Comunicado del MinCI sobre informe debatido en la SIP

El Ministerio de Comunicación e Información fija posición frente al informe que debatió la Sociedad Interamericana de Prensa sobre la libertad de expresión en Venezuela, con base en la visión que expusieron los dueños de los medios privados del país.

En su edición del 18 de marzo 2006, el diario El Nacional publica un supuesto "Informe sobre la libertad de expresión en Venezuela", debatido en la reunión bianual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la tristemente célebre patronal de los propietarios de medios en el continente.

El propósito evidente del "Informe" es simular la existencia de una confrontación entre gobierno y periodistas, cuando se trata de ciudadanos particulares demandados por ciudadanos particulares que se consideran víctimas de delitos comunes como estafa, apropiación indebida, injuria o difamación.

Veamos cuales son, según el Informe discutido en la SIP, las amenazas estructurales a la libertad de expresión en Venezuela:

Nuestra Constitución, discutida y votada por el pueblo, y el Gobierno Bolivariano ratificado en nueve elecciones consecutivas, representan para la SIP "un proceso político de inspiración totalitaria" porque los Poderes republicanos estarían "subordinados a la voluntad del Presidente".

Esta afirmación arbitraria (en Venezuela el Presidente no designa a los magistrados ni los Gobernadores designan al Poder Electoral como ocurre en Estados Unidos) se basa, según el Informe, en las recientes demostraciones públicas de apoyo a la Constitución por parte de algunos miembros del Poder Judicial. La Constitución es, según la SIP, el "proyecto político del régimen".

Once puntos contiene el Informe, a saber:

1.-Caso diario El Impulso

En Venezuela actualmente y por primera vez se paga impuestos, y las faltas acarrean multas y sanciones. En El Impulso los funcionarios tributarios detectaron irregularidades que fueron sancionadas con multa y cierre por un día. Aquí no se trata de "amedrentar" ni de dejarse amedrentar por el poder mediático de nadie.

2.-Presión Económica

Los barones de la prensa venezolana estaban acostumbrados a gozar de la impunidad del privilegio y del privilegio de la impunidad, chantajeando a los gobernantes temerosos de la denuncia de sus crímenes y delitos. El Gobierno Bolivariano no es perfecto, y lo sabe, pero no teme a la denuncia ni se rinde ante el Cartel Mediático, a pesar de la inferioridad de 5 a 1 en la relación de medios impresos y radioeléctricos en contra o a favor de la Constitución.

3Intimidación a Televisoras

Algunas televisoras privadas participaron activamente en la preparación y ejecución de dos golpes de Estado en 2002, el mediático-militar de abril y el mediático-petrolero de diciembre. Es deber y derecho del Estado adoptar todas las medidas legales pertinentes para evitar un golpe mediático-electoral. El control de las torres de transmisión de Globovisión y RCTV durante las pasadas y las futuras elecciones es una medida necesaria y legal.

4.- Fiscalía ordenó investigar medios

Cuando un medio de comunicación interfiere con las investigaciones del Poder Judicial, éste tiene el derecho de investigar dichas interferencias. Las empresas de comunicación no terminan de aceptar que en Venezuela ya no les está permitido ser jueces y verdugos de la gente.

5.-Censura previa y negación del amparo

No es censura previa la prohibición, por un juez, de difundir documentos de procesos judiciales, en la fase de investigación, en la cual las actas del proceso sólo pueden conocidas por las partes, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal penal.

Algunos de los supuestos autores intelectuales del asesinato del Fiscal Danilo Anderson participaron, con los propietarios de medios que hoy se quejan de "censura previa", en el golpe mediático-militar de abril 2002 y en la dictadura de Carmona Estanga, que Anderson investigaba cuando fue asesinado. Hay, pues, motivos de duda razonable sobre los intereses de quienes introdujeron recursos de amparo contra la prohibición. Dichos amparo fueron negados por el juez.

6.- Caso diario EL NACIONAL

El Informe señala que este Ministerio "hizo pública una advertencia a EL NACIONAL al señalar un supuesto "encubrimiento, simulación de hecho punible o difamación" por haber publicado un editorial el día 21 de febrero de 2006 donde "se critica al generalmente cuestionado Consejo Nacional Electoral".

De hecho el editorial dice, textualmente, "hicieron de las suyas para disminuir electrónicamente la abstención" (…) "arreglar, maquillar y montar a todo trapo una elección" y menciona "los millones de votos electrónicos que ya tienen fabricados y empaquetados en los programas informáticos". Es decir, el editorial acusa expresamente al Consejo Nacional Electoral de graves delitos electorales. El Ministerio de Comunicación e Información advertía que, de no formalizar EL NACIONAL la gravísima acusación, incurriría en encubrimiento, etc. Una vez más, la falsificación apoya a la mentira.

7.- Privación de libertad contra editor y periodista

La condiciones de editor y periodista de dos de los supuestos autores intelectuales del asesinato del fiscal Anderson, Nelson Mezerhane y Patricia Poleo, no tienen nada que ver con su culpabilidad o inocencia. El Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con las actuaciones del Poder Judicial y la huída a Miami de Poleo por "temor a ser torturada", no tiene nada que ver con la realidad.

8.-Bombas contra diario La Región

El 8 de marzo 2006, La Región fue atacada por razones e individuos desconocidos. El Informe incluye este caso entre los ataques a la libertad de expresión, porque su jefe de redacción opina que "podría ser el resultado de la publicación e numerosas denuncias que efectúa la comunidad". Entendemos que tanta irresponsabilidad es necesaria para suplir la falta de verdaderas situaciones para desprestigiar al Gobierno Bolivariano.

9.- Agresiones a reporteros

En este punto el Informe junta, en gran confusión, agresiones contra reporteros cometidas por estudiantes; la exigencia de identificarse hecha a periodistas por personal de seguridad; los profesionales heridos por desconocidos; la confiscación del equipo de un fotógrafo por un Fiscal; la acusación penal de un animador de televisión que llamó prostíbulo al Tribunal Supremo, las palabras destempladas de un alcalde acosado por una reportera y la detención por delito de estafa de un ciudadano.

10.-Orden de captura contra Ibéyise Pacheco

Este caso es el estandarte de la campaña de desprestigio contra el Gobierno Bolivariano. Desde su condena en 1994 por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, hasta hoy cuando enfrenta las acusaciones de 15 de sus víctimas, esta difamadora profesional, recientemente condenada en tribunales, sintetiza el modelo de comunicación social que defiende a la SIP y al que la SIP defiende. Pacheco tuvo cierta notoriedad en abril 2002, por insultar en pantalla al entonces secuestrado Presidente Chávez mientras entrevistaba elogiosamente a sus captores, pero se consagró cuando denunció por corrupto al hijo de un ministro y no retractarse cuando resultó ser un niño fallecido hacía varios años.

11.- Abren juicio a Marianella Salazar

Esta periodista, junto a Patricia Poleo e Ibéyise Pacheco, practica un periodismo basado en la injuria, la difamación y el desprestigio de los planes y funcionarios del Gobierno Bolivariano. Difunden las matrices de opinión del Departamento de Estado y acusan de tiranos a los funcionarios que defienden su buen nombre y las demandan ante los tribunales.

El Poder Mediático o Cuarto Poder dispone de influencia comparable a la de los tres otros poderes constitucionales, con la diferencia de que nadie elije a quienes lo ejercen. Confiando en su capacidad de modificar la percepción de la realidad y así manipular políticamente a la población, los mediócratas venezolanos protagonizaron varias intentonas fallidas de golpe de Estado y continúan difundiendo llamados abiertos o velados al odio de clase, el racismo, el anticomunismo vulgar y la polarización de la sociedad.

Simultáneamente la Revolución Bolivariana se ha convertido en la vanguardia del tema, al romper el cerco mediático y difundir su ejemplo por todos los continentes. La SIP, cómplice del Plan Cóndor y de las sangrientas dictaduras latinoamericanas, nunca tuvo autoridad moral para calificar a nadie. Su ataque contra Venezuela no tendrá otro efecto que hacer visible su dependencia de Washington y el abominable tipo de aliados que tiene en Venezuela.

Contrariamente al empecinamiento de George Bush y sus marionetas parlantes contra Venezuela, la Revolución Bolivariana innova la democracia empoderando a la sociedad en libertad; cualidad reconocida y valorada por todos los pueblos del planeta.