La Paz, 10 feb (PL) La asamblea constituyente impulsada por el gobierno de Bolivia será una realidad a cualquier costo y pese a la oposición de algunos sectores, advirtió hoy el presidente Evo Morales.
El mandatario hizo la advertencia al mismo tiempo que el Congreso comenzaba a tratar el tema, sobre la base del proyecto de ley presentado por el poder ejecutivo, que prevé elegir en julio próximo, en las 70 bases electorales, 210 asambleístas, con plenos poderes.
Ese lanzamiento del proyecto, esta semana, motivó posiciones contrarias de fuerzas derechistas y regionalistas y las primeras se apresuraron a lanzar propuestas alternativas.
Las objeciones, que tienden a constituirse en una campaña acusan al gobierno de buscar con la asamblea consolidar la hegemonía alcanzada con su victoria electoral de diciembre pasado y pretenden que la asamblea sólo reforme la Constitución, sin cambiarla del todo.
También insinúan la posibilidad de que la nueva Carta Magna sirva para el prorroguismo del gobierno actual, alusión a una posible reelección del presidente Morales, que no han planteado ni el ejecutivo ni el partido de gobierno, Movimiento al Socialismo (MAS).
Morales aludió a esas posiciones al destacar la importancia de la participación de todos los sectores sociales en la refundación del país, para lo cual, apuntó, se impulsará la asamblea "cueste lo que cueste" y "a pesar de la posición de algunos que no entienden la lucha democrática de los pueblos".
Subrayó también que se debe aprovechar la actual coyuntura política, que ofrece la oportunidad de cambiar democráticamente la historia y los modelos económicos que hicieron tanto daño al país.
En ese contexto, el Jefe de Estado consideró trascendente el control y la participación de las organizaciones populares.
Señaló al mismo tiempo que la importación de fórmulas, proyectos y programas, no es la solución para Bolivia, y en el pasado ocasionó enfrentamientos entre los bolivianos, como el impuesto a los salarios orientado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace tres años provocó un estallido social con un saldo de 33 muertos.
Esos disturbios acentuaron el deterioro del régimen neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció en octubre de 2003 cercado por una rebelión ciudadana, en el marco de un movimiento de demanda de la constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos.
Con esa génesis, la constituyente se ubicó en el centro del escenario político en el Congreso, donde el proyecto gubernamental pasó al análisis preliminar de una comisión legislativa.
El titular del Congreso y vicepresidente de la República, Alvaro García Linera, subrayó la importancia de tratar con celeridad el tema para que la asamblea se instale en agosto próximo, en medio de insinuaciones derechistas en favor de una postergación.
García Linera anunció que tratará el proyecto con las organizaciones de la sociedad civil en busca de consenso, mientras las bancadas parlamentarias tratarán de conciliar posiciones.
En días pasados, el presidente Morales advirtió que si el congreso no actúa con celeridad -que requiere dos tercios de los votos legislativos, los que no alcanza el MAS, pese a ser mayoría-, la fuerza del pueblo y su movilización obligará a los legisladores a viabilizar la constituyente.
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