Brasil: Impuesto Territorial Rural, Los latifundistas le agradecen, Presidente

El 30 de noviembre de 1964, el entonces régimen militar promulgó, a través
de decreto, la primera ley de reforma agraria de Brasil. La Ley 4.554 se
llamó Estatuto de la Tierra. Muchos analistas agrarios de la época alabaron
su promulgación, pues en su esencia la ley era progresista. De hecho, traía
aspectos progresistas en su concepción, porque fue resultado de la propuesta
de un grupo de técnicos que venía preparando la ley desde el gobierno João
Goulart y se inspiraba en las ideas defendidas por la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL): utilizar una amplia distribución de tierras
como un mecanismo de distribución de renta, estímulo al mercado interno y al
desarrollo rural.

Entre los aspectos progresistas de la ley, estaba la creación del mecanismo
de desapropiación por el Estado. Acababa, por lo tanto, con el derecho
absoluto de la propiedad de la tierra, en vigor hasta entonces, y establecía
el pago de la tierra expropiada en títulos del tesoro nacional, pagables en
un período de veinte años.

Con el Estatuto de la Tierra, el gobierno creó el actual Instituto Nacional
de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), en su época llamado Instituto
Brasileño de Reforma Agraria (IBRA). Instituyó también la posibilidad de que
los beneficiarios de la reforma agraria se organicen cooperativas de
producción. Estableció el catastro de todos los inmuebles rurales del país,
hasta entonces inexistente, y los clasificó, por ley, en minifundios
(inmueble con una área inferior a las necesidades de desarrollo de una
familia campesina); empresas rurales (inmueble con una área y condiciones de
progreso económico); y latifundios (inmueble que era improductivo en
relación a su potencial, o tenía dimensiones que por sí sólo era nefasto
para la sociedad).

Entre otros elementos progresistas, la ley estableció por primera vez el
cobro de Impuesto Territorial Rural (ITR). Y aún más: determinaba un
impuesto progresivo, año a año, si su propietario no aumentaba la
producción. Los recursos serían recogidos por la Unión y deberían ir
directamente a las arcas del INCRA, para ayudar a financiar los costos de la
reforma agraria.

Pura propaganda de Cardoso

A lo largo de esos cuarenta años, diversos gobiernos intentaron agilizar el
impuesto. Ya el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) intentó
estadualizarlo. El ex ministro Raul Jungmann cambió los criterios del ITR
anunciando que el nuevo impuesto sería una verdadera revolución agraria,
como instrumento de corrección de la concentración de la propiedad agraria.
¡Pura propaganda!

En la realidad, durante todos esos años, el ITR nunca fue usado de forma
progresiva. También nunca hubo ningún mecanismo de sanción para aquellos
propietarios que no pagaban o mentían en sus declaraciones. Así, se unieron
dos factores, todos los gobiernos que pasaron por el Palacio de Planalto,
para mantener sus alianzas electorales, nunca quisieron elevar el impuesto y
penalizar a los grandes propietarios. Y la Reserva Federal se hacía de la
vista gorda en la recaudación de este impuesto. En todo ese periodo,
justicia sea hecha, hubo sólo un caso ejemplar de la superintendente de la
Reserva Federal de Ceará, durante el gobierno Itamar Franco (1992-94), que
usó la ley y trató de penalizar y recaudar el ITR en su Estado. Pagó caro su
osadía. Pasado el gobierno de Itamar, sufrió, hasta hoy, el ostracismo en la
Reserva Federal.

Entre los mentalizadores del Estatuto de la Tierra, estaba uno de los
mayores especialistas de reforma agraria del país, miembro de la Secretaría
Agraria del Partido de los Trabajadores (PT), y fundador de la Asociación
Brasileña de Reforma Agraria (ABRA), el viejo José Gomes da Silva, fallecido
en 1996. Él siempre defendió el uso riguroso del ITR como un instrumento que
contribuiría para presionar el aumento de la productividad, penalizar el
malo uso de la tierra por parte de los grandes propietarios y ser una fuente
importante de recursos para financiar la reforma agraria.

Él defendió siempre, en el PT, en la ABRA y en todos los foros posibles la
agilización de ese impuesto. Y se rebeló siempre, con fuertes argumentos,
cuando en diversas ocasiones, los gobiernos federales intentaron
estadualizar o municipalizar el impuesto. José Gomes defendía lo contrario:
era necesario mantenerlo como impuesto federal, pues eso permitiría a la
Reserva Federal cruzar las informaciones de los declarantes, con su impuesto
de renta y con otros impuestos. Y, así, los latifundistas no podrían mentir
o usar la propiedad de la tierra inclusive como forma de escabullirse del
pago del impuesto a la renta.

José Gomes defendía también que el gobierno federal debería cumplir la ley a
la raya, expropiar los latifundios y pagar sólo el valor declarado por el
propio hacendado al pagar el ITR. La Reserva Federal actualiza el índice de
hectáreas de tierra por región, pero el propietario es quien dice cuanto
vale cada hectárea. De ese modo, para efecto del impuesto a la renta, las
personas declaran cuanto vale su casa, su terreno, su apartamento. Las ideas
de José Gomes cayeron en el vacío y ninguno de los gobiernos las utilizó.
Murió soñando que un día Lula llegara al poder, y entonces podría aplicar lo
que siempre defendió en los programas del PT.

Como resultado de esa política de todos los gobiernos, el gobierno recaudó
por concepto del ITR sólo R$ 280 millones durante el 2004. Eso equivale al
Impuesto sobre Propiedad Territorial Urbana (IPTU) de sólo un barrio de la
ciudad de São Paulo.

Según las reglas actuales del ITR, las pequeñas propiedades están exentas
del pago. Entonces, si sumáramos los inmuebles clasificados como mediana y
gran propiedad, tendremos alrededor de 270 mil propietarios (342 mil
inmuebles por encima de 200 has - según el INCRA - y 272 mil
establecimientos rurales por encima de 200 has, según el Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística).

Esos medianos y grandes propietarios controlan 298 millones de hectáreas. Se
estima, entonces, que el actual ITR cobra menos de un real por hectárea por
año. Y cada hacendado paga, como promedio, mil reales por año por propiedad,
lo que es una bagatela y no representa ninguna presión, penalización y,
mucho menos, mecanismo fiscal correctivo de la concentración de la propiedad
de la tierra.

Al gusto de los latifundistas

La situación es esa. ¿Qué hizo el actual gobierno con respecto a esta
situación? Podía seguir la ley y las ideas de José Gomes da Silva: aumentar
la tasa del ITR por hectárea; aumentarlo progresivamente, año a año; pagar
las desapropiaciones sólo por el valor declarado por el latifundista; y
destinar esos recursos a la reforma agraria (una vez que, en los últimos
años, era destinado a la caja común del Tesoro).

El gobierno de Lula se olvidó de los consejos del viejo Zé Gomes. E hizo lo
que ningún otro gobierno se atrevió: municipalizó el cobro y el destino del
ITR. Así, envió un Proyecto de Ley al Congreso, que fue aprobado en última
instancia por el Senado y de forma casi unánime (¿extraño?) el día 15 de
diciembre pasado. Y, el último día del año del 2005, para que entre en vigor
en el año fiscal de 2006, el presidente Lula promulgó la nueva ley del ITR,
que deja de ser un impuesto para la reforma agraria. Ahora pasa a ser un
impuesto a ser cobrado, fiscalizado y recaudado por los Ayuntamientos
Municipales, que podrán usar el dinero como a bien tuvieren.

El ITR fue muerto y sepultado. La Reserva Federal va a perder el control del
catastro y de la oportunidad de cruzarlo con las declaraciones del impuesto
a la renta. Los latifundistas están eufóricos, ya pagaban poco y, ahora,
basta engañar a sus amigos alcaldes y pagarán aún menos. El INCRA pierde la
tasa que le venía siendo negada, pero que estaba en la ley, y pierde el
poder de expropiar por el valor declarado. Pierde la reforma agraria. Hace
falta el viejo Zé Gomes para explicar mejor la gravedad de ese cambio a su
amigo Luiz Inácio Lula da Silva. (Traducción: ALAI)

- João Pedro Stedile es dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales
Sin tierra (MST) y de la Vía Campesina - Brasil