Discuten proyecto de Ley de Infogobierno en sede del MCT

Caracas, 10 May. ABN.- Las mesas de discusión de las consultas públicas del proyecto de Ley de Tecnologías de la Información, en las cuales participan representantes de diversos organismos e instituciones públicas y privadas se realizan en la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT).

Durante esta actividad, que se inició hace dos semanas, los participantes elaboran propuestas que permitan mejorar ese instrumento legal, refirió el Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI) mediante una nota de prensa.

Dicha ley está dirigida a la administración pública y tiene como objetivo el establecimiento de normas y principios aplicables a las tecnologías de la información que utilizan los órganos del poder público.

El diputado a la Asamblea Nacional Luis Tascón informó que hasta el momento se han discutido 52 artículos, de 88 que conforman el cuerpo normativo.

Estimó que esta semana culminen los debates, a fin de redactar el informe que será llevado al Palacio Federal Legislativo para su segunda discusión y aprobación.

Tascón indicó que con este instrumento legal se busca mejorar el tema de infogobierno, el cual es un nuevo término que surgió de las discusiones y que sustituye a gobierno electrónico.

“Este cuerpo normativo se va a llamar Ley de Infogobierno”, precisó.

Por su parte, el consultor jurídico del Centro Nacional de Tecnologías de la Información, Gerardo Pagés, dijo que esta ley es novedosa en su articulado y contiene aspectos como infogobierno -gobierno electrónico- que está dirigido a mejorar la gestión interna del poder público, mejorar la relación entre gobierno y ciudadano y hacer más participativa, transparente y eficiente la gestión pública.

Señaló Pagés que otro de los aspectos que contempla el proyecto es la infodemocracia -democracia electrónica- que le permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y deberes mediante el uso de las tecnologías de información.

Ello, señaló, para asegurar la participación protagónica y la contraloría social en los asuntos públicos y generar una verdadera revolución ciudadana que transforme la naturaleza misma del Gobierno hacia el nuevo modelo económico y social.