La Habana, 18 mar (PL) Recientes estudios del escritor norteamericano Mark Sommer acerca de que los esquemas de libre comercio aceleran la consolidación de los grandes monopolios empresariales, son superados hoy por otra cruda realidad.
Se trata de los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos por Washington con Colombia, Perú y a punto de firmar con Ecuador, y las amenazas que constituyen para los vínculos económicos regionales, entre ellos la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
No pocos jefes de Estado, políticos y economistas del continente han llamado la atención sobre los peligros que se ciernen para los productos nacionales y el acceso equitativo al mercado.
Son cada vez más frecuentes las voces que alertan sobre los pasos dados por Bogotá, por ejemplo, donde antológicos rubros suministrados por ese grupo de naciones, que completan Venezuela y Bolivia, puedan verse reemplazados por sus similares estadounidenses, pero sin ser gravados por impuestos.
La experiencia de México es apenas un botón de muestra sobre cómo los TLC debilitan a los gobiernos en términos de intercambio comercial, propiedad intelectual, servicios, finanzas y agricultura.
Según estadísticas, los productores mexicanos de soya, frijoles, arroz y maíz comienzan a desaparecer, mientras desplazan a un millón 900 mil trabajadores agrícolas.
En medio de ese panorama de asimetrías, el presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso la necesidad de un Tratado Comercial de los Pueblos (TCP).
Morales consideró inaceptable que las empresas de algunos países invadan los países latinoamericanos con sus productos subsidiados, lo que ocurrirá con el TLC, por lo que, dijo, el mismo está "totalmente descartado".
En su opinión, el TCP es vital para que los pequeños productores, los microempresarios, las cooperativas y las empresas comunitarias, los pobres que producen, tengan mercados.
Este tipo de intercambio de visión estratégica y que no excluye otras negociaciones con Washington, ayudará a crear trabajo y enfrentar la pobreza, en lugar de acrecentarla y aumentar el desempleo, efectos del TLC, aseguró.
Morales explicó así los desencuentros con su homólogo colombiano, Alvaro Uribe, quien en La Paz intentó justificar la firma de ese acuerdo en la necesidad de mercados para sus exportaciones y sostuvo que el mismo será beneficioso para toda la Comunidad Andina y negó que la adhesión sea ideológica.
Sin embargo, varios economistas estiman que los TLC suscritos por Washington vulneran la constitucionalidad del resto de las naciones que quedan huérfanas de modelos propios de desarrollo, al sustituirlos por los de sus transnacionales, bien lejos de un comercio justo entre pueblos.
La burocracia en Sudamérica, encargada de negociar con Estados Unidos, prometía beneficios automáticos para los pequeños productores cuando éstos accedan al "ilimitado" mercado norteamericano, aseguran expertos de la región.
En contraste, el acuerdo no garantiza que la potencia del norte elimine automáticamente las trabas a las exportaciones andinas, especialmente agrícolas, las que sortean fuertes barreras sanitarias y fitosanitarias.
En la actualidad, Estados Unidos obstaculiza el comercio imponiendo normas sanitarias si se trata de productos agroindustriales, o reglas de etiquetado y embalaje en el caso de otras mercancías.
De otra parte, el mercado "prometido" de Estados Unidos atraviesa una profunda recesión.
Un reciente informe del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) de ese país indica que la potencia tendrá que reducir su insostenible déficit comercial del seis por ciento de PIB y también el valor del dólar para prevenir un crecimiento explosivo de la deuda.
Esto implica que el mercado para las importaciones también disminuirá en los próximos años.
En 1969, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron en Cartagena un tratado cuyos objetivos eran promover la creación de un mercado común regional entre los países firmantes (que pasaban a constituir el Grupo Andino), erradicar los gravámenes entre ellos y establecer un único Arancel Externo Común (AEC) frente a terceros.
Venezuela se adhirió en 1973 y Chile se retiró en 1976. En 1996, el Grupo Andino pasó a denominarse Comunidad Andina de Naciones.
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