Caracas, 01 Feb. ABN (Natalia Sardi).- Bajo la gestión del presidente Hugo Chávez se han aprobado dos nuevos instrumentos legales que persiguen fomentar, entre otros aspectos, el desarrollo de la producción audiovisual nacional.
Se trata de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y la Ley de Cinematografía.
La primera fue aprobada a finales del año 2004 y desde entonces es clara su influencia en las transmisiones audiovisuales con el impulso a la producción nacional, la regulación de los mensajes publicitarios, y el poder que ahora tienen los usuarios para hacer mejor televisión y radio.
Entre los avances que esta ley promueve, se establece la protección de los derechos comunicacionales de los niños, niñas y adolescentes, al regular el contenido de los mensajes emitidos y dividir la programación en bloques de horario.
Asimismo, impulsa la transmisión de producción nacional, tanto en la TV como en la radio. En este último medio, la programación musical debe tener 50% de talento venezolano.
Por otro lado, crea la figura de los comités de usuarios, que son conformados por ciudadanos que evalúan el cumplimiento de la ley por parte de los prestadores de servicio y están autorizados para hacer reclamos dentro del marco de la ley.
Una gran aporte es el es Registro Nacional de Productores Nacionales Independientes (PNI), en el cual se han inscrito más de cinco mil ciudadanos que, plenamente apoyados por la Ley Resorte, tienen la oportunidad de sacar al aire sus producciones, con lo que todos logran el acceso a la producción audiovisual.
La Ley Resorte no establece la censura previa y reafirma la libertad de expresión e información, ratificando los principios consagrados en la Constitución de la República.
No obstante, desde el año 2003 cuando tomó más fuerza su discusión y los actores que representan a los medios televisivos y radiofónicos privados observaron que iba en serio su aprobación en la Asamblea Nacional, comenzaron a atacar el proyecto de ley acusándolo de restringir la libertad de expresión.
Incluso se introdujeron recursos de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para limitar su alcance.
Hoy en día se le sigue acusando de reducir las libertades públicas. Sin embargo, la democratización de los mensajes ya están aportando sus primeros frutos con algunas producciones independientes que forman parte de la programación de los medios audiovisuales.
Por su parte, la nueva Ley de Cinematografía entró en vigencia el 27 de noviembre de 2005.
Con ella se espera que comience el financiamiento a los productores nacionales por parte del Fondo de Promoción y Fomento de Cine (Fonprocine).
A partir de la aplicación de este instrumento legal, las películas venezolanas tendrán más presencia y permanencia en las salas de exhibición.
En este sentido, se abren grandes oportunidades, ya que se establece el apoyo a la producción, a la formación, a la exhibición y a la distribución del cine independiente, además se insta a colaborar con la tecnología aplicada al cine.
Igualmente, la nueva ley ofrecerá la posibilidad a los nuevos talentos de exhibir sus cortometrajes en las salas para que sus producciones sean conocidas.
La ley garantiza que las obras venezolanas permanezcan por lo menos dos semanas en cartelera y que el dinero que se le liquide a las películas nacionales sea superior al monto que se cancela por las extranjeras.
Se establece que las empresas distribuidoras de filmes que operan en Venezuela den cabida a más de una docena de películas este año, ya que la ley dispone que al menos 20% de las películas que distribuyan en el país sean de producción nacional.
En el caso de que las películas venezolanas no alcancen ese 20% se pueden suplir con otras producciones que sean certificadas por el Cnac, siempre y cuando demuestren un interés artístico y cultural y resalten valores asociados a la infancia, a la adolescencia y a la protección de los derechos humanos.
Actualmente, espera por su segunda discusión en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Cultura, instrumento cuestionado por quienes consideran que, más allá de una ley orgánica que rija este campo, es pertinente reformar una serie de normas y crear otras que pauten una legislación en materia de diversidad cultural y que gestionen la participación privada en los asuntos públicos.
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