Bolivia: La baja de las reservas de Repsol es un paso gigantesco a la nacionalización

La revisión de las reservas de Repsol YPF, anunciada ayer en Madrid y que le provocó una estrunedosa caída en sus acciones, fue calificada por el gobierno boliviano como un "un paso gigantesco" hacia la nacionalización de los hidrocarburos.

"Yo me atrevería a decir que, con esta situación que ha ocurrido en Repsol, se ha dado un paso gigantesco en la nacionalización de los hidrocarburos, en la medida en que no son las empresas las que van a determinar el manejo de nuestras reservas, sino que será el Estado nacional el que lo va a hacer", dijo hoy el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.

En la víspera, la transnacional petrolera anunció la decisión de rebajar sus reservas en 25 por ciento, de los cuales un poco más de la mitad se debió —según Antonio Brufau —a la aplicación de la nueva ley de Hidrocarburos aprobada como consecuencia de las movilizaciones de octubre de 2003.

El mismo Brufeau anunció que Repsol YPF congelaba inversiones que llegarían a 400 millones de euros, porque con la nueva legislación algunos proyectos se habían convertido en inviables económicamente.

Repsol comenzó a sufrir castigos en la Bolsa después que el periodista Andrés Soliz, ahora ministro de Hidrocarburos, denunciara que Repsol había inscrito como suyas las reservas bolivianas, un extremo que le ayudó a una rápida valoración de sus activos, aunque esa decisión fue calificada como un "fraude fiscal" por el experto Ramiro Paz.

"Queremos nosotros transparentarnos, esa es la palabra que usó el Presidente de Repsol. Qué bueno que posterguen sus inversiones hasta estar transparentados", dijo Soliz.

La denuncia de la anotación de las reservas bolivianas en las bolsas de valores por Repsol le provocó una caída de 3 puntos porcentuales, pero la baja de las reservas le provocó una caída de cerca a 11 por ciento en dos días, es decir que desde el medio día de ayer, los accionistas de la petrolera vieron esfumarse 2,300 millones de euros.

Repsol opera en Bolivia pero sin que su contrato haya sido refrendado por el Congreso, tal como manda la Constitución, razón por la cual existen demandas judiciales que exigen la nulidad de ese acuerdo.