(Caracas, 10-1-06) La Comisión Especial designada por el propio presidente de la República, Hugo Chávez Frías, para el diagnóstico sobre el monopolio, acaparamiento y especulación de bienes y servicios, presidida por el diputado Ricardo Gutiérrez (Podemos/Portuguesa), y cuyo vicepresidente es el diputado Rodrigo Cabezas (Independiente/Zulia), al efectuar su primera reunión, decidió hacer un inventario de leyes y reglamentos que sean útiles al Ejecutivo para tomar acciones inmediatas en contra de estos delitos, así como realizar una mesa de trabajo esta misma semana con participación del Tribunal Supremo de Justicia, Procuraduría, Ministerio de Planificación, Poder Ciudadano, consumidores organizados y el secretario del Consejo Nacional de Defensa.
Gutiérrez señaló, además, que a corto plazo, estiman, con todos estos elementos, se redacte una ley breve, aplicable, eficiente, delimitada en acciones políticas, legales y sociales, “para combatir estos flagelos que parecieran tener propósitos políticos”.
Recordó que esta instancia fue nombrada por el presidente del Poder Legislativo, Nicolás Maduro (MVR/DC), en el acto de notificación del inicio de las sesiones ordinarias, por lo que este martes será oficializada por el plenario a fin de iniciar su labor.
“Luego de la intervención del presidente de la República, recalcó, nos fijamos la responsabilidad de actuar de manera expedita para establecer un conjunto de normas, bien sea actualizando las que existen o legislando nuevamente para combatir el acaparamiento, la especulación y actitudes monopólicas que afectan la marcha económica y social del país”.
Los integrantes de la comisión son: Ricardo Gutiérrez (presidente), Rodrigo Cabezas (vicepresidente), Ricardo Sanguino (MVR/Táchira), Rodolfo Sanz (PPT/Miranda), Juan José Molina (Podemos/Bolívar), Jesús Ernesto Graterol (MVR/Barinas), Gonzalo José Gualdrón (MVR/Barinas), Rafael Isea (MVR/Aragua), Erick Rodríguez (MVR/Miranda), Carlos Escarrá (MVR/Aragua) y Calixto Ortega (MVR/Zulia).
Ricardo Gutiérrez no descarta que este sea un mecanismo como el puesto en marcha en Chile para derrotar a Salvador Allende. “En Latinoamérica, quienes conocemos la historia de Chile, sabemos que prácticas de esta naturaleza son utilizadas con bastante frecuencia con fines políticos”.
Pero también analizarán cuáles son las motivaciones económicas para el acaparamiento, monopolio y especulación. “Incluso, puede haber razones, pueden desprenderse de decisiones del Ejecutivo en cuanto al establecimiento de precios y fórmulas de comercialización de algunos rubros como el café, maíz, azúcar, arroz y leche”.
Dijo que están dispuestos a dotar al Estado venezolano y al presidente Chávez de los instrumentos legales que le permitan ejercer con rapidez, autoridad y en el marco de la legalidad para contrarrestar cualquier acción con fines económicos, políticos, que lesionen o dañen a la economía.
En cuanto a la ley especial, transcendió que contendrá máximo 10 artículos, y su objetivo es resguardar la gobernabilidad y la defensa de los intereses de la Nación. “Ya el Ejecutivo ha tomado algunas acciones, como requisar algunos sitios en los que se tiene información de que están los productos acaparados, porque no puede ser que los ciudadanos busquen azúcar o café y estén acaparados en galpones privados, porque eso sería renunciar a un poder que le ha sido entregado al Poder Ejecutivo. Sin embargo, creemos que se necesitan leyes más claras y expeditas en su aplicación”.
Para Ricardo Sanguino es clara la necesidad urgente que tiene el Gobierno de un instrumento que le permita hacer frente al monopolio, también sabe que el Parlamento no puede tardar en la respuesta, por eso propuso darle celeridad a la materia de una ley especial concreta para este caso.
Romper viejos esquemas
Jesús Graterol estima que el monopolio y el acaparamiento van más allá de la ley. “No se puede ver la ley como una salida mágica, debemos involucrar a todos los sectores implicados en esta situación, como los productores, comerciantes, distribuidores, consumidores e intermediarios”.
A su juicio, el problema debe ser abordado de forma integral. “Debemos romper los viejos esquemas, aunque sepamos que se tocarán intereses de sectores que incluso están dentro de nosotros y del propio Ejecutivo nacional, por ello, en la ley se debe cristalizar el socialismo del Siglo XXI”.
Breve y contundente
Carlos Escarrá recordó el caso de la Ley de Tierras y la eliminación de algunos artículos por parte de la Sala Constitucional del TSJ, añadiendo que en ese entonces estaba constituida por magistrados, terratenientes y latifundistas que eliminaron mecanismos contemplados en la norma que permitieron acciones como las emprendidas por el ahora gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles, al intervenir los almacenes de la Polar.
“Debemos hacer una ley especial de ocho a diez artículos, breve y contundente, que pueda ser aprobada por la Asamblea en un plazo de un mes. Establecer una ley general, simple y sencilla”, recalcó.
Erick Rodríguez propuso partir de un inventario de las leyes normativas relacionadas con la materia, efectuar una reunión para la redacción de conceptos nuevos, y elaborar un papel de trabajo que contenga la esencia de los preceptos constitucionales de los artículos 113 y 114, sin excluir a nadie que pueda fortalecer la economía social.
De igual manera, considera que se debe abrir un ciclo de reuniones con ministros y presidentes de instituciones del Estado, con consumidores y productores. “El pueblo debe ser la fuerza de presión a la hora de situaciones de monopolio”.
Gonzalo Gualdrón manifestó que debe dársele un carácter constituyente a las decisiones que se tomen en este sentido, además, propuso otorgarle carácter parlamentario a la comisión.
Luego de estas reflexiones, se decidió una nueva reunión, el próximo jueves, en horas de la tarde, aun cuando no se informó si será en esta ocasión cuando comparecerán el TSJ, Procuraduría, Planificación y el secretario del Consejo Nacional de Defensa.
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