(Datos & Análisis).- La deshonesta estrategia de Richard Vaca y su abogado Otto Ritter, que manipularon a los pilotos del LAB con complicidad de Oscar Olivera realizando un paro de aviones ilegal y destructivo, responde a los intereses de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín para ocultar la verdad sobre el asesinato de la fiscal Mónica von Borries e impedir el juicio de responsabilidades por la masacre de octubre.
El pasado lunes 6 de febrero comenzó en
Santa Cruz el juicio oral contra los involucrados en el asesinato de la
fiscal Mónica von Borries, crimen cometido el 27 de febrero del 2004
por la banda del mafioso italiano Marco Marino Diodato, cuyo abogado
defensor, Otto Andrés Ritter Méndez, es hoy también patrocinante de los
pilotos del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) quienes, encabezados por el
activista cruceño del MNR Richard Vaca, provocaron una crisis que hirió
de muerte a la empresa aérea cochabambina y llegó a desestabilizar al
gobierno de Evo Morales. Según una investigación publicada por el
periodista Víctor Orduna del semanario Pulso en su edición del 6 de
marzo del 2004, existen indicios contundentes que ligan a Diodato con
el grupo empresarial de Andrés Petricevic y Jorge Valdez, jerarcas del
MNR que estaban siendo investigados por von Borries en un caso de
fragmentación ilegal de tierras agrícolas. Diodato, Petricevic y Valdez
mantenían negocios mediante el Banco de la Unión. “El caso
Petricevic-Valdez fue denunciado por el delegado presidencial Gustavo
Pedraza el 27 de enero, es decir cuatro días antes de la fuga de Marco
Marino Diodato”, informaba Orduna. Y un mes después de fugarse de
Palmasola, Diodato activó mediante un teléfono celular la bomba que
hizo estallar el vehículo de la fiscal que investigaba el caso. La
defensa de Diodato en el juicio oral iniciado el pasado lunes pretende
desviar las responsabilidades de Petricevic y Valdez en la muerte de la
fiscal von Borries descargando toda culpa sobre el ciudadano español
Javier Villanueva de Martino, elegido por los mafiosos como “chivo
expiatorio” para encubrir las verdaderas causas de aquel asesinato
tramado por Diodato y sus socios latifundistas del MNR. Otto
Ritter no sólo es el estratega mayor en la defensa del asesino
italiano, sino también su socio en varios negocios, a margen de que el
actual abogado de los pilotos del LAB fue candidato a Alcalde de Santa
Cruz por la fascista Falange Socialista Boliviana (FSB), en una campaña
electoral financiada abiertamente por Diodato en 1999. En marzo del
2001, cuando Diodato fue favorecido con una sentencia de libertad
condicional, Ritter brindó públicamente por ese “acto de justicia”
durante una bochornosa sesión del Concejo Municipal de Santa Cruz. Junto
con el también abogado Jorge Flores Reuss, “palo blanco” de Diodato,
Otto Ritter estuvo involucrado en la quiebra del Banco de Inversiones
S.A. (BIDESA), apoyando al banquero Jorge Córdova y a otros empresarios
cruceños de ese grupo que luego fundaron la empresa Aerosur, la
competidora del LAB que batió palmas durante los recientes días del
paro de pilotos. Desestabilizando a Evo Los
pilotos del LAB, afectados indudablemente por el desastre con que la
compañía brasileña VASP había dejado a esta empresa en el expoliador
proceso de “capitalización” impuesto por Sánchez de Lozada, fueron
hábilmente manipulados por Otto Ritter y Richard Vaca en el intento de
destruir a esta empresa creada hace 80 años por familias cochabambinas
como los Asbún, para favorecer a Aerosur y su potencial aliada Lan
Chile. Ritter y Vaca deberán pagar a Bolivia por el daño inferido
contra la economía nacional, al haber promovido una huelga criminal que
detuvo en tierra las naves del LAB durante más de una semana.
Esgrimiendo ostensibles falsedades o verdades maléficamente
tergiversadas, Ritter y Vaca han pretendido comprometer al gobierno de
Evo Morales en acciones de facto que no tendrían otro efecto que
condenar al LAB a su inminente liquidación, tal cual se planteó con en
el absurdo plan de expropiar el capital accionario del Presidente de
esta empresa, el boliviano Ernesto Asbún, para que los pilotos
administren el LAB “a nombre del pueblo, tal como se hizo con el
ingenio azucarero de Guabirá”, según una demagógica declaración de
Richard Vaca. Pero esa estrategia típicamente mafiosa no sólo
apunta a liquidar al LAB para favorecer a Aerosur y Lan Chile, o a
convulsionar al país para tender una cortina de humo en el juicio
contra Diodato y sus cómplices del MNR. También buscó desde un
principio desestabilizar la democracia e incluso impedir las elecciones
del pasado 18 de diciembre, cuando se produjo un primer amago de huelga
de pilotos. En esto tiene que mucho que ver el MNR, mediante sus
militantes como Richard Vaca, en el afán de impedir la consumación del
juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín
por los crímenes del 2003. La acusación lanzada por Ritter contra
Asbún, en sentido de que el principal accionista del LAB habría creado
su propia empresa, Lan Bolivia, es una calumnia colosal. La verdad es
que el Directorio del LAB, ante la posible llegada de Lan Chile a
Bolivia mediante una alianza con Aerosur, hizo el registro del nombre
“Lan Bolivia” para impedir que los chilenos detenten ese nombre en
nuestro país tal cual lo hicieron con la compra de Aeroperú, en el
vecino país, donde Lan Chile opera como Lan Perú. Estando la razón
social de Lan Bolivia bajo propiedad intelectual del LAB, los chilenos
deberán usar otro nombre una vez cerrados sus tratos con Aerosur. Lo
llamativo de estas manipulaciones ejercitadas por Ritter y Vaca es que
lograron “criminalizar” a Asbún mediante una querella presentada ante
la Fiscalía General de la República. A partir de ello, en esta lógica
torcida, será más importante encarcelar a Asbún, quien hizo todo por
mantener viva a una empresa moribunda, que enjuiciar a Sánchez de
Lozada, quien nos dejó con el veneno en las venas. La desestabilización
que esto supone en contra del gobierno de Evo Morales, no es problema
para Ritter y Vaca. Complicidad de Olivera Expulsado
del sindicato fabril Manaco, carente de apoyo real y sólo sostenido por
quienes reciben sus estipendios en base al financiamiento internacional
con que se llenó los bolsillos tras apropiarse de la vanguardia de la
guerra del agua, protagonizada por los cochabambinos en abril del 2001,
Oscar Olivera intentó convertir la crisis del LAB para trepar
nuevamente sobre la cresta de la ola. En acto de franca
conspiración contra el gobierno de Evo Morales y apoyado por los
cándidos jerarcas del Arzobispado de Cochabamba, Olivera intentó
comprometer al vicepresidente Alvaro García Linera en una estrategia de
sucesión constitucional, ahondando la crisis del LAB, frente a lo cual
el Presidente Indígena mantuvo una sabia prudencia. Olivera odia a Evo
Morales porque no lo nombró Ministro de Aguas. Lo curioso de este
hecho es que el vocero gubernamental Alex Contreras y su subalterno
Grover Cardozo, desde la estatal Agencia Boliviana de Informaciones
(ABI), siguieron el juego de Olivera para mostrar a Asbún como un
delincuente, en una irresponsable y sórdida trama de desestabilización
económica y política del país.
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