Washington, 24 de enero. Un vocero del ejército estadunidense desmintió la noche del martes que los prisioneros recluidos bajo cargos de terrorismo desde finales de 2001 en la base naval de Guantánamo, Cuba, puedan ser condenados a muerte.
Horas antes se había informado que nuevos procedimientos sobre la pena capital harían esto posible, pero el portavoz, Paul Boyce, corrigió la declaración de su colega, Sheldon Smith, al afirmar: "Son especulaciones. Estoy corrigiéndolas (...) están mal".
De otro lado, un juez federal ordenó a Washington revelar las identidades de los detenidos en Guantánamo, al fallar en favor de una demanda interpuesta por la agencia noticiosa Associated Press (Ap).
Asimismo, el investigador del Consejo de Europa y senador suizo, Dick Marty, aseguró hoy que Estados Unidos "subcontrató tortura" al encargársela a personas de otros países y que posiblemente los gobiernos europeos lo sabían.
En cuanto a la posibilidad de aplicar ejecuciones en Guantánamo, ninguno de los diez prisioneros en esa base que comparecen ante tribunales militares excepcionales es candidato a recibir una condena a muerte. Se informó que se realizó una "revisión mayor" aplicable a partir del 17 de febrero que conciernen "condenas a muerte impuestas por las cortes marciales o tribunales militares".
En el documento se permite que la ejecución sea aplicada fuera de Leavenworth, un cuartel en Kansas que es el único sitio autorizado para ejecutar a condenados. Boyce señala que el documento simplemente "permite que otros sitios sean utilizados para ejecuciones". Horas antes, Sheldon afirmó que "los combatientes enemigos podrán ser afectados por esta reglamentación".
Boyce añadió que abogados del ejército estudian el tema y que se tendrá una clarificación completa este miércoles, cuando se informará la verdadera magnitud de la reglamentación.
La decisión fue tomada en favor de un recurso presentado por Ap, que busca tener acceso a las transcripciones no censuradas de más de 500 audiencias militares efectuadas para determinar si los detenidos deben ser clasificados apropiadamente como enemigos combatientes.
El Departamento de Defensa divulgó las transcripciones el año pasado, pero borró los nombres de los detenidos y sus nacionalidades alegando que revelar sus identidades pondría a sus familias en riesgo de represalias de grupos terroristas.
Rakoff sostuvo que el gobierno no ha "cumplido ni remotamente su obligación de demostrar que cada detenido o sus familias, amigos o asociados tienen un interés privado protegible".
A su vez, ante el Consejo de Europa, Dick Marty afirmó que "existe gran cantidad de evidencia coherente que apunta a la existencia de un sistema de 'reubicación' o 'subcontratación'", en su informe inicial sobre las acusaciones de que la CIA ha trasladado clandestinamente a detenidos y los ha mantenido recluidos en prisiones secretas, lo cual es improbable que haya ocurrido sin conocimiento de autoridades de los gobiernos del continente.
El informe agrega que más de 100 personas han sido objeto de "rendiciones", es decir, que han sido entregados a prisioneros de cárceles de terceros países donde se practica la tortura. Sin embargo, Marty afirmó que no ha conseguido aún "evidencia irrefutable" de estos hechos en los países que se han visto involucrados en las acusaciones: Rumania, Ucrania, Polonia, Kosovo, Macedonia y Bulgaria.
Por último, Falil Hilali, marroquí cuya extradición fue solicitada por España por sospechas de que participó en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, declaró el martes en Londres que ha sufrido torturas a manos de los servicios de inteligencia británicos. Tras estas acusaciones, los magistrados de la Suprema Corte londinense pospusieron la audiencia a Hilali para verificar sus afirmaciones.
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