inSurGente.- El gobierno de Evo Morales está sufriendo de un verdadero acoso diplomático y mediático ante las decisiones de las autoridades judiciales en la investigación y represión de delitos de contrabando cometidos por la transnacional española REPSOL.
La empresa que ya había declarado ilegalmente -como patrimonio propio- cuantiosas reservas de combustible pertenecientes al estado boliviano, es acusada ahora de contrabandear al exterior 230.000 barriles de petróleo por valor superior a los nueve millones de dólares.
La compañía, que admite haber exportado irregularmente a través de su filial Andina, insiste en que eso es un error administrativo y amenaza con recurrir ante instancias judiciales internacionales.
Prensa Latina.- El gobierno boliviano ratificó hoy que brinda seguridad jurídica, lo cual no significa proteger actos irregulares de empresas extranjeras, como el contrabando imputado a la firma española Repsol.
El ministro de Planificación, Carlos Villegas, subrayó que el poder ejecutivo respeta las decisiones del poder judicial en los casos que investiga en forma independiente y, a la vez, es riguroso fiscalizador de la actividad de las transnacionales petroleras.
Esa posición enfrenta lo que analistas locales consideran un asedio diplomático y mediático a cargo del gobierno español, Repsol y sectores empresariales, fuerzas políticas conservadoras minoritarias y medios de prensa, en favor de la firma europea.
Villegas consideró también que existen suficientes indicios de culpabilidad de la empresa Andina, controlada por Repsol, en el contrabando al exterior de 230.000 barriles de petróleo con un valor de 9,2 millones de dólares, según una investigación de la Aduana.
Dijo estar seguro, por ello, de que el Estado boliviano saldría airoso de un posible juicio internacional, que la empresa afirma podría entablar por considerarse inocente.
Señaló que, de concretarse lo que ahora es sólo una amenaza de Repsol, el gobierno asumirá en cualquier instancia internacional la defensa de los intereses del Estado.
La compañía admite haber exportado irregularmente el combustible en 2004 y 2005, pero dice no haber delinquido, porque la operación no conlleva el pago de impuestos, y solamente admite haber incurrido en lo que llama errores administrativos.
El Ministerio Público lleva adelante un proceso solicitado por la Aduana y en días pasados ordenó la captura de los ejecutivos de Andina Julio Gavito, español, y Pedro Sánchez, argentino, por no presentarse a ser interrogados por los fiscales.
Las presiones diplomáticas y mediáticas contra el gobierno se multiplicaron esta semana a raíz de la orden de arresto, ante la cual los empresarios se presentaron a declarar, fueron retenidos por unas horas y recuperaron su libertad bajo fianza equivalente a 50.000 dólares.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario