La Paz, 21 dic (PL) Cuando falta más de un mes para que se ciña la banda presidencial, el líder indígena Evo Morales enfrenta hoy prematuras presiones de las transnacionales petroleras y de dirigentes regionales del oriente de Bolivia.
La Cámara de Hidrocarburos, que agrupa a esas empresas, y el Comité Cívico del oriental departamento de Santa Cruz, bajo control empresarial y derechista, lanzaron cuestionamientos contra la próxima administración.
La agrupación de transnacionales reiteró sus amenazas de no invertir más en el país, sin contar con condiciones jurídicas convenientes y ante el hecho de que el presidente electo habla de nacionalización.
Por su parte, el comité cruceño exigió al próximo mandatario que viabilice la licitación de la explotación de un gigantesco yacimiento de hierro y magnesio, cuya culminación, prevista para hoy, fue postergada por el gobierno, para dejar el asunto a la nueva administración.
El pronunciamiento de la Cámara de Hidrocarburos fue divulgado al día siguiente de ratificar el presidente electo que los contratos de operaciones de las transnacionales son legalmente nulos y que su gobierno recuperará la propiedad de esos recursos.
Aclaró también que no confiscará los bienes de esas empresas, pero deberán ajustarse a nuevas condiciones, como socias equitativas y no como patronas de Bolivia, y adelantó que aquellas que hayan incurrido en ilegalidades dejarán de operar en el país.
Planteadas así las cosas, la cámara sostiene que las condiciones jurídicas para invertir son exiguas "por la incertidumbre y por las propuestas de cambiar todo el panorama del sector con posibles nacionalizaciones y otras reformas".
Reclama por tanto al nuevo gobierno "establecer un escenario de mayor certidumbre en el que vuelvan a fluir las inversiones".
Recuerda que ocho de sus asociadas iniciaron procedimientos hacia arbitrajes internacionales, contra una nueva ley de Hidrocarburos que las obliga a cambiar sus contratos y afirma que están dispuestas a cambiar esa vía por una "negociación amigable".
Por su parte, el Comité Cívico de Santa Cruz rechazó la postergación de la licitación de El Mutún por 60 días, anunciada anoche por el ministro de la Presidencia, Iván Avilés, horas después que Morales pidió al gobierno abstenerse de decisiones importantes.
Organizaciones populares como el Comité de Defensa del Patrimonio Nacional y la Federación de Cooperativistas Mineros, identificados con el nuevo gobierno, pidieron no adjudicar El Mutún hasta conocer las condiciones de la entrega de su explotación a las transnacionales que compiten por la misma.
"Exigimos a Evo Morales que viabilice la conclusión de tan importante proyecto", sostiene por su parte un comunicado del comité de Santa Cruz, la plaza más importante ganada por la derecha en los comicios del domingo último, en los que Morales obtuvo más de 50 por ciento de los votos a nivel nacional.
El comité cívico y la alcaldía de Puerto Suárez, ciudad fronteriza con Brasil en cuya jurisdicción se encuentra el depósito de hierro, anunciaron una huelga general y un bloqueo de carreteras, incluyendo el paso a Brasil, desde mañana, contra la suspensión anunciada.
Entretanto, las expectativas se focalizan hoy en una asamblea del Movimiento al Socialismo y organizaciones sociales, que definirá criterios para la nominación de los ministros, la transición y las primeras acciones del nuevo gobierno.
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