La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA presentó su informe anual en donde incluyó una sección sobre los Derechos Humanos en Venezuela, reportó hoy la AFP.
La Comisión expresó su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales de personas que se han presentado en forma sistemática en algunas regiones del país y por la persecución a testigos de este tipo de hechos.
La impunidad frente a casos de ejecuciones extrajudiciales es uno de los graves problemas que confronta Venezuela, siendo una problemática que abarca la actividad de grupos parapoliciales, fenómenos de violencia contra personas socialmente marginadas y la persecución de campesinos involucrados en el proceso de reforma agraria.
La CIDH expresó su preocupación porque el Estado de Venezuela continua considerando que las decisiones de la Comisión Interamericana no son vinculantes en su ordenamiento jurídico interno. La Comisión reiteró la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el deber de los Estados de cumplir las obligaciones convencionales de buena fe y sobre el deber de los Estados de implementar y cumplir con las resoluciones emitidas por sus órganos de supervisión.
En cuanto a la administración de justicia, la Comisión valoró como aspecto positivo los programas impulsados en orden a fortalecer la cobertura, eficiencia y tecnología del sistema de administración de justicia, así como aquellas iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones laborales de los jueces. De otra parte, la CIDH tomó nota de los programas de regularización para impulsar la titularidad de los jueces.
Sin embargo, la CIDH reiteró su preocupación por la continuidad de un alto porcentaje de jueces en situación de provisionalidad. A ello se suma la irregular situación de funcionamiento de que ha acompañado a las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la mayoría de la Corte Primera fue destituida en octubre de 2003 y este tribunal estuvo sin funcionar durante nueve meses. La Comisión reiteró que es problemático que un tribunal que debe analizar asuntos de gran importancia –y, en particular, muchos actos del poder ejecutivo- lleve ya varios años sin contar con jueces de carrera.
Asimismo, la CIDH informó sobre la continuidad de problemas relacionados con la falta de estabilidad, el régimen transitorio en el que se encuentra la jurisdicción disciplinaria y la posible manipulación del poder judicial por parte del poder ejecutivo; además expresó su preocupación por la provisionalidad de un alto número de fiscales adscritos al Ministerio Público. La CIDH observó además que continúan sin cumplirse sus recomendaciones relacionadas con la aplicación de la justicia penal militar contra civiles y militares retirados. Aproximadamente un centenar de civiles habrían sido juzgadas o estarían siendo juzgados ante la justicia militar desde octubre de 2003.
Así mismo, la Comisión manifestó preocupación por las denuncias recibidas sobre la violencia registrada en las cárceles, penitenciarías e internados judiciales de Venezuela. Las cifras recibidas por la Comisión registraron 360 muertos y 69 heridos, entre enero y octubre de 2005.
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