Washington, 27 ene.- La maniobra política utilizada por los republicanos para evadir las críticas demócratas, debido al escándalo de espionaje doméstico que aqueja a la Casa Blanca, desacredita a los oficialistas, destaca hoy el diario The Washington Post según un reporte la agencia Prensa Latina.
En un editorial, el influyente rotativo rechaza los cálculos hechos por la Administración del presidente George W. Bush, de que los opositores pagarán el precio de sus cuestionamientos a la mansión ejecutiva en las elecciones de noviembre próximo.
"Lo que sabemos es que el país está en medio de un debate importante sobre el alcance de los poderes presidenciales y las libertades civiles en tiempo de guerra", indica el Post.
Pero intentar convertir esto en un tema electoral es un traspié político que desacredita a la Administración y al Partido Republicano, afirma el diario, que califica la maniobra de aborrecible.
The Washington Post cita los casos del jefe adjunto de gabinete, Karl Rove, y Ken Mehlman, presidente del Comité Nacional Republicano, quienes tratan de presentar la postura demócrata contra el programa de espionaje doméstico como antipatriótica.
Recuerda, además, que los cuestionamientos al plan de fisgoneo de Bush no sólo provienen de las filas de la oposición.
Los senadores republicanos John McCain, Arlen Specter, Lindsey O. Graham, Chuck Hagel y Sam Brownback también han expresado dudas sobre la legalidad del programa de vigilancia autorizado por Bush, indica el periódico.
El escándalo de espionaje lo desató en diciembre último el diario The New York Times, al revelar que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés) supervisó llamadas telefónicas y correos electrónicos de miles de personas en este país.
Para ello la NSA no contó con orden judicial alguna, pero si con el visto bueno de una directiva emitida por Bush en 2002.
Una ley nacional de vigilancia de 1978 establece que los servicios de inteligencia deben solicitar permiso a una corte, antes de monitorear comunicaciones de civiles estadounidenses en territorio norteamericano.
Este lunes el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Dan Bartlett, anunció que las actividades de fisgoneo aprobadas por Bush continuarán, pese a los llamados urgentes de varios sectores a ponerle fin.
En opinión de Bartlett, "lo que hacemos es justo... es parte de las prerrogativas del presidente previstas en la Constitución, por ello debe continuar".
La semana pasada organizaciones defensoras de los derechos civiles emplazaron ante la Justicia al programa de espionaje, con la intención de "ponerle fin inmediatamente".
Las querellas fueron presentadas por la Unión Norteamericana por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), ambas dirigidas a suprimir de inmediato las actividades de monitoreo al margen de la ley.
ACLU acusó ante una corte de distrito en Michigan a la NSA, en nombre de periodistas, abogados, académicos y miembros de organizaciones no lucrativas que tienen comunicaciones telefónicas y por e-mails con ciudadanos del Medio Oriente.
Simultáneamente, el CCR presentó su denuncia ante un tribunal en Manhattan, Nueva York.
En su alegato, consideró que "la actividad ilegal se parapeta detrás de la seguridad nacional... cuando en realidad es un intento de la Administración Bush de ejercer poder ilimitado sin la interferencia de otros poderes".
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