tan bien conocido en el mundo como su socio Pablo Escobar, “El Mexicano” es una figura legendaria en Colombia. En la cumbre del éxito del cártel de Medellín, Rodríguez Gacha pudo ser en verdad más rico que Escobar. Su muerte vino en los primeros meses de la “guerra” del cártel de Medellín contra el estado colombiano para evitar la extradición de sus líderes a los Estados Unidos.
Mencionado apenas con una referencia en el artículo de Cambio queda el rol de “El Mexicano” en el desarrollo del paramilitarismo moderno en Colombia. En los años ochenta le dio su apoyo al proyecto en la región de Magdalena Medio para crear escuadrones de la muerte extra gubernamentales, supuestamente para combatir a las guerrillas que los militares eran incapaces de enfrentar. Pero el verdadero resultado del proyecto paramilitar en Magdalena Medio, un bastión histórico del Partido Comunista, no era derrotar a la insurgencia sino un baño de sangre que duró años, matando a cientos de líderes comunitarios de izquierda pacifistas y a sus partidarios. Al menos un líder militar que recibió entrenamiento de los Estados Unidos fue una figura clave en esta campaña de terror.
“El Mexicano” es también conocido por haber sido una fuerza decisiva detrás de la campaña de exterminio sistemático de los candidatos y activistas de Unión Patriótica (UP), un partido político formado luego de las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno a mediados de los ochenta. Sus primeras campañas fueron un momento de mucha esperanza en una solución política para la guerra civil colombiana y un espacio para que la izquierda colombiana participara en política. El exterminio de la UP –con miles de miembros asesinados, incluyendo a dos candidatos presidenciales– convenció a muchos de que la democracia no existiría nunca en Colombia y de que la lucha armada era la única respuesta lógica, y sirvió como justificación para que las FARC se convirtieran luego en la gigantesca máquina militar que son ahora.
Coincidentemente, el 28 de enero, tres días antes de la llegada del pago final de la familia de “El Mexicano”, la sección de Puerto Boyacá de las Autodefensas del Magdalena Medio se desmovilizó como parte de un proceso de paz apoyado por el gobierno de Bush para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cada grupo de derechos humanos trabajando en Colombia ha denunciado este proceso por ser esencialmente una legalización del paramilitarismo más que una desmovilización. Pese al hecho de que casi todas las AUC se han “desmovilizado”, la actividad paramilitar continúa a niveles escandalosos en Colombia.
Las Autodefensas del Magdelena Medio fueron uno de los primeros grupos paramilitares modernos, fundadas en 1978. Se integró a las AUC en los años noventa y estaban aún bajo el mando de uno de los ex lugartenientes de El Mexicano, un hombre conocido como “Bolatón”, cuando sus armas fueron entregadas en enero pasado.
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos estaba tan dispuesto a llegar a un acuerdo con la familia de El Mexicano? El artículo de Cambio señala que el negocio no fue siquiera propuesto por la familia o sus abogados. Los Estados Unidos se acercaron a ellos para hacer la oferta. Pero Cambio deja la pregunta más grande sin respuesta: ¿Por que quería tanto los Estados Unidos evitar una acusación que podría resonar como una victoria en la guerra contra las drogas? ¿Tenía la DEA o alguien más interés en prevenir que la familia Rodríguez declarara en la corte?
¿O se trataba solamente del dinero y algunos tipos ambiciosos en el Departamento de Justicia? Y de ser así, ¿para qué se terminó usando ese dinero?
Ir tras los bienes es una forma común para que los grandes traficantes gringos eviten ser acusados en Estados Unidos, y es legal que los fiscales retiren los cargos basados en esto. Además del efectivo y bienes incautados en operaciones, esta es una importante fuente de fondos para la guerra contra las drogas dentro de las fronteras estadounidenses.
Lo que es peculiar aquí es tanto la enorme suma de dinero en juego como que aparentemente nunca fue ofrecida como vía de escape a ningún otro traficante colombiano. Además, los Estados Unidos firmó un acuerdo en 1998 para compartir los bienes que confisca a los narcotraficantes con el gobierno de Colombia. Y de todos modos prefirieron mantener en secreto el acuerdo y el dinero.
Una de las razones por las que Estados Unidos escogió mantener el acuerdo en secreto es probablemente que haría al país verse aún más suave con los traficantes que el estado colombiano. A mediados de los ochenta Pablo Escobar y otros trataron de entregar sus bienes para evitar acusaciones o la extradición a Estados Unidos, pero el gobierno colombiano se negó ante la protesta pública.
Inclusive si no había motivos ocultos para mantener a la familia Rodríguez fuera del estrado, parece extraño que los Estados Unidos hiciera las cosas de esta manera. Y por última, es un ejemplo llamativo de cómo el dinero habla en la guerra contra las drogas. No hay cheques de 4 millones de dólares para vivir “dignamente” para nadie que realmente lo necesite en esta guerra.
Fuente Original: http://www.narconews.com/
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