Clarence Hill estaba atado ayer a la camilla y tenía en los brazos las agujas para la aplicación intravenosa de la mezcla letal cuando llegó la noticia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos detenía la ejecución porque había aceptado su recurso contra el uso de la inyección.
La apelación presentada por su abogado, Todd Doss, sostiene que el procedimiento es inconstitucional porque los prisioneros sufren dolor cuando reciben la inyección letal que administra el estado de la Florida, lo que convierte la ejecución en un castigo "cruel e inusual".
En ese estado, los prisioneros reciben un cóctel compuesto de pentotal de sodio --que induce a la inconsciencia--, bromuro --que relaja los músculos del preso, para evitar sus movimientos involuntarios-- y cloruro de potasio --que paraliza el corazón--. Según algunos estudios científicos, estas sustancias no eliminan el dolor.
Hill fue condenado por asesinar al agente Stephen Taylor, durante el robo de un banco en 1982. El reo tenía 24 años. El prisionero admitió que cuando asaltó al banco y se presentaron dos policías, se acercó a ambos y les disparó por la espalda, según las autoridades de la Florida.
Desde que en 1976 se restableció la pena de muerte en Florida, 60 personas han sido ejecutadas. La última fue Glen Ocha, en mayo del 2005. La Iglesia católica de Florida ha pedido al gobernador del Estado, Jeb Bush, que conmute por una cadena perpetua la ejecución de dos condenados a muerte, uno de ellos Hill.
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