Washington, 21 dic (PL) El juez federal James Robertson renunció a su cargo en protesta ante los poderes del presidente George W. Bush para autorizar un programa de espionaje contra los estadounidenses, informa hoy el diario The Washington Post.
De acuerdo con el rotativo, el letrado puso en tela de juicio la autoridad del gobernante, quien se abroga el derecho de aprobar escuchas secretas a sus conciudadanos, sin contar con una orden judicial.
En su carta de dimisión, Robertson cuestiona la legalidad del programa autorizado por Bush en su pregonada lucha contra el terrorismo, en espiral ascendente luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El juez integró por más de 25 años el llamado Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera (FISC), hasta ahora el único organismo que puede autorizar de manera legal la aplicación de técnicas de escucha contra los norteamericanos.
Colegas de Robertson citados por el Post aseguran que, a lo interno del tribunal, el letrado siempre se pronunció contra los amplios poderes de que disfruta Bush en su alegada campaña antiterrorista.
Este martes legisladores republicanos y demócratas pidieron una investigación inmediata del Congreso, para esclarecer hasta que punto es ilegal la actuación del gobernante en el espionaje a sus conciudadanos.
En una carta dirigida a los comités Judicial y de Inteligencia del Senado, tres demócratas y dos republicanos de la Cámara Alta manifestaron una "profunda preocupación" por las acciones de Bush sin "autorización legal adecuada".
La misiva, firmada por los senadores demócratas Dianne Feinstein, Carl Levin y Ron Wyden, y los republicanos Chuck Hagel y Olympia Snowe, señala que las afirmaciones del Presidente el último fin de semana "requieren una investigación inmediata del Senado".
En opinión de los congresistas, es necesario determinar lo antes posible "cuáles actividades fueron autorizadas y realizadas, cuántos nombres y números telefónicos estuvieron involucrados, en qué período y con qué fue el permiso legal".
El sábado, el Presidente corroboró un reporte del diario The New York Times, el cual reveló que la Casa Blanca había ordenado a la Agencia de Seguridad Nacional interceptar llamadas telefónicas al exterior, realizadas por residentes en Estados Unidos.
Bush confirmó la información, pese a que una ley aprobada por el Congreso en 1978 prohibe la escucha y grabación de comunicaciones de estadounidenses en el país, si no se cuenta para ello con una orden judicial.
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