miércoles, diciembre 21, 2005

Venezuela explica su posición de desacuerdo con la creación de la Comisión de Consolidación de la Paz

Nueva York, 20 de diciembre de 2005.- Después de haber participado en laboriosos y difíciles debates sobre el tema, la República Bolivariana de Venezuela desea manifestar su total
desacuerdo con el Proyecto de Resolución que crea la Comisión de Consolidación de la Paz cuyo fundamento y contenido atentan contra las facultades y poderes de la Asamblea General y el principio cardinal de la autodeterminación de los pueblos, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas.

En primer lugar, el Proyecto se fundamenta e implementa supuestamente el
Documento Final de la Cumbre 2005, resultado de una negociación secreta,
a puerta cerrada en donde más de 170 países en el mejor de los casos,
fueron excluidos. Elementos fundamentales como la naturaleza
exclusivamente asesora de la Comisión y el papel central del Estado y el
pueblo afectados por el conflicto interno, fueron desconocidos en el
texto producto de esta confabulación. Como bien dijo un Facilitador, para
el momento de la última fase de las negociaciones de agosto y septiembre
de 2005, las diferencias sobre la Comisión habían llegado a ser tan
significativas que no había posibilidad de consenso. Por ello, en esta
etapa final de la negociación el Presidente de la Asamblea, restringió
autoritaria y arbitrariamente a 16 Estados que ilegalmente asumieron la
representación de la Asamblea General y llegaron a un supuesto texto de
acuerdo, llamado Documento Final que la República consideró y considera
nulo, irrito y sin ningún efecto ni político, ni jurídico.

En segundo lugar, en el Párrafo Preambular Vigésimo Quinto (XV), se
introduce el término de prevención de conflictos, cuyo contenido y alcance
no se define, con el propósito aparente de ampliar el objeto y fin de la
Comisión, sin razones conocidas. Se trata de otra maniobra de las grandes
potencias y sus aliados para legitimar en cualquier momento una
intervención en los Estados.

En tercer lugar, el Párrafo Preambular noveno dice que corresponderá a los
Estados que emergen de conflictos, identificar sus prioridades y
estrategias para la Consolidación de la Paz post conflicto, pero ellos se
contradice con los Párrafos Operativos 7 (a), 10 y 22 que solo atribuyen
al Estado afectado un papel secundario en el proceso de consolidación de
la paz. Por otra parte, a pesar de algunas referencias que se hacen en el
Proyecto de Resolución al carácter asesor e intergubernamental de la
Comisión, tanto la estructura de esta como su membresía y funciones, hacen
de ella un Órgano decisorio supranacional que transforma en pura retórica
vacía la afirmación del carácter consultivo e intergubernamental que se le
atribuye. Con ello se hace caso omiso de la facultad soberana del Estado
en situación de post conflicto, de proponer y decidir a su libre albedrío
cual será su modelo y rumbo propio de reconstrucción y desarrollo,
conforme al derecho que tiene a la autodeterminación.

En cuarto lugar, manifestamos igualmente nuestro desacuerdo con que el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional aparezcan como invitados
permanentes a participar en todas las reuniones de la Comisión de
Consolidación de la Paz. Las funciones de estos entes deben limitarse a
participar en la ayuda financiera que los Estados en situación de post
conflicto les soliciten para el desarrollo de su proceso de consolidación
de la paz. Además, la presencia de estas instituciones contradice el
carácter intergubernamental que se le asigna a la Comisión.

En quinto lugar, los Párrafos Operativos Primero (1), Cuarto (4), Doce
(12) y Dieciséis (16), aluden al Consejo de Seguridad como Órgano
decisorio principal de la Comisión, lo que contradice la naturaleza
consultiva de esta. Todos conocemos el alcance de las atribuciones que la
Carta otorga al Consejo de Seguridad, igualmente sabemos de aquellas que
ha venido asumiendo fácticamente como extralimitación en las operaciones
de mantenimiento de la paz, usurpando facultades propias de la Asamblea
General.

En sexto lugar, observamos que el Párrafo Operativo tercero (3), concede
una ambigua discreción a la Comisión de Consolidación de la Paz que dará
origen a conflictos de competencias o intereses.

En séptimo lugar, el Comité de Organización de la Comisión, además de ser
un contrabando deslizado en el curso de las negociaciones espureas que
produjeron el Documento Final de la Cumbre de 2005, tiene una composición
desigual e inequitativa en su membresía. De los 15 miembros del Consejo de
Seguridad se van a seleccionar siete (7) miembros, de los 54 miembros del
ECOSOC se elegirán a siete (7), teniendo en consideración a países con
experiencia en post conflicto. Finalmente, de los 191 Estados miembros de
la Asamblea General solo siete (7) miembros serán elegidos para la
Comisión pero a condición de que tengan experiencia en situaciones de post
conflicto. Esto es inaceptable para la República, en cuanto reduce la
representación de la Asamblea General en dicho Comité a un mínimo
insuficiente y atribuye la membresía a Estados que han sido y continúan
siendo victimas de actos de intervención de las Grandes Potencias por
intermedio del Consejo de Seguridad, cuya voluntad de autodeterminación
está por consiguiente seriamente disminuida y solo podría prestar un flaco
servicio a los países en situación de post conflicto. Además de la
composición desigual e inequitativa en su membresía a que hemos hecho
referencia, observamos que tal situación se extiende al hecho de que en el
caso de los Miembros del Consejo de Seguridad, de los Estados que aportan
cuotas y los que aportan tropas y policía civil, integrarán el Comité de
Organización mediante selección, y en el caso de los miembros del ECOSOC y
de los miembros de la Asamblea General, se someten a elección.

En octavo lugar, la República, aceptando como simple papel de trabajo el
Documento Final de la Cumbre de Septiembre de 2005, solicitó la exclusión
del Comité de Organización de la Comisión de aquellos Estados y entidades
financieras nacionales o internacionales, empresas privadas o
instituciones militares que hubieren estado o estuvieren implicadas de
alguna manera en la situación de conflicto. Nuestra propuesta que fue
desechada tuvo como fundamento el hecho de que para que se pueda
consolidar la paz es necesario, entre otras cosas, que se prescinda de la
participación en la Comisión de todos aquellos agentes que actuaron de
alguna manera en el conflicto, provocándolo, estimulándolo, agudizándolo o
contaminándolo. Resulta inconcebible entonces, atribuir a quienes de
alguna manera actuaron de este modo, las funciones de decidir o influir
sobre el destino de los Estados y pueblos en situación de post conflicto.

En consecuencia de todo lo expuesto, la República Bolivariana de
Venezuela, como país soberano, miembro de pleno derecho de una
Organización solo intergubernamental como lo es la Organización de las
Naciones Unidas, declara que la Comisión de la Consolidación de la Paz que
se pretende crear con este proyecto de Resolución que como tal solo tiene
valor de una recomendación, no es ni será reconocido como Órgano valido y
legitimo de las Naciones Unidas por la República. Tampoco ninguna de sus
actuaciones y opiniones, ya que su fundamentación y contenido son
contrarios a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Por
tanto, nos disociamos de este Proyecto de Resolución. Igualmente, se
aclara que para que exista consenso debe haber unanimidad de todos los
miembros de la Asamblea General. En el presente Proyecto no existe
unanimidad, por tanto no puede existir consenso.

Al concluir, alertamos nuevamente que con esta Resolución se esta creando
un mecanismo institucional de intervención de los Estados, a través de un
multilateralismo pervertido y falsificado al servicio de la voluntad del
Gobierno de los Estados Unidos de América y de sus aliados. Por otra
parte, las Naciones Unidas se colocan de espaldas y contra los pueblos del
mundo. La historia juzgará más pronto que tarde a los responsables de este
inicuo atropello que contribuirá a agravar aun más el profundo
desequilibrio e injusticia que reina dentro de la Organización y en el
Orden Mundial del presente.

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